Juan Carlos I

La fiscalía planea retrasar el archivo sobre Juan Carlos para no empañar el discurso de Felipe VI

  • La fecha del 17 de diciembre, cuando caducan las diligencias que se valora no prorrogar, coincide en pocos días con el discurso de Felipe VI a los españoles.

  • Aún está pendiente de llegar documentación de una comisión rogatoria que se espera los próximos días.

  • No habría problema en prorrogar en la citada fecha y cerrar la investigación más adelante, ya que no hay por qué agotar los 6 meses de duración de la misma.

El Rey emérito, en una imagen de archivo

El Rey emérito, en una imagen de archivo

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El decreto de archivo de las diligencias penales abiertas contra el rey emérito Juan Carlos I por la Fiscalía del Tribunal Supremo podría retrasarse para unas semanas después del 17 de diciembre, que es cuando caducan los seis meses para investigar un determinado asunto que tienen los fiscales a no ser que se acuerde una prórroga de las pesquisas. 

Fuentes del Ministerio Público señalan esta posibilidad a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y apuntan a enero como fecha más adecuada para realizar el archivo, lo que alejaría el impacto que sin duda tendrá esta noticia del discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI, que tendrá lugar tan solo unos días después.

Existe además otra razón técnica, y es el conocimiento por los investigadores de que en los próximos días llegará documentación de una comisión rogatoria a Suiza aún pendiente, de la que no se esperan muchas novedades en todo caso. Sin embargo, se considera más adecuado esperar a que esta comunicación se produzca antes de estampar la rúbrica del teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos y del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el archivo de las actuaciones. 

Documentación pendiente

Tal y como informó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el departamento que dirige Dolores Delgado adoptó la decisión de archivar las tres diligencias de investigación que tiene abiertas al rey emérito Juan Carlos I sin haber analizado a fondo la información sobre posibles movimientos delictivos, dado que en dicho momento faltaba la citada documentación a remitir por Suiza

La fecha cercana a las Navidades y el hecho de que la documentación que falta vaya a llegar en las próximas fechas son, en todo caso, elementos a tener en cuenta a la hora de valorar si la caducidad el próximo 17 de diciembre de las primeras investigaciones -abiertas en el mismo mes de 2018 por la Fiscalía Anticorrupción, por el supuesto cobro de casi 65 millones en comisiones por la construcción del AVE a La Meca-, determina o no el carpetazo a toda la investigación.

Las diligencias de investigación que abren las Fiscalías tienen una duración de seis meses -menos las de Anticorrupción, que son de un año-, un periodo que puede prorrogarse sucesivamente por otros seis meses si así se considera oportuno, pero que no tiene por qué agotarse. Por esta razón, las fuentes consultadas señalan que no habría ningún problema en prorrogar las actuaciones el día 17 y archivar más adelante, como puede ser el mes de enero. 

En los documentos de reclamación de información que se han remitido a Suiza y otros países se habla de hasta cuatro delitos atribuibles al emérito, que son el blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.

Razones para el archivo

Entre otras razones, se aduce para justificar el inminente archivo que algunos de los presuntos delitos atribuidos al exmonarca habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era penalmente irresponsable antes de su abdicación en 2014; que otros habrían prescrito y que existe una falta de peso probatorio a la que se han sumado dos regularizaciones fiscales por cerca de 5 millones de euros que cierran la puerta a atribuirle la comisión de delitos fiscales.

A todo ello se suma que en el verano pasado el fiscal jefe de Ginebra, Yves Bertossa, que lleva a cabo una investigación de las actividades del Rey emérito en Suiza, visitó España para mantener una reunión con los fiscales del Tribunal Supremo encargados de las pesquisas. El encuentro, en todo caso, no sirvió para acelerar la colaboración entre ambas fiscalías, porque las autoridades españolas no han recibido aún toda la documentación. 

Bertossa abrió la investigación tras hacerse públicas en España las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo en las que Corinna Larsen aseguraba que Juan Carlos I había cobrado una comisión a cambio de rebajar un 30 por ciento la oferta que hizo un consorcio de empresarios españoles para la construcción del AVE entre las ciudades saudíes de La Meca y Medina.

El fiscal trató de confirmar si los 64,8 millones de euros (100 millones de dólares) que cobró el emérito en 2012 a través de la fundación panameña Lucum eran una mordida a cambio de unas gestiones presuntamente ilegales. Sin embargo, las diligencias que ha desarrollado Bertossa no han permitido confirmar esas sospechas y por ello ahora dirige sus pesquisas contra la monarquía de Arabia Saudí, según informó en su día la prensa suiza. 

La Fiscalía del Supremo indaga en tres asuntos relativos al emérito: el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal

Dos regularizaciones por el momento

Con respecto a las mencionadas regularizaciones con Hacienda, la propia Delgado manifestó en marzo en sede parlamentaria que gracias a la investigación que la Fiscalía del Supremo estaba realizando al emérito había "aflorado una cantidad importante e inimaginable al principio de la investigación de dinero, un dinero de las arcas públicas, cinco millones y pico de euros, que es de todos los españoles".

Se refería a las aludidas dos regularizaciones en Hacienda realizadas hasta el momento por Juan Carlos I, por un total de 678.393,72 a finales de 2020 y otros 4.395.901,96 euros el pasado febrero, respectivamente. La primera por lo que habría dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018 y la segunda por los 8 millones de euros que Juan Carlos I recibió durante varios ejercicios en vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta el 2018 por la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans.

Las regularizaciones pudieron ser posibles porque el equipo de fiscales del Alto Tribunal que investigaban al emérito habían notificado al abogado del exmonarca que se habían 'revelado indicios' contra su cliente. Se le indicó además el número de las tres diligencias de investigación abiertas, pero sin concretar ningún otro dato, lo que permite según su defensa, ejercida por Javier Sánchez-Junco, aplicar el artículo 304 del Código Penal que señala que las regularizaciones se dan por buenas siempre que se pague antes de que existan actuaciones judiciales o fiscales por lo defraudado.

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