Cataluña: del 'procés' a la transición verde

Una vez superado el derrumbe del covid en una proporción no vista desde la guerra civil, la economía catalana emprendió el camino de la recuperación que, en la actualidad empieza a ralentizarse, con un alza del 0,2% en el segundo trimestre, por debajo de la media española del 0,5% y una tasa internual del 1,5%, lo que supone un frenazo con respecto al 2,9% del periodo enero-marzo, cuya alza intertrimestral fue del 1,1%. El año pasado el crecimiento fue del 5,5%. 

La velocidad de crucero se reduce de forma sustancial, al igual que sucede a escala estatal, europea y global, pero persiste un nivel de actividad que mantiene el empleo, aunque con nubarrones como la inflación. Y además, como sucede en el conjunto de España, pero en mayor grado, el producto interior bruto (PIB) per cápita sigue al nivel de 2007 y con respecto a Europa, se sitúa en la mitad y las cifras de 2021 eran "muy parecidas a las de 2000", denuncia el Cercle d’Economia y la patronal Foment del Treball. Y es que en Cataluña este saldo aún ha sido peor con respecto al conjunto de España, especialmente entre 2000 y 2007.

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Una vez desdibujada la etapa del ‘procés’, iniciada a principios de la década de 2010, las prioridades en la actualidad del Ejecutivo catalán presidido por Pere Aragonès, cuyo partido, ERC, se encuentra en medio de la negociación con el Gobierno en funciones para la investidura de Pedro Sánchez en competencia con sus antiguos compañeros de gobierno de Junts, pasan por desencallar el despliegue de las energías renovables en Cataluña, paralizado desde hace una década. 

Otro de los objetivos radica en alcanzar algún tipo de solución consensuada para una de las grandes infraestructuras de la comunidad, como es el aeropuerto de Barcelona, después del rechazo por parte de la Generalitat, entonces compartida por ERC y Junts; y del Ayuntamiento de Barcelona, donde entonces era alcaldesa Ada Colau; al proyecto presentado por Aena hace dos años. El cambio en la relación de fuerzas tras las elecciones municipales, con Jaume Collboni, del PSC, fuerza empatada en diputados en el Parlament de Catalunya con ERC, al frente del consistorio de la capital catalana, puede dar un giro a la estrategia llevada a cabo hasta ahora, basada en demorar las soluciones. El Ejecutivo catalán, que hace equilibrios entre la gestión del día a día, su estrategia y la negociación con un Pedro Sánchez necesitado de sus votos para su investidura, así como la del otro representante del independentismo, Junts. 

La evolución de la economía catalana vino marcada en el periodo abril-junio por la subida del 1,4% del consumo, una décima superior a la del trimestre anterior. El consumo de las administraciones públicas, por su parte, se elevó un 2,5% y el de los hogares, un 1,2%. Las exportaciones totales registraron un crecimiento del 9,5% y las importaciones, del 8%; mientras que el consumo turístico de los extranjeros creció un 24,4% respecto a un año antes. Desde la óptica de la oferta, la construcción creció un 5,5 %, la industria, un 1,3%; y los servicios, un 1,2%. La agricultura redujo, por su parte, su valor un 2,5%.

En todo caso, en un sector de peso para la comunidad como el turismo, en función de los datos de llegadas de visitantes extranjeros hasta agosto, Cataluña, que lidera siempre esta variable, no ha recuperado aún las cifras anteriores al estallido de la pandemia y, mientras en términos generales se habla de récords, ha sido la única entre las grandes receptoras de turistas que empeoró las cifras de 2019 en ese periodo.

De todas formas, pese a la desaceleración, Cataluña, acaricia los niveles de actividad económica y producción previos a la irrupción del coronavirus. De todos modos, el dinamismo y la actividad tienden a ralentizarse, por lo que el Govern, que desde el año pasado está sustentado solo por ERC, tras la ruptura con Junts per Catalunya; ha ajustado sus previsiones al nuevo contexto. La previsión actual es que el año acabe con un crecimiento del 1,7% frente al 5,5% de 2022 y que en 2024 se acelere hasta el 2,2%. El paro está previsto que cierre este año con una tasa del 9,6% que en el ejercicio siguiente bajará al 9,1%, según las mismas estimaciones.

En la justificación de sus pronósticos, el Ejecutivo catalán destacaba que se iba a mantener la incertidumbre, "con riesgos orientados a la baja en lo que respecta a la actividad económica". Y ello por el efecto de la inflación en el poder adquisitivo, que es un elemento que "podría aflorar con más fuerza a medida que avance el año y se agoten los ahorros acumulados durante la pandemia".

