TRÁMITE FINAL

La Junta calcula que las hectáreas de Doñana beneficiadas por su ley de regadío multiplicarán por diez su precio

La norma llega al pleno en una semana sin cambios en el texto de PP y Vox, días después del aviso de la Unesco y con la advertencia de los ecologistas de que es “una amnistía a quienes se han saltado la ley”

Unos flamencos recorren una laguna completamente seca junto a Doñana, el pasado mes de agosto.

Unos flamencos recorren una laguna completamente seca junto a Doñana, el pasado mes de agosto. / EFE

La proposición de ley que amplía las hectáreas de regadío en la corona norte del Parque Nacional de Doñana enfila su recta final con la aprobación en comisión este martes del dictamen final, que llegará a pleno la próxima semana. El PP hará coincidir la luz verde a esta polémica norma con el pleno de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso la semana próxima. La proposición de ley, impulsada por PP y Vox, inició su tramitación el pasado mes de abril y se aprobará sin apenas cambios, solo unas modificaciones técnicas introducidas por los proponentes, pese a que tiene en contra al resto de la oposición, a la comunidad científica, la Unión Europea, la Unesco y el Gobierno de la nación, que ya ha anunciado que recurrirá de forma inmediata al Tribunal Constitucional y pedirá su suspensión cautelar.

El último informe de la Consejería de Agricultura sobre los precios de las tierras, por provincias y hectáreas, arrojan luz sobre lo que pasará con esos suelos, ahora forestales o de secano, ubicados en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Según esta tabla oficial de precios, que manejan los propios agricultores, esos suelos pasarán de valer 13.539 euros por hectárea a revalorizarse hasta los 140.362 euros. Multiplicarán por más de diez su precio, si se compara la tasación para una hectárea de secano, por ejemplo vid, al precio de una hectárea de fresón de regadío. Son los datos oficiales de la Junta de Andalucía, que defiende que lo único que pretende la proposición es cambiar la ordenación del territorio para subsanar una “injusticia” cometida hace una década que había dejado un problema enquistado en la comarca. A esos agricultores la norma le dará derechos de regadío pero no agua en superficie, que depende de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ha dejado muy claro que en un momento de drástica sequía no hay agua disponible en una zona especialmente vulnerable.

Revalorización inmediata

Estos terrenos ubicados en esos municipios de Huelva, a unos 30 kilómetros del Parque Nacional, revalorizarán de forma inmediata su precio aunque los agricultores no tendrán agua. Se trata de unas 1.600 hectáreas que en 2014, cuando entró en vigor tras una década casi de litigios y modificaciones un plan de ordenación de la fresa, se reclasificaron como suelo de secano o forestal. La Junta de Andalucía asegura que de las 650 explotaciones agrarias afectadas, unos mil agricultores, se revisará “caso a caso” y obtendrán licencias de regadío la mitad, unas 750 hectáreas. El Gobierno de Juan Manuel Moreno defiende que en ningún caso se trata de seguir esquilmando el acuífero de Doñana, un bien a proteger según la UE y la Unesco, con amenazas de multas inmediatas desde Bruselas si eso no ocurre. La proposición de ley deja claro que se trata de dar licencias de regadíos para que se use agua en superficie. El PP desliga la norma de los pozos ilegales que esquilman el acuífero, chupando agua de las reservas de Doñana, cuyo cierre, insisten, es competencia del Gobierno la nación, que acomete un nuevo plan para seguir clausurando extracciones ilegales de agua. Decenas de sentencias de los tribunales han denegado a estos agricultores sus derechos de regadíos en los tribunales.

Sin embargo, los ecologistas advierten de que muchos de esos agricultores que se verán beneficiados por la nueva ley son los mismos que han estado usando pozos ilegales. La Plataforma en defensa de los regadíos del Condado de Huelva, que aglutina a unos 1.500 agricultores que aspiran a ser beneficiados por la proposición de ley de Doñana que tramita el Parlamento andaluz, admite que sus agricultores reciben una media de entre “10 y 15 multas diarias”. Las sanciones provienen de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por la captación ilegal de aguas subterráneas que secan el acuífero de Doñana, y de la Junta de Andalucía, por los inspectores de ordenación del territorio y suelo, explicaron los afectados.

