PODER JUDICIAL

El CGPJ alcanzó por unanimidad más del 30 por ciento de sus nombramientos hasta que se limitó esta función

Desde que caducó su mandato, la mayoria de designaciones habían alcanzado los 19 apoyos, superando el funcionamiento en bloques.

Archivo - El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.

Archivo - El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. / I.Infantes.POOL - Europa Press - Archivo

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene un total de 20 vocales (más un presidente) cuyo mandatos llevan caducados más de tres años y medio, una situación inaceptable desde punto de vista institucional, pero que, en principio, no debería afectar a su funcionamiento, pues los miembros del órgano lo siguen siendo hasta ser renovados. Sin embargo, una reforma impulsada por el Gobierno de coalición limitó una de sus funciones esenciales, la de realizar nombramientos en la cúpula judicial, y por esta razón hay casi 60 plazas sin cubrir entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de justicia.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consideran que la limitación de funciones, que fue muy contestada por la oposición, no buscaba más que presionar al PP para que se aviniese a pactar con el grupo parlamentario socialista los nombres de los que deberían estar ejerciendo en el CGPJ desde diciembre de 2018. Por ello rechazan la versión de quienes consideran que debían prohibirse los nombramientos por corresponder a un Consejo cuyos miembros reflejan una realidad parlamentaria del pasado, mayoritariamente conservadora, que no se corresponde con la actual.

Para apoyar sus argumentos, aportan datos, como el hecho de que el actual Consejo, que echó a andar en 2013, haya acordado de forma unánime más del treinta por ciento de los más de los más de 170 nombramientos realizados desde su constitución, según los datos oficiales analizados por El PERIÓDICO DE ESPAÑA. Se da la circunstancia de que, además, desde que entró en funciones, el CGPJ logró poner de acuerdo en casi todas las designaciones a la mayor parte de sus integrantes.

Así ocurrió, por ejemplo, en el Pleno de 30 de septiembre de 2020, cuando un CGPJ que había retrasado este asunto ante las informaciones que hablaban de un pronto acuerdo PSOE-PP para renovarles que nunca llegó a producirse, logró designar por amplia mayoría a seis magistrados del Tribunal Supremo, siendo tres de ellos presidentes de Sala (Jacobo Barja de Quiroja en la Sala de lo Militar; María Luisa Segoviano en la de lo Social y César Tolosa en la de lo Contencioso-Administrativo). Todos ellos, pertenecientes a distintas sensibilidades dentro de la Carrera Judicial, obtuvieron el apoyo de 19 de los vocales con excepción de Tolosa, que recogió 18 al obtener un voto la aspirante progresista, Pilar Teso.

En un Pleno posterior, celebrado a pocos días de la reforma que les limitó para esta función, el CGPJ logró sacar adelante seis nombramientos, si bien quizá la cercanía del cambio legisltivo contribuyó a romper la unanimidad. Así, siete vocales de diferentes sensibilidades votaron en blanco, una opción que únicamente venían eligiendo dos de ellos desde que cumplieron su mandato, Álvaro Cuesta y Concha Sáez -designados a propuesta del PSOE e IU, respectivamente-, quienes defienden en consonancia con el Gobierno que un órgano caducado no debe realizar esta función.

SEGUIRÁN LIMITADOS

Los datos tienen importancia porque esta próxima semana el PSOE pretende sacar adelante, de nuevo con el apoyo de sus socios, una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dirigida a permitir al Consejo efectuar unos determinados nombramientos, los de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponde por cuota (los otros dos son cosa del Gobierno) para renovar a los que cumplieron su mandato el pasado 12 de junio. 

Estas designaciones son de gran interés para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque permitirán revertir la mayoría de este órgano a posiciones más progresistas, punto esencial con casi la práctica totalidad de sus decisiones recurridas a cuenta del PP y, sobre todo, de Vox. Entre los asuntos pendientes, leyes como la del aborto (sin resolver desde hace más de 12 años), la eutanasia y distintas disposiciones educativas o de corte económico.

Desde el CGPJ se persigue que, aprovechando la nueva reforma, se derogue la situación actual y el Consejo pueda volver a llevar a cabo todos los nombramientos pendientes por muy caducado que esté. La situación es especialmente preocupante en el Tribunal Supremo, donde las bajas son definitivas cuando se producen por jubilación y otras circunstancias y ya suman 14, a las que se sumarán otras tres antes de que finalice el año.

Esta preocupación, y también cierto enfado con los planes del Gobierno, es la que pivota en el Pleno extraordinario que se celebrará el próximo lunes a petición de ocho vocales del sector conservador, que buscan un acuerdo por el que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, se dirija al Congreso para exigir que se les pida un informe sobre la inminente reforma antes de aprobarla, además de que se incluya en esta la devolución al órgano de las competencias de nombramientos en su plenitud.

EL PROBLEMA DE ACUDIR A EUROPA

La petición logrará previsiblemente el apoyo mayoritario del Pleno, según las fuentes consultadas por este diario. No ocurrirá lo mismo con otro punto del orden del día, relativo a poner en conocimiento de la Comisión Europea la reforma pretendida por el Ejecutivo de Sánchez, algo que una mayoría de vocales no ve claro, por ser algo que ahondaría en la crisis institucional. Es probable que esta petición sea retirada del acuerdo final.

Además, según las mismas fuentes, el movimiento no sería necesario porque recientemente el propio Lesmes pudo explicar la situación de bloqueo institucional que se vive en nuestro país a la vicepresidenta Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová, cuando visitó nuestro país a mediados del pasado mes de junio. 

Un último punto a estudiar en el Pleno extraordinario tiene que ver, de nuevo, con el asunto de los nombramientos en el alto tribunal. Así, se lleva al Plenario el acuerdo aprobado el pasado 27 de junio por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para que se transmita al Congreso de los Diputados y el Senado la "honda preocupación" por la imposibilidad legal de realizar nombramientos discrecionales, que están creando una situación en el alto tribunal que, de continuar, será insostenible.