CASA REAL

La Zarzuela espera a que archiven las causas del emérito para revisar la regulación de la Casa del Rey

El Gobierno, que abrió la puerta a una ley de la Corona hace un año, ha trabajado también en equiparar la rendición de cuentas de la monarquía a la de los altos cargos

La Fiscalía prevé dar carpetazo a mediados de diciembre a las tres investigaciones que están abiertas contra Juan Carlos I

Unidas Podemos ha paralizado la iniciativa que anunció en 2020 para controlar a la Monarquía porque ahora "no es una prioridad"

Pedro Sánchez con Felipe VI y la reina Letizia

Pedro Sánchez con Felipe VI y la reina Letizia / J.J. GUILLÉN/EFE

Pedro Sánchez anunció hace casi un año una “hoja de ruta de renovación” de la Monarquía. Sus palabras desataron toda suerte de interpretaciones sobre el alcance que debería abarcar una eventual reforma, pero durante todo este tiempo ese proyecto ha permanecido cobijado bajo un manto de silencio. El Ejecutivo ha sido parco en sus respuestas cada vez que se le preguntaba al respecto, una cerrazón que ha propiciado la interpretación de que la iniciativa había quedado descartada o, por lo menos, pospuesta sine die. No es así. Según ha podido confirmar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el Gobierno ha trabajado estos meses con discreción en varias fórmulas para modernizar y hacer más transparente a la Casa del Rey, pero ajustándose a los tiempos que sugiere Felipe VI y asumiendo que solo a iniciativa del Rey y con el respaldo del líder de la oposición se emprendería un cambio. La Zarzuela, que evitaba señalar fechas con un "cuando corresponda" por toda respuesta, ha trasladado que lo adecuado es esperar a que la Fiscalía del Tribunal Supremo archive las tres causas abiertas contra Juan Carlos I. Salvo imprevistos, esto sucederá en torno a mediados de diciembre. A partir de ese momento, según indican fuentes conocedoras de la situación, se volverá a analizar si se avanza en lo anunciado por el presidente del Gobierno en aquella rueda de prensa de balance de 2020.

El PP ha mantenido desde el principio que apoyará modificaciones siempre que tengan como objetivo "reforzar la Monarquía", en declaraciones de Pablo Casado. Su posición es fundamental, porque Sánchez no está dispuesto a impulsar ningún cambio relativo a la Monarquía sin su respaldo por la trascendencia de la materia y por la necesidad de contar con un amplio apoyo parlamentario si finalmente se optase por algunas de las vías que están sobre la mesa, incluyendo la extrema que consiste en articular una ley orgánica.

La posición del socio de Gobierno también es relevante. Unidas Podemos, partido que se define como republicano, anunció en diciembre del año pasado -a escasas horas de que Felipe VI pronunciase su discurso de Nochebuena y cinco días antes de que Sánchez anunciase la iniciativa - que registraría en el Congreso de los Diputados una ley de la Corona para establecer "qué puede hacer el Rey y qué no", en palabras de Jaume Asens, el portavoz parlamentario de los 'comuns'. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, los morados han aparcado esta iniciativa. "Está paralizado, ahora mismo no es una prioridad. No es que haya quedado absolutamente descartado, pero tenemos otras prioridades", confirman fuentes del partido a este diario.

En casi un año se han estudiado diversas opciones, en una primera etapa, con la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín como interlocutores. Tras la crisis de Gobierno de julio, con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, encabezando la posición de la Moncloa. El objetivo es modernizar la Corona, hacerla más transparente y mejorar su rendición de cuentas. Un dato a considerar: la actual auditoría a la Casa del Rey se limita a comprobar solamente que cuadran ingresos y gastos, como adelantó este periódico.

Alternativas

La posibilidad maximalista es elaborar una ley orgánica de la Corona que regule las lagunas existentes en un título II de la Constitución, un título que es más bien escueto. A fin de cuentas, se trata de la única institución democrática que carece de una norma que desarrolle su funcionamiento más allá de lo indicado en la Carta Magna. Algunos juristas interpretan que el artículo 57.5 del texto abre la puerta a la posibilidad de elaborar una ley más específica. Esa ley de la Corona podría incluir aspectos para regular circunstancias que han terminado en escándalos del rey emérito: mayor exigencia de transparencia en los presupuestos de actos públicos y privados, reclamar la autorización previa del Gobierno de los viajes personales del Rey, o una delimitación cristalina entre la Familia Real (el Rey, la Reina, sus hijas, el rey Juan Carlos I y la reina Sofía) y la Familia del Rey (incluye además al resto de familiares). Esta nueva ley podría regular también otros aspectos relevantes como las consecuencias en eventuales casos de divorcio, o las funciones del heredero al trono y las de los reyes eméritos.

Otra opción, más acotada, casi quirúrgica, es equiparar las obligaciones de los miembros de la Familia Real a la ley que rige a los altos cargos, algo que se podría sujetar mediante dos normas. Por una parte, la Ley de Transparencia (19/2013), que establece los principios del buen gobierno y la información pública. La Casa del Rey ya aplica estos criterios, pero con algunas excepciones. Por ejemplo, no le afectan las sanciones por el hipotético recibimiento de regalos que superen la pura cortesía. Aunque al principio de su reinado Felipe VI estableció un código de conducta para dar publicidad a los obsequios recibidos, no se establecen sanciones a quienes pudieran vulnerar este código ético.

La otra ley que se ha estudiado con el objetivo de “modernizar” la Monarquía es la que regula el ejercicio del alto cargo en la administración estatal (3/1985), que concreta las incompatibilidades y la información relativa al patrimonio. No se trata, obviamente, de que los miembros de la Casa del Rey tengan que esperar dos años tras el cese de su cargo, como determina dicha norma, sino basarse en esa normativa para aumentar la transparencia sobre su patrimonio y fiscalidad.

El otro gran asunto por resolver es el relativo al artículo 56.3 de la Constitución, que establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. El Gobierno y la mayoría parlamentaria consideran que esa inviolabilidad debería acotarse a los actos en ejercicio del cargo, y no ser extensible a la vida privada, de forma que las conductas constitutivas de delito pudiesen ser juzgadas.

El presidente del Gobierno se ha pronunciado recientemente a favor de revisar en algún momento esa inviolabilidad total, pero en este caso, la dificultad es que puede afectar a la Constitución y, en ese caso, la reforma sería tan complicada que se hace casi imposible.