Fiscal de Memoria Democrática

El Supremo anula el nombramiento de Delgado para determinar si es compatible con ser pareja de Garzón

El alto tribunal considera que el órgano asesor de Álvaro García debe pronunciarse sobre si es posible ser fiscal de Sala de Memoria Democrática y que su marido dirija una fundación de derechos humanos

Dolores Delgado.

Dolores Delgado.

Nuevo varapalo del Tribunal Supremo al fiscal general. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, lo que supone un nuevo cuestionamiento a la política de nombramientos de Álvaro García Ortiz. Así, se anula el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se la designó para esa responsabilidad y se retrotraen las actuaciones para que el Consejo Fiscal pueda pronunciars sobre si concurría algún tipo de incompatibilidad con su desempeño y ser pareja del exjuez y ahora abogado, Baltasar Garzón.

La decisión la ha adoptado la misma Sala que el pasado mes de noviembre anuló el ascenso a la cúpula fiscal de Dolores Delgado, llegando decir que con esta decisión Álvaro García Ortiz incurrió en "desviación de poder". Ahora el Supremo ha estimado los recursos contra el Real Decreto de 13 de junio de 2023 por el que se nombró a Dolores Delgado fiscal de Sala de la Fiscalía en Materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Los magistrados que componen la Sección Cuarta han acordado por mayoría anular el real decreto de nombramiento y la retroacción de actuaciones para que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si concurre o no la prohibición prevista en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que es el que recoge el régime de incompatibilidades, ha informado el Tribunal Supremo. La sentencia en su totalidad se conocerá en los próximos días.  

Tras varios aplazamientos, los magistrados han estudiado este martes los tres recursos presentados contra este nombramiento, cuando está a punto de cumplirse un año desde que Delgado ostenta el cargo. Lo impugnaron tanto la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la Carrera, como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez, a título particular, al considerarse perjudicado por la decisión del fiscal general.

Los recursos se centraban en la elección de Delgado tras un Consejo Fiscal -el máximo órgano consultivo de la Fiscalía- celebrado el 8 de junio de 2023 y que fue especialmente polémico. Una vez iniciada la reunión, los vocales de la Asociación de Fiscales y el de la organización minoritaria, un total de siete, insistieron en la necesidad de suspender la deliberación y votación de la plaza a la que optaba Delgado para aclarar antes si la candidata incurría en incompatibilidad por su relación con el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige una fundación destinada a los Derechos Humanos. Las pretensiones cayeron en saco roto.

Fuentes del alto tribunal señalan que no haber escuchado a la mayoría es precisamente el motivo de la anulación del nombramiento, porque el Consejo Fiscal debía haberse podido pronunciar sobre este extremo, con independencia de que después hubiera determinado que no había problema para la designación prevista por García Ortiz.

Los vocales de la AF y la APIF apuntaban igualmente a la premura para la designación, que obligó a adelantar el Consejo Fiscal para que los nombramientos pudieran materializarse antes del adelanto electoral del 23 de julio. Tras el debate, Delgado únicamente recibió el apoyo de un vocal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que pertenecieron tanto en su día tanto ella como García Ortiz - y de las dos vocales natas, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y la jefa de Inspección, María Antonia Sánz, ambos cargos de confianza del fiscal general.

En el adelanto del fallo realizado por el alto tribunal, la Sala de lo Contencioso-Administrativo no se pronuncia sobre este extremo y basa la anulación en la necesidad de que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si es compatible o no con el desempeño del cargo la trayectoria profesional de su pareja y que dirija una fundación de Derechos Humanos.