Ayuso elige a un académico y exletrado del TC para presidir el Consejo de Transparencia

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid es especialmente objeto de crítica por parte de la oposición desde que el pasado mes de diciembre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó que este órgano dejará de responder ante la Asamblea de Madrid para depender directamente de la Consejería de Presidencia del ejecutivo autonómico. Cuatro meses después de su entrada en vigor, el Gobierno regional ha elegido ya a un candidato a presidir este órgano y ha optado por un perfil técnico, sin trayectoria política conocida, que evite y despeje más críticas hacia este Consejo. El catedrático de Derecho Procesal y académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, José María González García, será quien ocupe el cargo una vez que sea ratificado en la Asamblea con la mayoría absoluta del PP en las próximas semanas.

No importa que sobre el papel la ley diga que actuará "con autonomía y plena independencia funcional". La oposición no se lo cree, ni la izquierda ni Vox, y, además, considera que las modificaciones que se han aprobado sobre este órgano hurta a los grupos parlamentarios su capacidad para controlar la acción fiscalizadora que debe llevar a cabo este órgano. Tanto, que el PSOE recurrió a principios de este mes ante el Tribunal Constitucional la llamada ley ómnibus que incluye este cambio de dependencia del Consejo de la Transparencia, así como otras modificaciones en el régimen jurídico de otros entes fiscalizadores como la Cámara de Cuentas o la Radio Televisión autonómica (Telemadrid). El TC admitió a trámite este recurso hace escaso diez días.

Precisamente quien ocupará el cargo, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha ejercido como letrado del Constitucional entre 2012 y 2018 y también del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial en 2010 y 2011. Es también miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, y ha participado como técnico y experto en la elaboración legislativa de proyectos en Bolivia (el Código Procesal Agrario), en España y en Bulgaria a través de proyectos de la Unión Europea.

En el PSOE reconocen que su perfil, efectivamente, no da pie aparentemente a las críticas. "Se han buscado a alguien que hasta en el nombre mantiene el perfil administrativo procesal", ironizan, pero recuerdan que el problema es que el Gobierno de Ayuso ha roto el "equilbrio" en la presidencia de este órgano, donde según la ley anterior había tres consejeros que iban rotando cada dos años en la dirección del Consejo y con el último cambio legislativo se nombra a un solo presidente durante cuatro años, renovables otros cuatro, mediante un decreto del Consejo de Gobierno, y, además, ya no rendirá ante la Asamblea.

Desde la Consejería de Presidencia que preside el también portavoz del ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, aseguran que entre las distintas opciones que han barajado para este puesto han seleecionado a García Gonzalez porque el cargo "requiere de una persona técnica y ejecutora con experiencia en materia legislativa" y entienden que él reúne "todas esas características".

Consejeros de Telemadrid

Este jueves la Asamblea también ha ratificado finalmente a los consejeros de administración de Telemadrid, han salido solo con los votos del PP después de que los tres grupos de la oposición se abstuvieran en el último pleno, evitando así la mayoría de dos tercios necesaria para aprobarlos en una primera vuelta. Ayer bastó con la mayoría simple del grupo popular.

La reforma de Telemadrid, incluida en la ley ómnibus que se aprobó en diciembre, también ha sido objeto de crítica por parte de la oposición y los artículos referidos al ente público están igualmente sobre la mesa del TC tras el recurso presentado por el PSOE. El PP tuvo que modificar su propuesta inicial para elegir al director general de la televisión autonómica, ya que los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid apreciaron visos de inconstitucionalidad en el método de elección propuesto por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El grupo popular tuvo que enmendar su propia ley para ajustarla finalmente a lo que indicaban los letrados de la cámara.

Con la norma anterior, el Consejo de Administración de la corporación hacía su propuesta a la Asamblea de Madrid y era el pleno quien ratificaba o no el nombramiento. El PP propuso inicialmente un mecanismo para evitar que ese nombramiento pasara por el parlamento autonómico, pero ante las advertencias de los letrados dieron marcha atrás y buscaron otra fórmula para que la elección volviera a la Asamblea, aunque no al pleno sino a la comisión competente.