El debate sobre ley de amnistía

El debate en torno a la posible ley de amnistía a los políticos catalanes condenados por el procés se estructura en torno a, al menos, tres elementos desde los cuales podría ser analizado y evaluado: uno jurídico, otro político y un tercer componente social.

Desde el punto de vista jurídico, la gran discusión se centra en la constitucionalidad de la ley. En dos sentidos: uno, en el argumentario del Gobierno para justificar la concesión de dicha amnistía y dos, en la propia constitucionalidad de la norma. Todavía se desconoce cuáles serán los términos que utilizará el Gobierno, para, llegado el caso, conceder esta medida de gracia, por lo que no tiene sentido esta especie de Minority Report político al que estamos asistiendo que, como ocurre en la película dirigida por Spielberg, se juzgan cuestiones antes de que sucedan.

Con respecto a si nuestra Constitución admite la posibilidad de una ley de este tipo no existe un claro consenso entre los propios juristas. El hecho de que la Carta Magna no recoja ninguna mención a la amnistía es interpretado de diferentes maneras: para unos, este silencio supone una prohibición implícita; para otros, significa que no impide su aplicación.

En todo caso, será finalmente el Tribunal Constitucional, último intérprete de la ley fundamental del Estado, el que decida sobre ambas cuestiones (el PP, en boca de su presidente, ya ha anunciado que recurrirá la ley ante este Tribunal).

Opinión ANÁLISIS POLÍTICOJosé Pablo Ferrándiz

Respecto al futuro

Las implicaciones sociales tienen que ver con los efectos sobre la ciudadanía de la aprobación o no aprobación de la amnistía. Tomemos como referencia lo que sucedió con los indultos aprobados hace dos años por el Consejo de Ministros a los nueve líderes independentistas a los que el Supremo condenó en 2019 por sedición. Como ahora sucede con la amnistía, la mayoría de los ciudadanos de Cataluña estaba de acuerdo con aquella medida de gracia antes de ser aprobada, pero entre la opinión pública española en su conjunto eran mayoría quienes se oponían a ella. También, por cierto, casi la mitad de los votantes socialistas mostraba su rechazo.

Ahora bien, a pesar de no estar a favor, la mayoría de los españoles consideraba, según un estudio llevado a cabo por Ipsos, que los indultos iban a lograr reducir la tensión política (67%), que iban a contribuir a mejorar la marca España en el extranjero (67%), que iba a reforzar la cultura democrática de nuestro país (66%) y que el interés general se vería reforzado (62%). Es decir, separaban en sus evaluaciones la concesión de los indultos de sus consecuencias. El rechazo se debía, sobre todo, a que la mayoría consideraba que la medida de gracia debía concederse solo si venía acompañada de algún gesto de disculpa explícita o arrepentimiento público por parte de los independentistas y de un compromiso por su parte de no incidir en la vía unilateral. Pero a tenor del resultado electoral obtenido por los socialistas el pasado 23J, podría entenderse que los beneficios de los indultos pesaron más en la opinión pública que los perjuicios.

Como vemos, la situación actual con respecto a la amnistía es muy similar. Al menos en lo que tiene que ver en su aceptación por parte de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña y con el rechazo que genera entre el conjunto de los españoles (y también entre una parte importante del electorado socialista). Está todavía por ver si, como pasaba con los indultos, el mayoritario rechazo a esta medida va acompañado (y en qué medida) con una percepción positiva de sus consecuencias políticas y sociales.

Por último, están las consideraciones políticas. Me refiero a cómo está utilizando cada partido el tema de la amnistía en sus estrategias políticas y electorales de cara a los próximos meses (o años, veremos). Sobre todo, sus principales protagonistas. A nadie se le escapa que si finalmente el PSOE plantea la amnistía, lo hará empujado por la necesidad de lograr el apoyo en el Congreso de los partidos independentistas en la futura investidura de Pedro Sánchez (constato, no valoro). Pero tendrá que jugar una doble baza: por un lado, ceder lo suficiente para que los diputados independentistas voten a favor del candidato socialista, pero sin excederse, esto es, estableciendo alguna línea roja que le permita defender un relato frente a la oposición en caso de que se produzca una repetición electoral por falta de acuerdos.

Opinión ANÁLISIS POLÍTICOJosé Pablo Ferrándiz

Clima social previo a la investidura

Los partidos independistas, por su parte, tienen también que guardar un equilibrio. Por un lado, en su personal competencia por liderar el movimiento independista en Cataluña, tanto Junts como ERC están actuando para presentarse ante la opinión pública catalana (y sobre todo ante sus votantes y potenciales electores) como los muñidores y conseguidores de cualquier acuerdo que se alcance con el PSOE. En este contexto, se encuadra, por ejemplo, la intervención hoy mismo del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la comisión de comunidades autónomas del Senado para defender la amnistía. Ni Artur Mas ni Quim Torra ni Carles Puigdemont, sus antecesores, comparecieron nunca ante esta comisión.

Pero tanto Junts como Esquerra deberían también marcarse unas líneas rojas en sus peticiones y presiones a Sánchez porque, en principio, no tienen incentivos para que se produzca una repetición electoral. En las últimas elecciones del pasado 23J los dos partidos independentistas perdieron, en conjunto, más de medio millón de votos. Unos nuevos comicios podrían restarles la influencia política (y por tanto el poder) que ahora tienen: bien porque perdieran apoyos y representación bien porque los partidos de la derecha consiguieran sumar la mayoría absoluta que ahora no han logrado.

En cualquier caso, todo debate nacional en estos días queda empequeñecido por la violenta reactivación del conflicto entre Palestina e Israel. Cabe ahora recordar las palabras que el exmimistro y expresidente del Estado de Israel, el laborista Shimon Peres, proclamó durante los acuerdos de Oslo de 1993: el problema de firmar la paz es que lo haces con tu enemigo. También sucede esto en los pactos entre partidos. Quizá no con un enemigo, pero estos acuerdos hay que firmarlos con aquel que no comparte plenamente los mismos fines, medios y/o incluso valores y con quien, además, se está compitiendo para minarle electoralmente. Pero el diálogo es uno de los pilares de la democracia.