"Es una amnistía"

El portavoz de la organización ecologistas WWF, Juan José Carmona, es claro sobre este asunto: “Es inaceptable que una ley unilateral, con el rechazo de todos los que están implicados en Doñana, salga adelante y dé una amnistía del Gobierno andaluz a los que se han saltado la ley”, señala. Esa palabra “amnistía” o “indulto”, en el candelero de la política española por las negociaciones para la investidura del PSOE con Junts, es tajantemente rechazada por el presidente andaluz, que niega que se trate de eso y denuncia una “campaña de desinformación”.

Los ecologistas están convencidos de que el recurso del Gobierno al Constitucional saldrá adelante. El Ministerio para la Transición Ecológica, de Teresa Ribera, ha anunciado que solicitará su suspensión como medida cautelar hasta que el TC resuelva. Desde WWF no solo creen que hay una invasión de competencias, la concesión de agua depende de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de gestión exclusiva del Estado. Hablan además de una “vulneración del principio de igualdad entre los españoles”. “¿Por qué estos agricultores van a tener un derecho preferente sobre el agua que pueda llegar a Doñana en superficie respecto a otros? Porque ese es el sentido de la ley, dar derechos de agua de forma privilegiada a unos cuantos que son precisamente los que en muchos casos han estado sacando agua ilegal del acuífero”, remata Carmona (WWF).

Este portavoz, que no descarta acciones de los grupos ecologistas cuando la semana próxima se apruebe la norma, asistió al Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, reunido en Riad la semana pasada y que aprobó, sin enmiendas, un documento que reconoce los progresos realizados por las autoridades para reducir el uso de aguas subterráneas del acuífero de Doñana, pero reitera su "intensa preocupación en cuanto a la sobreexplotación de tres de las masas de agua". La Unesco pide además a España que presente un informe actualizado antes del 1 de diciembre de 2024. El responsable de WWF asegura que la preocupación existe en todas las autoridades internacionales congregadas en la cita de la Unesco y que esa resolución expresa con “un lenguaje muy diplomático” la “estupefacción” y la “sorpresa” que le trasladaron en ese foro porque la ley del regadío salga adelante en Andalucía.

Sin cambios

El pasado abril, cuando la proposición de ley inició su tramitación parlamentaria en mitad de una gran polémica con eco internacional, el presidente de la Junta aseguró que el proyecto de ley que amplía las hectáreas de regadío era “susceptible de modificaciones y cambios” y aceptó tocar todos los artículos que desde Bruselas el comisario de Medio Ambiente pidiera para que tenga encaje en la directiva europea. Eso no ha ocurrido. El Gobierno de la nación aseguró que el único diálogo posible se daría si antes se retiraba la norma. Bruselas eludió posicionarse sobre el texto y se limitó a recordar que ya hay una sentencia de la justicia europea que dispone multas y sanciones automáticas si no se protegen los acuíferos de Doñana.

La oposición de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han declinado registrar o negociar enmiendas al texto y han exigido que decaiga. Los ecologistas sí presentaron alegaciones que fueron asumidas por los grupos de la oposición y han decaído. Las únicas enmiendas incorporadas son 12 del PP y tiene carácter “puramente técnico”, relacionadas con la forma u ordenación del texto, en la línea de los cambios que planteaba el informe jurídico de valoración de la proposición. Se trata de cambios de numeración de párrafos, de sustitución del término "proposición de ley" por ley, concreción de los títulos de cada epígrafe (por ejemplo el referido a la creación de la oficina técnica que deberá revisar cada caso) o incluso la supresión de un párrafo de la disposición final para subirlo a la exposición de motivos, a fin de clarificar mejor las competencias entre administraciones públicas, clave para evitar el recurso de inconstitucionalidad.

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