Las claves de Isla Valdecañas: cronología de 15 años del polémico macrocomplejo hotelero

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido en su Pleno de este martes suspender de forma cautelar el derribo de la 'Isla de Valdecañas', el complejo urbanístico ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres, hasta adoptar una decisión definitiva sobre el fondo del asunto. Pero la luz verde a este complejo turístico llegó en 2007. ¿Qué ha pasado desde entonces?

Año 2007: Empieza la polémica

Se dio el visto bueno a su construcción. La Asamblea de Extremadura aprobó, con los votos a favor del PSOE y del PP (los únicos partidos que ocupaban todos los escaños) que Isla de Valdecañas fuera un Proyecto de Interés Regional (un PIR). Eso permitió recalificar los terrenos donde se iba a levantar el resort turístico, ya que hasta entonces estaban catalogados como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) donde no se podía construir porque era un lugar no urbanizable. Pero tras la aprobación del PIR, en ese mismo año se iniciaron las obras sobre algo más de 130 hectáreas de terreno protegido. Esto hizo que Ecologistas en Acción y Adenex estuvieran en desacuerdo con el proyecto.

El Supremo obliga a demoler todo lo construido en un macrocomplejo turístico de Cáceres

Entonces se inició la batalla judicial: estas organizaciones ecologistas llevaron hasta los tribunales la construcción al considerarla ilegal por estar en una zona incluida en la Red Natura 2000.

Año 2010: abre parte del complejo

En 2010 abrió parte del complejo. 185 chalés, un hotel de 80 habitaciones, un club social, un campo de golf de 18 hoyos, zonas de baño e instalaciones deportivas (pistas de tenis, pádel, una marina con 76 atraques...) ya estaban construidos. Había chalés vendidos y el hotel empezaba a funcionar.

Año 2011: primer varapalo del TSJEx

En 2011 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) consideraba ilegal el PIR aprobado por la Asamblea en 2007 y daba la razón a las organizaciones ecologistas. Obligaba a reponer los terrenos ya construidos a su estado original y se paralizaron las obras cuando ya estaba la primera fase del proyecto de construcción listo.

Ese mismo año la Junta de Extremadura recurrió la sentencia y modificó la Ley de Suelo para permitir la urbanización de terrenos protegidos para intentar dar cobertura legal al Proyecto de Interés Regional.

Año 2014: El Supremo da la razón a los ecologistas

El segundo varapalo vino en 2014, cuando el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de 2011 del TSJEx y mantenía que había que devolver los terrenos construidos a su estado original. En ese momento la Junta de Extremadura respondió alegando que era imposible ejecutar esas dos sentencias y demoler todo lo levantado.

Año 2015: La Junta solicita al TSJEx una evaluación pericial independiente antes del derribo

Tras las sentencias del derribo, la Junta de Extremadura solicitó un informe pericial independiente para determinar la incidencia que la construcción del complejo turístico ha tenido sobre el hábitat protegido para, entre otras cuestiones, poder establecer si esos efectos habían sido perjudiciales, neutros o beneficiosos para el hábitat y cuáles serían las consecuencias ambientales de una posible demolición. El TSJEx aceptó la petición y encargó el estudio a la Estación Biológica de Doñana, órgano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Año 2019: Llega el informe

El informe llegó en enero de 2019 a todas las partes y entre sus conclusiones estaba que a largo plazo tenía más perjuicios medioambientales mantener el complejo que derribarlo parcialmente. Luego hubo un periodo de alegaciones y una vista pública el 12 de septiembre en la que los peritos del CSIC se ratificaron en su estudio.

Ese mismo año, siete meses después de que el TSJEx planteara una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma de la Ley de Suelo que aprobó la Asamblea extremeña en 2011 para dar cobertura legal al complejo Isla de Valdecañas, el Tribunal Constitucional dio la razón a las organizaciones ecologistas y aseguró que efectivamente eran inconstitucionales aquellos cambios que se introdujeron solo veinte días después de la primera sentencia que obligaba a demoler el resort turístico.

Año 2020: Demolición parcial

El TSJEx ordena demoler solo lo que está a medio construir y mantener las 185 villas, el hotel y las instalaciones de ocio. Señala que el derribo total sería imposible, costaría 145 millones y que el resort no afecta al medioambiente. También ordena la demolición de las oficinas de la promotora y de la vivienda piloto y prohibió cualquier nueva construcción en la isla.

Año 2021: La Junta inicia los trámites para el derribo

Con un presupuesto de 64.945 euros, el ejecutivo autonómico encargó a la empresa pública Tragsatec que se ocupará de la redacción del proyecto de demolición de las construcciones inacabadas en el resort. El auto del juez indicaba también que los trabajos de derribo deben realizarse «de forma ordenada y programada» causando el menor perjuicio posible para el medio ambiente. 

Febrero de 2022: Demolición completa

El Tribunal Supremo obliga a la demolición completa del complejo Isla de Valdecañas y no solo parcial. Así, un nuevo fallo contradice ahora la decisión final tomada por el TSJEx sobre el futuro del complejo residencial y turístico, ubicado en los términos cacereños de El Gordo y Berrocalejo.

A falta de conocer la sentencia, la Junta por el momento no valorará esta decisión.

Junio de 2023: Paralización cautelar del derribo

El Pleno ha acordado la medida cautelar solicitada como parte de los recursos presentados por la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, y la comunidad de propietarios del complejo norte, centro y sur de la 'Isla de Valdecañas'. La votación se ha resuelto por seis votos a favor y cinco en contra, aprobando así la ponencia redactada por el magistrado Enrique Arnaldo.

La medida cautelar ha contado con el apoyo de los cuatro magistrados de la minoría conservadora --Arnaldo, Ricardo Enríquez, César Tolosa y Concepción Espejel-- y de sus compañeros del ala progresista Cándido Conde-Pumpido y Juan Carlos Campo. El resto de magistrados progresistas --Laura Díez, María Luisa Segoviano, María Luisa Balaguer, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez-- han votado en contra y han anunciado votos particulares.