El Supremo ordena derribar al completo un megacomplejo turístico en Extremadura

Hace 15 años dos organizaciones ecologistas denunciaron ante la justicia el proyecto urbanístico del embalse de Valdecañas, en Cáceres. Desde entonces, se ha llevado a cabo la construcción del complejo, que reúne todo tipo de instalaciones turísticas y de alojamiento. De hecho, se ha convertido en uno de los resorts más exclusivos de Extremadura. Sin embargo, deberá ser demolido por completo, hasta el último ladrillo, según acaba de dictaminar el Tribunal Supremo.

La sentencia pone fin a un largo periplo judicial, en el que las entidades Adenex y Ecologistas en Acción han logrado ver reconocidos sus argumentos, frente a los de la promotora, Marina Isla de Valdecañas SA, y los de la propia Junta de Extremadura, que ya ha dicho que hará todo lo posible por evitar esta demolición.

El Tribunal Supremo ha ratificado lo que ya dictó inicialmente el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en 2011 y posteriormente el propio Supremo en 2014, cuando declararon nulo el Proyecto de Interés Regional (PIR) que había concedido la Junta de Extremadura y que permitió la construcción de este lujoso resort, que consta de nada menos que 185 chalés, un hotel de cuatro estrellas, un recinto hípico, una marina de 70 amarres, un club social, un campo de golf, una playa artificial, piscinas y numerosas pistas deportivas, entre otras cosas.

Todo ello deberá ser demolido, puesto que, según ha informado El Periódico de Extremadura, el proyecto se desarrolló en un terreno protegido no urbanizable, incluido además dentro de la Red Natura 2000 al estar catalogado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

Poco después de que la primera sentencia confirmara la ilegalidad de dicho PIR, la Asamblea de Extremadura, con los votos de PSOE y PP, modificó la Ley del Suelo para permitir la urbanización de terrenos protegidos e intentar salvar así el escollo judicial. Sin embargo, este cambio también fue declarado ilegal.

Ahora, la Junta de Extremadura podría enfrentarse no solo a costear un derribo total que está cuantificado en más de 33 millones de euros, sino también a una fuerte indemnización para la promotora en el más que probable caso que reclamen judicialmente los perjuicios ocasionados. Estas indemnizaciones, según algunas fuentes, podrían superar los 110 millones de euros.

La sentencia del Supremo estima el recurso presentado por Ecologistas en Acción contra el auto dictado en 2020 por el tribunal extremeño, que consideró suficiente derribar aquellas construcciones que aún no estuvieran terminadas entonces. Dicho tribunal emitió un auto en este sentido, dando por buenos los razonamientos de la Junta de Extremadura, que alegaba que era imposible el derribo total de lo edificado. Ahora, la nueva resolución ordena que se derribe la totalidad de lo edificado.

La Junta recurrirá la sentencia

Todavía caben recursos contra esta última sentencia. De hecho, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que, tan pronto como tenga conocimiento oficial de la sentencia, su gobierno presentará con toda probabilidad un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, sin descartar incluso acudir a la justicia europea, añade El Periódico de Extremadura.

“Voy a intentar seguir salvando el proyecto de Valdecañas, pero de esto no depende el futuro de Extremadura”, ha afirmado Fernández Vara. Sobre las posibles indemnizaciones que podría tener que pagar la Junta por haber otorgado los permisos, el presidente ha indicado: “No está escrito en ningún sitio que haya una consecuencia patrimonial decidida. Ya veremos y eso será objeto de otros pleitos”.

En cuanto a las responsabilidades políticas por el desenlace de este caso, Fernández Vara recordó que los hechos empezaron en 2006: “De las personas relacionadas, ya ninguna está en política”, ha señalado.