Alberto Casero renuncia al acta de diputado tras la decisión del Supremo de procesarle

El diputado del PP y exalcalde de Trujillo, Alberto Casero, ha renunciado a su acta en el Congreso de los Diputados esta misma tarde después de que el Tribunal Supremo haya decidido procesarle por prevaricación y malversación. Horas antes solicitó ser suspendido de militancia de manera voluntaria. Según explican fuentes populares, ha trasladado su decisión a Cuca Gamarra, secretaria general y portavoz del grupo parlamentario, para "evitar cualquier daño que su situación pueda producir al partido".

"Esta decisión la ha adoptado de manera voluntaria, antes de que le haya sido notificado el auto del juez instructor", insisten en Génova.

La novedad se ha producido este viernes cuando el magistrado del Tribunal Supremo, Andrés Palomo, ha dado por finalizada la instrucción de su caso y ha propuesto juzgarlo por los citados delitos de prevaricación y malversación en relación a presuntas irregularidades en cinco contratos cuando era alcalde de Trujillo en 2017 y 2018. El juez ha dictado un auto en el que da diez días de plazo al fiscal para que solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento. Es decir, lo deja a un paso del banquillo.

El caso de Casero llevaba coleando mucho tiempo pero la nueva dirección del PP había decidido mantener su apoyo hasta que realmente la instrucción terminara. Pero la realidad es que la decisión de procesarle llega en el peor momento posible, con nuevos mensajes desvelados entre el ex secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, y el comisario jubilado Enrique García Castaño; y en mitad del escándalo del 'caso Mediador' que afecta a cargos del PSOE del Gobierno de Canarias y que tuvo como sala de operaciones el propio Congreso de los Diputados.

El PP, reconocen en la dirección, no podía hacer otra cosa que "actuar rápido" ante un caso así y el propio Casero lo ha hecho en horas, insisten. El diputado que renuncia a su acta fue mano derecha de Teodoro García Egea en Génova y se hizo muy conocido por el error que cometió votando la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez, que implicó salvar la norma.

MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN

El magistrado explica que los hechos están relacionados con actuaciones realizadas en su condición de alcalde de Trujillo y órgano de contratación en el mismo, entre marzo de 2017 y diciembre de 2018 al concertar con diferentes personas y entidades, contratos de servicio, patrocinio o convenios, incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto, por la normativa aplicable en cada caso.

Para el magistrado, la conducta encaja dentro del delito de prevaricación administrativa, resultante de los referidos indicios fundados, y "no solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas, sino un modo de proceder del aforado que identifica su voluntarismo al margen de cualquier interpretación con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jurídico; con vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna en los supuestos que la cuantía lo requería, elusión de los mecanismos de control, asunción directa de pagos por la integridad de los servicios que además de periódicos se prestaban a entidad en la que el municipio sólo era una parte; plenamente subsumibles en el ilícito de prevaricación".

Asimismo, considera que los hechos indiciariamente acreditados encajan también en un delito de malversación de caudales públicos que sanciona a la autoridad o funcionario que tiene a su cargo los caudales por razón de sus funciones y que lejos de destinarlos al cumplimiento de las previstas atenciones públicas, los separa de las mismas, y extrayéndolos del control público con ánimo de lucro los incorpora a su patrimonio haciéndolos propios o consiente que otro lo haga.