Bloqueo Institucional

El CGPJ reclama al Congreso todas sus competencias, pero rechaza ir a Europa

  • El pleno del CGPJ opta por 10 votos a favor, siete en contra y dos en blanco por responder así al último movimiento del Ejecutivo

  • Un total de 16 vocales respaldan el grito de alarma del Supremo ante la situación que producen las vacantes sin cubrir

El CGPJ reclama al Congreso todas sus competencias, pero rechaza ir a Europa

Consejo General del Poder Judicial

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El pleno extraordinario celebrado este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha optado por un término medio: reclamará al Congreso la recuperación de todas sus facultades para poder realizar nombramientos y así poder cubrir las vacantes que se están produciendo en el Supremo, cuya situación empieza a ser preocupante, pero no acudirá a Europa para denunciar la última reforma exprés proyectada por el Gobierno en relación con sus competencias. Se limita a instar a la Cámara que la consulte con la Comisión de Venecia, según informaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El acuerdo adoptado por el CGPJ, que ha obtenido 10 votos a favor, siete en contra y dos en blanco, también reclama que le dejen pronunciarse, a través de la redacción del correspondiente informe, sobre el último movimiento del Ejecutivo que busca reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y permitir así al Consejo nombrar los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponden por cuota. Como el Gobierno debe elegir a otros dos, la renovación permitiría transformar la mayoría del TC de conservadora a progresista.

A favor se han mostrado los nueve vocales conservadores que forzaron el debate y el presidente, Carlos Lesmes. Los siete en contra son de los progresistas, que entienden que el acuerdo pretende interferir en el debate del Estado de la Nación y en la capacidad del Parlamento para debatir las proposiciones de reforma de la LOPJ, y han anunciado un voto particular.

Descartado lo más extremo

Dirigirse directamente a la Comisión Europea se descartó porque entendieron que carecía de sentido una vez que lo previsible es que el informe sobre Estado de Derecho llegue de manera inminente y, sin duda, en él se exija cumplir los estándares europeos. Además, su reclamación se cumple al instar al Congreso a consultar a la Comisión de Venecia la reforma.

Por otra parte, 16 vocales respaldaron el acuerdo alcanzado de la Sala de Gobierno del Supremo para transmitir a los parlamentarios su "honda preocupación" ante la falta de renovación del Poder Judicial y advertirle de que la situación que se está creando, "de continuar, será insostenible" porque el "paulatino aumento de vacantes que no pueden ser cubiertas merma su capacidad de cumplir la función que la Constitución y las leyes le encomiendan y en no mucho tiempo supondrá dificultades extraordinarias para su funcionamiento".

Comisión Europea

La propuesta más radical de los nueve vocales del sector conservador que instaron el debate ha decaído por falta de apoyo mayoritario. Se trataba de poner en conocimiento de la Comisión Europea la reforma pretendida por el Ejecutivo de Sánchez, algo que una mayoría de vocales no ve claro porque ahondaría en la crisis institucional.

Además, según las fuentes consultadas por este diario, el movimiento no sería necesario porque recientemente el propio Lesmes pudo explicar la situación de bloqueo institucional que se vive en nuestro país a la vicepresidenta Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová, cuando visitó nuestro país a mediados del pasado mes de junio. 

El debate ha coincidido con la presentación, por parte del PP, de su anunciada propuesta "para reforzar la independencia judicial y la calidad democrática en España", que el principal partido de la oposición ha utilizado para volver a exigir a Pedro Sánchez este lunes la retirada de la proposición de ley para renovar el Tribunal Constitucional, que se vota este jueves en el Congreso, si quiere reactivar la negociación para renovar el CGPJ con el marco legal vigente. El Gobierno, sin embargo ha alejado la posibilidad de que se produzca un pacto al señalar que la Constitución y su cumplimiento "no se negocian".

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