La justicia se va de vacaciones al filo del colapso

El año judicial concluye y la justicia se va de vacaciones con varios asuntos pendientes que auguran un otoño complicado, como es la precaria situación en la que permanece el Tribunal Supremo (TS), que acumula ya 14 bajas que se irán incrementando en los próximos meses si PSOE y PP siguen siendo incapaces de alcanzar un consenso para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene imposibilitado por ley realizar nombramientos en el alto tribunal mientras se encuentre en funciones.

El curso también se despide con el reciente nombramiento de un nuevo fiscal general, Álvaro García Ortiz, en sustitución de la polémica Dolores Delgado, y con un Tribunal Constitucional (TC) igualmente pendiente de ser renovado -lo que supondrá un cambio de mayorías favorable a tesis más progresistas- y con importantes asuntos en cartera. Entre ellos, los recursos contra la ley del aborto -pendiente desde hace 12 años-, la ley de Eutanasia, la Educativa (ley Celaá) y la entrada en último momento del presentado conjuntamente contra el decreto aprobado por la Generalitat contra sentencia judicial que obliga a impartir un 25 por ciento de las clases en castellano, del que deberá ser estudiada su admisión a trámite.

La principal novedad la constituye el nombramiento en los próximos días de García Ortiz, tras unos trámites legales que no han carecido de polémica después de que el candidato obtuviera el aval del órgano de gobierno de los jueces, pero con un duro voto particular de siete vocales del sector conservador que llegaron a calificarlo de no idóneo para el puesto y cuestionaron su trayectoria al frente de la Secretaría Técnica de la Fiscalía. El nuevo fiscal general se defendió atacando frente a unos diputados de la oposición muy críticos con su designación durante su comparecencia en el Congreso.

En la Fiscalía habrá novedades a la vuelta del verano, pero también en el Tribunal Constitucional (TC) que tiene pendiente la renovación de cuatro de sus miembros que cumplieron su mandato el 12 de junio -dos a designar por el Gobierno y otros dos por el CGPJ- entre ellos el presidente Pedro González-Trevijano. 

Los cambios, que por la lógica de las designaciones darán lugar a una mayoría de magistrados progresistas, se producen después de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) muy cuestionada desde la oposición y que ha obligado al órgano de gobierno de los jueces a fijar un Pleno el próximo 8 de septiembre para desginar a sus dos elegidos. 

EL CGPJ, REBELDE FRENTE A LA REFORMA Y CON DOS BAJAS

La posición de los vocales del sector conservador, que se han sentido manipulados por el Gobierno de Pedro Sánchez, no garantiza que se puedan llegar a los doce votos de consenso necesarios para que las propuestas de nombramiento salgan adelante. El propio órgano, en funciones desde diciembre de 2018, cuenta ya con dos bajas: una por la jubilación del vocal designado por el PP Rafael Fernández Valverde y otra por el sorpresivo fallecimiento de Victoria Cinto, vocal a propuesta del PSOE. "Vamos a renovarnos, pero por extinción", es una frase irónica que circula recurrentemente entre los miembros de este órgano.

En los últimos días, además, un nuevo factor ha venido a tensar aún más la situación, tras la renuncia de uno de los magistrados conservadores del TC, Alfredo Montoya, que llevaba prácticamente un año sin asistir a deliberaciones y votaciones por un problema grave de salud. Si se produce la renovación obligada por la ley, pero sigue sin haber acuerdo entre los partidos mayoritarios -el reemplazo de Montoya corresponde al Senado- el órgano de garantías tendrá una cómoda mayoría de siete/cuatro a favor de los progresistas.

EL SUPREMO, EN SITUACIÓN PRECARIA

Donde no parece haber cambios, y quizá es donde con mayor premura se necesiten, es en el Tribunal Supremo, que acumula ya 14 vacantes -a finales de año serán 16- por jubilaciones y abandonos de puestos que están incidiendo en la actividad diaria.

Ya el pasado mes octubre el tribunal encargó un informe a su Gabinete Técnico sobre la situación a la que se enfrentarán las diversas Salas en el caso de que se prolongara el bloqueo, un documento que concluyó se iban a dictar aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las Salas. Desde entonces se han añadido dos bajas más, las del propio Fernández Valverde y la de Segundo Menéndez, ambos en la Sala de lo Contencioso.

La situación de esta Sala es especialmente preocupante y más ante los miles de recursos por responsabilidad patrimonial derivada de las restricciones impuestas por la pandemia de covid que están empezando a formalizarse. Dentro de unos meses se jubilará otro des sus magistrados, Octavio Herrero, que ha renunciado a cumplir la prórroga de dos años que había acordado inicialmente.  Si el problema continúa sin resolverse, la próxima en salir de la sala será Inés Huerta, a principios del 2023, dejándola ya sin el quórum mínimo para constituir todas sus secciones.

El Ministerio de Justicia anunció a principios del mes de junio que atendería las reclamaciones del Supremo para evitar el colapso por "litigiosidad masiva" de demandas-covid mediante una reforma legal, aunque aún está por ver si ésta se termina produciendo y tiene los efectos esperados.

Por el momento ya se conocen dos fechas clave que auguran un comienzo intenso del año judicial. El próximo 7 de septiembre se celebrará el acto formal de Apertura de Tribunales en el Tribunal Supremo en el que, en presencia del rey Felipe VI, el presidente del órgano, Carlos Lesmes volverá a reclamar un acuerdo a los políticos para renovar el CGPJ. 

Se trata de la cuarta vez en la que tendrá que formular esta reclamación y, tan solo un día después, el 8 de septiembre, deberá tratar de que sus vocales, reunidos en Pleno, lleguen a un consenso complicado para impulsar la llegada de nuevos magistrados al Tribunal Constitucional. Nuevo año judicial y mismo bloqueo institucional por resolver.