El sector progresista del CGPJ recuerda al PP que obstaculizar su renovación "atenta contra el sistema democrático"

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se fracturó el pasado lunes a la hora de responder a la última reforma judicial instada con por el Gobierno, que ayer obtuvo el apoyo de sus socios en el Congreso de los Diputados, y que le permite sortear la prohibición para hacer nombramientos que se le impuso en marzo de 2021, pero únicamente en lo referido a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponde designar por cuota.

El acuerdo, por el que el órgano de gobierno de los jueces reclama al Congreso la recuperación de todas sus facultades y que se le deje opinar sobre la reforma, obtuvo diez apoyos frente a siete, y evidenció la división por bloques. Cinco de los vocales progresistas han firmado un voto particular en el que, sin citar al partido, se refieren en términos muy duros a la postura del PP de mantener el bloqueo para renovarles tras más de tres años y medio en funciones.

"Obstaculizar dicha renovación es un grave atentado a la estabilidad del sistema democrático español, que contribuye al desprestigio de las instituciones democráticas y de los órganos constitucionales, y constituye un intento artero e irresponsable de manipulación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial", aseveran, según el voto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Lo firman los vocales Álvaro Cuesta, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez, todos designados a propuesta del PSOE menos esta última, que lo fue por IU.

En la línea de lo mantenido desde hace meses por el Gobierno de Pedro Sánchez, estos vocales señalan que "renovar en el plazo legal las altas instituciones del Estado, y en concreto el Consejo General del Poder Judicial, es un imperativo constitucional, un derecho-deber de las cámaras, Congreso y Senado". 

Por ello, consideran que el Pleno de este órgano debería haberse pronunciado en este sentido el pasado lunes, instando al grupo "que mayor responsabilidad tiene por su actitud boicoteadora, a dar cumplimiento del mandato constitucional de renovación en plazo, poniendo fin a esta anomalía constitucional".

La resolución de la mayoría, a juicio de este sector, incurre en "una incongruencia y contradicción" pues, por un lado, cuestiona que el Congreso no respeta los estándares europeos por no haber consultado previamente al CGPJ y por el otro pide que se recabe informe de la Comisión de Venecia (uno de sus órganos). "¿En qué quedamos, en que el Parlamento español incumple con la Comisión de Venecia, o en que se recabe informe de la Comisión de Venecia por si acaso se incumple?", se preguntan los vocales discrepantes.

ESPAÑA NO ES POLONIA

Además, los vocales progresistas discrepan de los razonamientos de la mayoría cuando insinúan que el Congreso de los Diputados desatiende recomendaciones de la Comisión Europea, pues consideran que ello "sitúa a España a la altura de Polonia" acusando a nuestro país de "graves amenazas sistémicas al Estado de Derecho. Consideran que ello supone "una agresión desleal e intolerable a nuestras instituciones democráticas y a los poderes del Estado.

Según estos juristas, insinuar "siquiera remotamente" que el Congreso de los Diputados o las Cortes Generales, al tomar en consideración la reforma, tal y como se hizo en la sesión de este jueves, incurren en violación del Derecho Europeo, no es más que "una deslealtad a España".

Por ello, consideran que el Consejo debería simplemente "defender su dignidad como institución, evitando confusiones que comprometan su independencia y la trayectoria de sus años de gestión institucional al servicio del interés público y de la independencia judicial. Dicen también que sus compañeros se extralimitaron en su decisión del lunes, interfiriendo en el debate político, "con un claro sesgo y pérdida de apariencia de imparcialidad". Acusan a sus compañeros de falta de imparcialidad. 

En su acuerdo, la mayoría respaldo también la posición adoptada hace unas semanas por la Sala de Gobierno del Supremo del alto tribunal para transmitir a los parlamentarios "su honda preocupación" ante la falta de renovación del Poder Judicial y advertirle de que la situación que se está creando, "de continuar, será insostenible". En una nota, advertía de que el "paulatino aumento de vacantes que no pueden ser cubiertas merma su capacidad de cumplir la función que la Constitución y las leyes le encomiendan y en no mucho tiempo supondrá dificultades extraordinarias para su funcionamiento".

No obstante, la medida más extrema de las propuestas por los nueve vocales del sector conservador que solicitaron en primer término la celebración de este debate decayó por falta de apoyo mayoritario. Se trataba de poner en conocimiento de la Comisión Europea la reforma pretendida por el Ejecutivo de Sánchez, algo que una mayoría de vocales no ve claro, por ser algo que ahondaría en la crisis institucional.