Dolores Delgado, la alargada sombra que lastra las decisiones del fiscal general

La exfiscal general del Estado y primera ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, Dolores Delgado, sigue copando titulares casi dos años después de abandonar el despacho principal del palacio del marqués de Fontalba -sede de la Fiscalía General del Estado- en Madrid. El Tribunal Supremo ha anulado su nombramiento como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática tan solo seis meses después de tomar una decisión similar con respecto a su ascenso a la cúpula fiscal que también impulsó el que fuera su más cercano colaborador y actual sustituto en el cargo, Álvaro García Ortiz.

En la primera ocasión, el pasado mes de noviembre, la decisión del alto tribunal de anular la designación de Delgado como fiscal togada del Tribunal Supremo -lo que suponía ascenderla de ser fiscal de la Audiencia Nacional (donde llegó en 1993) a ser fiscal de Sala, la máxima categoría de la Carrera- fue calificada como "desviación de poder". Pese a que García Ortiz afronta sus propias y agrias polémicas tanto dentro como fuera de la Fiscalía, la realidad es que buena parte de ellas encuentran su origen en decisiones ligadas con Delgado o derivadas del barniz "continuista" que ha otorgado a su gestión con respecto a la que fuera su mentora.

La elección de Delgado como ministra de Justicia en 2018 ya levantó suspicacias en los sectores jurídicos y políticos más conservadores, algo en lo que tenía mucho que ver su hoy marido Baltasar Garzón, exjuez "estrella" de la Audiencia Nacional inhabilitado por el Tribunal Supremo y hoy abogado. Precisamente la última decisión del Supremo tiene como finalidad que el Consejo Fiscal pueda pronunciarse sobre si concurría algún tipo de incompatibilidad con el desempeño de Delgado como fiscal de Derechos Humanos y Memoria y ser pareja de un letrado cuya labor profesional está muy ligada a dicho ámbito a través de la Fundación FIGBAR.

"Éxito garantizado", relación con Villarejo

Casi a la vez que comenzar a ser ministra de Justicia Delgado tuvo que dar explicaciones sobre relación con el comisario jubilado José Manuel Villarejo tras la difusión de unos audios grabados en 2009 en los que parecía aludirse al ya ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska como "maricón" y en los que el policía hablaba de crear una red de prostitución para obtener información de políticos. "¿Y ya está? Éxito garantizado", respondió la después ministra ante tal revelación.

El PP se querellará por prevaricación contra García Ortiz por el ascenso de Dolores Delgado

Otros aspectos polémicos de su gestión estuvieron relacionados con su papel clave en la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos o su posición equidistante con respecto a la demanda que el expresident Carles Puigdemont presentó en Bélgica contra el instructor del procés Pablo Llarena. Por sus decisiones fue reprobada hasta en tres ocasiones en el Congreso de los Diputados.

Destacaron igualmente las diligencias de investigación abiertas en relación con el emérito. Todas ellas acabaron en archivo por varios motivos: la inviolabilidad de Juan Carlos I mientras era jefe del Estado, la prescripción de los delitos que podía haber cometido y las regularizaciones fiscales que presentó por un valor de 5,5 millones de euros. La exfiscal general siempre mostró su satisfacción por el dinero devuelto al erario público gracias a las pesquisas fiscales, aunque no pudieran concluir en la interposición de una querella.

Cuestionada desde el CGPJ

El cuestionamiento de Delgado ganó enteros cuando saltó directamente del Consejo de Ministros a la cúpula del Ministerio Público en febrero de 2020, habiendo sido además diputada del PSOE por Madrid. Por esta razón, desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se limitaron a validar los requisitos técnicos para que accediera el cargo, eludiendo pronunciarse sobre su idoneidad. No obstante, siete vocales cuestionaron en dicho momento su imagen de autonomía e imparcialidad.

Esta falta de idoneidad fue recurrida por el PP y Vox ante el propio Tribunal Supremo, que dio carpetazo al asunto sin entrar en el fondo por la falta de legitimación de ambos partidos para cuestionar la elección del Gobierno. Por su parte, la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, cuestionó desde el principio su política de nombramientos, acusándola de favorecer a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), cercana al PSOE y de la que ella siempre ha formado parte hasta ser ministra. Uno de estos nombramientos, el del fiscal de Sala de Menores, Eduardo Esteban, fue recurrido ante el alto tribunal, que lo ha anulado hasta en dos ocasiones por falta de motivación. 

Caso "Stampa"

 Una de las decisiones que la enfrentaron al sentir mayoritario de la carrera destaca el denominado 'caso Stampa', por la no designación del fiscal del mismo apellido, adscrito al 'caso Villarejo', para una de las ocho plazas fijas en Anticorrupción que se ofertaban a finales de 2020, lo que supuso su expulsión de la causa. Las explicaciones dadas en dicha ocasión por el que era entonces jefe de la secretaría técnica, hoy fiscal general García, levantaron sospechas sobre el papel que éste y su jefa directa jugaron en torno a unas diligencias de investigación que se abrieron a este fiscal y terminaron en carpetazo. 

El Supremo anula por desviación de poder el ascenso de Dolores Delgado

Delgado, tercera mujer en acceder a fiscal general, abandonó el cargo por problemas de salud en julio de 2022. Unas semanas antes, la falta de apoyos parlamentarios obligó al PSOE retirar una polémica enmienda introducida en la reforma de la ley Concursal, y que pretendía asegurar por ley un puesto a Dolores Delgado entre los en la máxima categoría de la carrera fiscal cuado fuera cesada del cargo de fiscal general que todavía ostentaba. 

La maniobra parlamentaria levantó fuertes críticas de la oposición e incluso del socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, y de varios aliados parlamentarios, y apenas un mes después Delgado cesó como fiscal general sin que su estatus como fiscal de Sala estuviera asegurado. La situación se enmendó con su nombramiento como fiscal togada, una decisión personalísima de García Ortiz que fue la primera anulada por el Supremo hasta que este lunes el Supremo ha vuelto a cuestionar las decisiones de su sucesor García Ortiz respecto a su puesto como fiscal de Memoria Democrática.