La fiscalía da carpetazo a todas las investigaciones contra el rey Juan Carlos

Cinco meses después de que se anunciara que las diligencias fiscales abiertas al rey emérito iban a ser archivadas, el ministerio público ha procedido a dar a conocer los decretos con los que se pone fin a la investigación realizada a Juan Carlos I por el cobro de una supuesta comisión de 65 millones de euros por la construcción del AVE a La Meca, por el uso de tarjetas opacas y por un fondo en el paraíso fiscal de Jersey, según se confirmó a este diario desde la Fiscalía General del Estado.

La suerte de las pesquisas que capitanearon Juan Ignacio Campos, teniente fiscal del Supremo hasta su fallecimiento el pasado diciembre, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se explica en varios motivos que se detallan a lo largo de dos decretos de archivo de las diligencias: uno por las iniciadas por las presuntas comisiones del AVE a La Meca, en las que se acumularon los gastos de familiares próximos con tarjetas opacas y los fondos de las fundaciones Lucum y Zagatka, y otro por las relativas al fondo descubierto en el paraíso fiscal de Jersey.

Estos son todos los delitos que la fiscalía atribuye al rey Juan Carlos pese a exonerarle

Cohecho o blanqueo

En el primer decreto, la fiscalía explica que "no ha podio establecer" que los 64,8 millones de euros que el rey de Arabia entregó al emérito a través de la fundación Lucum en Suiza tenga "vinculación alguna" con "la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril de alto velocidad en Arabia Saudí ni, por lo tanto, que dicha cantidad guarde relación alguna con una comisión". Añade que se "trataría de un regalo" que recibió como jefe del Estado, lo que podría ser constitutivo de un delito de cohecho, pero que "estaría claramente prescrito".

Añade que se ha analizado también si pudo ser constitutivo de un delito de blanqueo, al haber recibido ese dinero en la cuenta suiza de Lucum, como se oyó contar a la que fue amante del monarca, Corinna Larsen, contarle al excomisario José Manuel Villarejo durante una entrevista en 2015. La fiscalía señala que cualquier conducta en ese sentido acabó en 2012, por lo que estaría protegida por la inviolabilidad.

Pagar de más

En cuanto a los gastos realizados por familiares próximos a Juan Carlos hacían con una tarjeta a nombre de quien fue su ayudante de campo Nicolás Murga y alimentadas con el dinero por el empresario anglomexicano Allen Sanginés-Krause, la fiscalía señala que serían "donaciones sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones, motivo por el que realizó Juan Carlos I una primera regularización fiscal por un importe de 678.393 euros (559.361 euros más recargos e intereses de demora). La fiscalía señala que como ya habrían prescrito administrativamente la responsabilidad fiscal en la que incurrió por un importe de 19.696 euros, el emérito ingresó 16.748 euros de más a Hacienda.

La segunda regularización, por casi 4,4 millones (3.544.906 más 871.851 correspondientes a intereses de demora y recargos), ha servido para neutralizar cualquier delito que se pudiera haber producido con los vuelos por ocho millones de euros que le sufragó la fundación Zagatka, propiedad de su primo Álvaro de Orleans. La fiscalía afirma que "no se ha podido determinar con precisión la procedencia y la cuantía de los fondos consignados en las cuentas de la Fundación Zagatka ni los gastos y pagos efectuados por dicha fundación en su totalidad", aunque sí que entre 2014 y 2018 abonó cuantiosos gastos "por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento originados por Juan Carlos de Borbón, sus familiares y allegados".

La fiscalía señala que todos los servicios "han sido incluidos como renta sometida a gravamen en las declaraciones complementarias" presentadas por el emérito y que no existen ningún cargo en esas entidades que no hayan sido incluidas en las declaraciones. El decreto añade que "no existe ningún elemento regularizado que haga referencia a la compra y pago de armas de fuego", aunque en la cuenta de Zagatka aparece un cargo de 102.000 en 2018 por tres armas de fuego que costaron un total de 101.636 euros. La fiscalía considera que se trata de una donación sujeta al correspondiente impuesto por parte de Álvaro de Orleans al emérito, lo que supone una cuota tributaria por pagar de 30.411 euros, que no llega a los 120.000 euros necesarios para que haya delito.

Sin notificación formal

Tras declarar suficientes las regularizaciones hechas para saldar los delitos fiscales que hubiera podido cometer el emérito, el decreto pasa a comprobar si tuvo conocimiento formal de la iniciación de las diligencias de investigación. La conclusión es que "no podía tener conocimiento formal del inicio de las diligencias de investigación", por lo que se puede considerar que también cumplen el requisito de espontaneidad necesario para darlas por bueno. Añade que de la información remitida por Suiza tampoco se puede desprender reproche penal alguna contra el emérito por delito fiscal.

Señala que aunque no se haya podido actuar penalmente contra el rey emérito, por "la insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción del delito, al inviolabilidad del jefe del Estado y las regularizaciones", gracias a sus diligencias fiscales se han recuperado para las arcas públicas 5.095.148 euros.

Casi 15 millones de euros

El segundo decreto de archivo es el relativo al fondo descubierto en el paraíso fiscal de Jersey. La fiscalía concluye el Trust JRM 2004 se creó por Joaquín Romero Maura con unos fondos iniciales de 14.923.604 euros con los fondos procedentes de los trusts Tartessos y Hereu, constituidos por el empresario amigo del rey Manuel de Prado y Colón de Carvajal, ya fallecido, para hacer frente a un golpe de Estado o situación similar.

"Entre 2004 y 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas. En todo caso, a partir del 19 de junio de 2014, fecha en la que se hizo efectiva su abdicación y quedó sin efecto la inviolabilidad e irresponsabilidad que para el Rey de España establece el artículo 56.3 de la Constitución española, las disposiciones del JRM 2004 Trust lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna", afirma el ministerio público.

El abogado del emérito, Javier Sánchez Junco, ha señalado en un comunicado que, "sin perjuicio del estudio detallado que precisan", los decretos fiscales "concluyen que en ninguno de los casos que motivaron su incoación, existen circunstancias que permitan apreciar la existencia de ilícito alguno imputable" a su cliente o "conducta que sea susceptible de reproche penal". Anuncia que trasladará personalmente en los próximos días al rey su contenido y se reserva para la próxima semana las valoraciones que correspondan, así como de las "las decisiones que pueda tomar dos Juan Carlos".