"En Isla de Valdecañas hay muchos propietarios que compraron sobre plano"

Con la espada de Damocles sobre sus tejados tras la última sentencia del Tribunal Supremo que obliga al derribo total de todo lo construido en Marina Isla de Valdecañas, el foco mediático ha cesado sobre el complejo cacereño dos semanas después de que se conocieran los detalles del fallo. Las partes en conflicto siguen pendientes de presentar los recursos anunciados, ya que aún hay plazo para hacerlo. Pero al margen de los siguientes pasos judiciales, sigue en el aire un debate. ¿Habrá indemnizaciones para la promotora y los propietarios? ¿Deberá abonarlas la Junta como se viene dando por hecho?

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, dejó estos interrogantes abiertos tras conocerse el fallo del Supremo. "Habría muchas cosas que discutir. No está escrito en ningún sitio que haya una consecuencia patrimonial decidida. Ya veremos, eso será objeto de otros pleitos", aseguró a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa.

Por su parte, el letrado de una buena parte de los propietarios de los chalés levantados en el complejo cacereño no tiene duda alguna. Deben ser indemnizados y con toda probabilidad esa compensación debe salir de las arcas de la Junta de Extremadura. "Esa es una cuestión que deberán abordar la promotora y la administración, pero el último responsable sería la Junta de Extremadura y en su caso hasta los dos ayuntamientos que dieron las licencias de construcción y ocupación, pero estos podría alegar que lo hicieron a instancias de esta y en definitiva recaería en la Junta", apunta el abogado Luis Díaz-Ambrona.

El letrado señala que una mayoría de propietarios adquirieron sus viviendas sobre plano y sin ninguna claúsula sobre el proceso judicial cuando se iniciaba el proyecto antes incluso del año 2009, mientras hay otra parte de compradores que ya firmaron en sus contratos una cláusula en la que eran informados de que dos grupos ecologistas había iniciado un proceso judicial en contra del PIR (proyecto de interés regional) del 2007 que posibilitó la construcción de la urbanización junto al embalse de Valdecañas. "Pero ahí solo se decía que había un recurso pidiendo la nulidad del PIR, que eso estaba en tramitación y esa cláusula entendemos que no tiene relevancia. Mi opinión es que eso no afecta a los derechos de indemnización e incluso la última sentencia del Supremo así lo da casi por hecho, que en caso de demolición hay que abonarlas".

Preocupación e incertidumbre

Mientras, los propietarios siguen viviendo con preocupación la incertidumbre que cierne sobre los tejados de sus viviendas. "Su pretensión es que no llegue a consumarse la demolición pese a que pudieran ser indemnizados generosamente. Su deseo es que el complejo se mantenga en pie porque compraron esas viviendas con mucha ilusión y van a dar la batalla hasta el final". Y eso es lo que intentarán los abogados de las distintas partes contrarias al derribo en estos últimos días que quedan para recurrir. Díaz-Ambrona confirma que el primer paso que darán será presentar un incidente de nulidad de la sentencia ante el mismo Tribunal Supremo y, en caso de obtener una respuesta negativa, llegarán en amparo al Constitucional, la vía que a la que también va a recurrir la Junta de Extremadura.