Después de pactar unos presupuestos para 2022 con los ‘Comuns’ en tiempo y forma por primera vez en una década, marcada por el ‘procés’, para el ejercicio actual, las cuentas públicas entraron en vigor con tres meses de retraso pero el aval no fue solo de los ‘Comuns’ sino del PSC, que incluyó una serie de compromisos a los que se habían opuesto los republicanos, que van del cierre definitivo del cuarto cinturón (B-40) a la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Lo cierto es que después de más de una década convulsa se ha impuesto un cierto pragmatismo y, en especial, al quedarse sola Esquerra Republicana al frente del Gobierno de la Generalitat. Todo ello hasta que, tras las elecciones generales del 23 de julio (23-J), los republicanos y los neoconvergentes (que hasta ahora habían eludido la negociación con el Ejecutivo central) pugnan por protagonizar logros para Cataluña y para su auditorio: la amnistía y, en menor o mayor grado, poner las bases de un referéndum o consulta.

La economía sigue a su ritmo, con un peso muy importante del ecosistema de startups, así como inversiones destacadas de multinacionales relacionadas con la tecnología, desde Intel hasta Cisco Systems. Ese es uno de los elementos que desde el Govern pretenden estimular. De hecho, la administación catalana quiere lanzar a través del Institut Català de Finances (ICF), la entidad financiera de la Generalitat, un fondo para participar en el capital de empresas que se consideran estratégicas y tenerlas de este modo más amarradas al territorio después de las fugas de sedes que se produjeron espoecialemente en 2017. Se trata de un instrumento similar al creado por el gobierno vasco, Finkatuz, que este año alcanzará los 300 millones de euros, mediante el que ha entrado en el capital de CAF o ITP Aero.

Grandes eventos

El acuerdo que convirtió a Barcelona en sede de forma indefinida del Mobile World Congress (MWC) y la consecución de la Copa América de vela el año que viene en la capital catalana fueron dos ejemplos de recuperación de la unidad institucional con un objetivo común, que desdibujaron el periodo de desencuentros, protestas y disputas del ‘procés’, en especial tras los indultos a los principales protagonistas del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Pero a lo largo de este tiempo también han pasado de largo oportunidades como la gigafactoría que Volkswagen (VW) decidió instalar finalmente en Sagunto, en la Comunidad Valenciana. 

Desarrollo sostenible

En los últimos meses, el Govern ha tratado de ponerse las pilas en cuestiones esenciales para la competitividad y transformación de la autonomía. Una de ellas es dar un impulso a la descarbonización a través del fomento del autoconsumo, pero también de agilizar trámites para la instalación de parques eólicos y huertos solares, una materia en la que Cataluña acumulaba una década de parálisis. 

El Ejecutivo catalán ha autorizado en los últimos dos años un total de 1.500 megavatios (MW) en instalaciones de energías renovables, frente a los solo 9 megavatios de la década anterior. Y los proyectos que se están tramitando suman 5.400 megavatios, el equivalente a más de cinco centrales nucleares. En todo caso es un acelerón que puede resultar insuficiente. Los objetivos de transición verde marcados para 2030 y 2050 están aún lejos.

Poco antes de que el Ejecutivo catalán anunciara que se ponía las pilas en materia de energía verde, el Observatori de les Energies Renovables a Catalunya presentó un informe sobre la situación en 2021 caracterizado por "una progresiva normalización de consumo energético tras la pandemia" y advertía de que, a no ser que haya un cambio radical, "el 94% de los objetivos de energía renovable en Cataluña para 2030 sólo se podrá cubrir con importaciones de fuera de Cataluña".

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Otra de las carpetas que no se acaba de activar pese a la importancia de la infraestructura es el de la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Ya han transcurrido dos años desde que el Govern se levantó de la mesa en la que negociaba con Aena la ampliación del aeropuerto de El Prat y la inversión prevista quedó aparcada. Por aquel entonces, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, actualmente en funciones, compareció en la delegación de Gobierno de Barcelona para anunciar que se suspendían los planes de ampliación de la tercera pista en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat ante la "falta de respaldo" del Govern y del Ayuntamiento de Barcelona como consecuencia de las dudas medioambientales generadas por el proyecto.

En febrero pasado ERC acordó con el PSC que se crearía una mesa técnica para afrontar la "mejora de la capacidad" de la infraestructura barcelonesa, algo que aún no ha pasado. Mientras, proliferan los estudios y posicionamientos de la sociedad civil y económica, a favor y en contra, algunos de ellos liderados por las patronales Pimec y Foment del Treball. 

El último es una propuesta "para el consenso" del lobby ambiental Oikia "sobre el modelo aeroportuario catalán y la mejora del aeropuerto de El Prat". En el título del documento, de 40 páginas, ya se revela su posición: las instalaciones se tienen que mejorar, sí, pero esto va ligado al resto de aeropuertos de Cataluña: Girona, Reus y Alguaire (Lleida).