MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Gobierno advierte al Parlamento valenciano de que actuará contra la ley de Concordia

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática traslada las conclusiones de los relatores de la ONU y la petición de adoptar las medidas contra la derogación de la legislación

Celebración del 14 de abril en Paterna.

Celebración del 14 de abril en Paterna. / EDUARDO RIPOLL

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha remitido una misiva a la presidenta del Parlamento valenciano, Llanos Massó (Vox), para instarle a remitir a los grupos parlamentarios el informe de los relatores de la ONU sobre las leyes de concordia de la Comunitat Valenciana y otras autonomías. Fuentes del Gobierno confirmaron que el ministro ha enviado cartas también a Aragón y Castilla y León, para informarles formalmente de la comunicación de la ONU, informa Iván Gil.

En la misiva, firmada este pasado lunes, el ministro señala que Naciones Unidas ha dado orden al Gobierno para tomar las medidas necesarias. "En esta comunicación, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través de sus relatores y grupo de trabajo, solicita tanto al Gobierno de España, como a las autoridades legislativas de nuestro país, adoptar 'todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos'. Por ello, en este momento, y desde la lealtad institucional que rige nuestras relaciones, le traslado la Comunicación recibida para que, en su caso, dé traslado a los distintos Grupos Parlamentarios", advierte el ministro Torres.

Torres tiene previsto convocar una comisión bilateral con Aragón y que hará lo propio con la Comunitat Valenciana y CyL si se aprueban las leyes antes de recurrir al Tribunal Constitucional. En su carta, el ministro expone el informe de la ONU "desde la lealtad institucional" y recuerda que toda acción legislativa, tanto a nivel estatal como autonómico, "está sujeta al cumplimiento del derecho internacional y de los compromisos adquiridos por España". "En esta acción, y en las alegaciones a las que hace referencia la comunicación, siempre contará con la colaboración del Gobierno de España", concluye.