POLÉMICA REGULARIZACIÓN

Medio millar de los 1.200 pozos ilegales que secan Doñana siguen sin precintarse

La Confederación del Guadalquivir deja claro que “no es verdad” que el trasvase vaya a solucionar los problemas de los agricultores porque el agua es para reparar el acuífero

Sequía Doñana

Sequía Doñana / EPE

El Gobierno tiene el objetivo de terminar la actual legislatura con el cierre de 1.200 pozos que beben de Doñana y secan su acuífero, su corazón hídrico. Pero el sellado no es una tarea fácil. Los datos del cierre de pozos en Doñana, proporcionado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, apunta a dos procedimientos en paralelo. Por un lado el cierre de pozos legales, que son sustituidos por el riego en superficie con los primeros hectómetros que llegan ya del trasvase del Tinto-Odiel-Piedra. Por otro, el cierre de pozos ilegales, mucho más complicado, que conlleva agotar todos los procedimientos administrativos, incluidos los contenciosos en los tribunales, con gran conflictividad social.

Decenas de sentencias dan la razón a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y ordenan el precinto aunque haya suelo de regadío. Lo importante, remarcan los tribunales, son los derechos de agua que otorga el organismo de la cuenca dependiente del Gobierno de la nación, que ya ha dicho que no habrá más hectáreas de regadío en un parque sobreexplotado por el turismo, en el núcleo de Matalascañas, y la agricultura intensiva.

Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica sobre el cierre de pozos en el entorno de Doñana, la regularización de la zona regable del llamado El Fresno del Guadalquivir, que se produce gracias a la entrada en funcionamiento de la primera parte del trasvase del Tinto-Odiel-Piedra a la demarcación del Guadalquivir, sustituyendo agua subterránea por agua superficial, ha permitido cerrar 443 pozos. Los trabajos comenzaron en 2021 y quedan pendientes 48, hasta un total de 491.

Otro ritmo tienen las ejecuciones forzosas. El dato global de los pozos en proceso de cierre sería de 716. De esos ilegales, 220 ya han sido cerrados. La mitad de forma voluntaria por los propietarios ante los requerimientos o notificaciones de la Confederación. La otra mitad por la propia propia Confederación. De esos, 70 se van a cerrar este verano. “El resto se hará cuando concluya el proceso de reclamación administrativa”, informa desde la CHG sobre el medio millar que siguen aún pendiente de precinto.

Legitimar a los 'ilegales'

La preocupación del Gobierno, que comparten los científicos del Parque Natural, es que el plan que tramita el Parlamento andaluz, que prevé la regularización de unas 750 hectáreas de suelo de regadío en la corona norte del Parque, bajo advertencia de multas millonarias de la UE y la amenaza de un recurso al Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de la nación, dé alas al lobby agrícola. Existe preocupación porque los agricultores a los que en 2014 les fueron reclasificados sus suelos como forestales, vetados al cultivo, se legitimen con un plan que creen que solo generará más conflicto y crispación en la comarca. El problema centra es que no hay agua.

La Junta de Andalucía defiende que su plan prevé la regularización de parte de 1.600 hectáreas para el riego con agua superficial y que el acuífero de Doñana está a salvo. El Gobierno de Juan Manuel Moreno defiende que hay que dar solución a este millar de agricultores que quedó en un “limbo” jurídico hace más de veinte años. La primera reordenación del suelo comenzó en 2003 por el ejecutivo socialista en Andalucía. Defienden hacer obras para que llegue agua en superficie.

Sin competencias

El presidente de la CHG reclamó que cada uno colabore y trabaje dentro de sus competencias. “La Junta con sus competencias de medio ambiente, ordenación del territorio y agricultura, nunca de gestión del agua en la demarcación de Guadalquivir”, advirtió Páez. El PP desliza que quizás en meses el Gobierno tendrá a Alberto Núñez Feijóo como presidente y todo cambie, porque la presidencia de la Cuenca del Guadalquivir dependería de los populares. También recuerdan que habrá cambio en la presidencia de la Comisión Europea en año y medio.

El máximo responsable de la demarcación del Guadalquivir dejó muy claro que “no es verdad” que los 15 hectómetros cúbicos previstos en el trasvase en marcha puedan solucionar los problemas de los agricultores ‘agraciados’ con el plan de PP y Vox en el Parlamento andaluz y que respalda la Junta de Andalucía. El presidente de la CHG recordó que la ley del trasvase, aprobada en diciembre de 2018 , y que sustituye a otro trasvase anterior de 5 hectómetros de 2008, es para “sustituir el riesgo de aguas subterráneas totalmente legales por agua superficial". De ese proyecto ahora mismo llegan 7,4 hectómetros cúbicos de agua, tres para abastecimiento del Condado de Huelva. “Esa ley de la que tanto se habla últimamente es de carácter ambiental. Se trata de recuperar el acuífero de Doñana”, señaló Páez.

De los 15 hectómetros cúbicos previstos quedan once por llegar, con las obras ya en marcha. Serán para sustituir aguas subterráneas con derechos consolidados por superficiales. “Cualquier otra pretensión de legalización de nuevas hectáreas se sale de la ley del trasvase”, advirtió, dejando claro que la proposición de ley que tramita el Parlamento andaluz no tendrá recorrido.

Otra de las obras de infraestructuras reclamadas por la Junta de Andalucía, el túnel de San Silvestre, está ya licitada con 64 millones de euros esta legislatura, pero sirve esencialmente para “garantizar las necesidades hídricas del 75% de la población y el abastecimiento de la provincia de Huelva”.

Salvar el acuífero

Sobre el agua que queda por llegar del trasvase del Tinto-Odiel-Piedra, el presidente de la Confederación Hidrográfica contradijo con rotundidad al Gobierno andaluz, que asegura que el destino está por decidir. “Quien decide dónde va a ir, quien lo piensa, lo gestiona y planifica es la CHG”, sentenció Páez, y ya tiene recogido en la ley que va a dos zonas. Una, a la que ya llegan recursos del primer tramo del trasvase, que es el Condado para la “recarga natural del acuífero”. El resto será para el entorno de Almonte, donde se dibujan los dos conos de depresión más importantes en el acuífero, lo que significa que en esas zonas el nivel del agua es “alarmantemente bajo”.

El agua en liza viene desde el Guadiana, cuenca internacional con Portugal, de ahí va al Tinto-Odiel-Pideras y con el trasvase a la demarcación del Guadalquivir. “No soluciona nada” para los agricultores que adquieran nuevos derechos sobre su suelo, “sencillamente no es verdad”, zanjó Páez, que recordó que el Plan Hidrológico que fija esos destinos estuvo seis meses en exposición pública y “no ha habido alegaciones importante respecto a la piedra angular” del proyecto, que es que “no ha lugar a nuevas hectáreas de regadíos en ningún punto de la cuenca, que no estuviesen previamente planificadas, ni en Granada, ni en Jaén, ni Granada”. Tampoco claro, en Huelva.

La Confederación también trabaja para acabar con el otro punto conflictivo, el núcleo turístico de la playa de Matalascañas, a través de varias actuaciones que permitirán clausurar más pozos para que todo el abastecimiento pase a ser superficial, como ordenó la Justicia europea en 2021.