Las dudas jurídicas y la bronca política envuelven el final de la ley de Doñana

La comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía ha tenido su última reunión para aprobar el dictamen de la proposición de ley que ampliará las hectáreas de regadío en la corona Norte del Parque Nacional de Doñana. La norma llegará al pleno para su aprobación definitiva la próxima semana, coincidiendo con el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. Eso restará foco nacional, la oposición desliza que por eso el PP ha elegido esa fecha, pero desde luego no decibelios en la bronca política entre los partidos andaluces. La ley es rechazada por la comunidad científica, que alerta del momento "dramático" que vive el Parque en mitad de una de las peores sequías de su historia. Estamos ante “la mayor crisis social, institucional y política en mucho tiempo” alrededor de la reserva natural, advirtió en el Parlamento el pasado junio Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación del Parque.

En esta última reunión, la izquierda dejó claro su rechazo rotundo a que la norma vea la luz y los promotores, PP y Vox, siguieron adelante sin cambiar ningún contenido respecto al texto registrado hace seis meses en la Cámara autonómica. Todas las enmiendas presentadas por los ecologistas y asumidas por los grupos de Por Andalucía y Adelante Andalucía, fueron tumbadas.

Como el Gobierno de la nación ya ha anunciado que el texto se recurrirá al Tribunal Constitucional, al considerar que invade competencias porque el agua de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir es competencia exclusiva del Estado, las dudas jurídicas sobre la ley estuvieron especialmente presentes. El PSOE llegó a decir que la norma estaba redactada con la “doctrina Ozores”, en referencia al actor y humorista Antonio Ozores, de lenguaje atropellado e ininteligible. El PP pidió que la letrada de la comisión parlamentaria revisara “de oficio” el texto antes de enviarlo para su aprobación a pleno pero el PSOE se opuso. Si hay alguna modificación técnica debería reunirse de nuevo la comisión, lo que queda fuera del calendario si se quiere aprobar la norma la semana que viene.

Revalorización del suelo

La proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva) se aprobará tal y como se registró salvo algunas puntualizaciones técnicas. Desde la oposición no disimularon su estupor y su incredulidad por la decisión del PP de seguir adelante pese a todas las advertencias severas recibidas en los últimos meses.

Estos terrenos ubicados en esos municipios de Huelva, a unos 30 kilómetros del Parque Nacional, revalorizarán de forma inmediata su precio, hasta multiplicarlo por diez al pasar de secano a regadío, aunque los agricultores no tendrán agua. Se trata de unas 1.600 hectáreas que en 2014, cuando entró en vigor tras una década de litigios y modificaciones un plan de ordenación de la fresa, se reclasificaron como suelo de secano o forestal. La Junta de Andalucía asegura que de las 650 explotaciones agrarias afectadas, unos mil agricultores, se revisará “caso a caso” y obtendrán licencias de regadío la mitad, unas 750 hectáreas.

"Es una aberración"

Maribel Mora, de Adelante Andalucía, consideró que la ley “supone amnistiar regadíos ilegales”. “Es una aberración y vergüenza para Andalucía. Se convierten en los enterradores de Doñana y la lápida la va a poner la Comisión Europea con multas que pagaremos todos”, advirtió. Desde Por Andalucía, Inma Nieto, lamentó: “Pensé que no íbamos a llegar a este punto”. La portavoz de izquierdas alertó del daño a la marca reputacional de los productos de Huelva en mercados extranjeros donde los compradores valoran la sostenibilidad y recriminó que salga adelante “pese al repaso que les ha dado la comunidad científica”. “Van a dar permisos a muchos que han estado produciendo de manera ilegal”, consideró.

El socialista Mario Jiménez recordó que el PSOE en la Junta y el PP en el Gobierno de la nación fueron capaces de ponerse de acuerdo en 2014 con la comunidad científica y el Consejo de Participación de Doñana para ordenar las plantaciones de fresa en 2014. “De 15.000 hectáreas que están en el limbo, 9.400 quedaron resueltos”, dijo el socialista. Sus críticas fueron también a la técnica jurídica de la ley, “una chapuza, de lenguaje de (Antonio) Ozores” que lamentó vaya a ser revisada "por su trascendencia más allá de nuestras fronteras". “La derecha se ha dejado arrastrar por el negacionismo de la extrema derecha cuando por primera vez la Unesco ha amenazado con quitar la catalogación como Patrimonio Mundial de la Humanidad y después de haber humillado a la comunidad científica”, consideró Jiménez, “esto abre una guerra y es una irresponsabilidad”.

Desde el PP, Manuel Andrés González, dijo que la oposición sigue “sin haberse leído la ley”. “No se va a amnistiar a ningún agricultor, mienten. El PP no les ha prometido agua a los agricultores, eso es mentira, nadie los ha engañado”, señaló. “El PSOE son los únicos responsables de la situación injusta que atraviesan, hemos tenido la mano tendida hasta el último momento, solo queremos resarcir el daño producido por anteriores gobiernos”, explicó el popular.

El diputado de Vox Rafael Segovia defendió que la posición de su partido es totalmente compatible con la conservación del parque porque "no toca el agua y se trata de un acto de justicia".