La ley del regadío de Doñana inicia su trámite con gran bronca y ataques a un Moreno ausente

La imagen del escaño del presidente de la Junta de Andalucía sin Juan Manuel Moreno y lleno de arena como signo de airada protesta resume el bronco debate con el que durante una hora y media el Parlamento ha afrontado la proposición de ley del regadío en Doñana. Se sentía el aliento de los agricultores onubenses, que llenaban la tribuna de invitados y desde las puertas seguían acalorados lo que ocurría en el hemiciclo porque se habían colocado una televisión con altavoces para seguirlo en directo. Dentro, el Reglamento impide gestos o gritos y los ujieres de la Cámara estaban alerta. Aún así el murmullo y los insultos mascullados o los signos de aprobación eran audibles en esa tribuna. En la calle, los agricultores tenían libertad para sacudir a los portavoces de la oposición o aplaudir a rabiar a los de PP y Vox, como ocurrió. La oposición advierte de que esta proposición de ley va a alimentar la frustración y la indignación de los agricultores, consideran que se alimenta el conflicto social y avisan: "Es una farsa".

La proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva) ya ha comenzado su trámite en la Cámara con los votos de PP y Vox. Como se registró por procedimiento de urgencia posiblemente esté aprobada en julio y entrará en vigor al día siguiente. La norma viene a enmendar la ordenación del territorio que hizo la Junta socialista en 2014 y que eliminó 1.600 hectáreas del Condado de Huelva como suelo agrícola. Los cerca de mil agricultores que vieron sus fincas convertidas en suelo forestal tendrán una segunda oportunidad para volver a ser de regadío. El Gobierno andaluz calcula que aproximadamente la mitad podrán recalificar sus terrenos.

Se ampliarán las hectáreas para la fresa en un momento “crítico” y “dramático” para el Parque Natural, según los científicos, en mitad de la peor sequía en décadas, con la advertencia del Gobierno de la Nación de que irá a los tribunales y la “estupefacción e inquietud” de la Comisión Europea, que ya ha advertido por carta de que habrá sanciones y multas por desacatar la firme sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que ordenó cerrar pozos ilegales y aliviar la sobreexplotación de un acuífero que es el corazón de Doñana y se está secando por la agricultura intensiva y el cambio climático.

Duras críticas del Ministerio

El Gobierno ya ha informado de que recurrirá al Tribunal Constitucional. "Desde su arrogancia de señorito está haciendo un daño inmenso a los andaluces", advirtió la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que se preguntó: "¿Va a pagar de su bolsillo el señor Moreno?”. “Está muy bien no tener miedo cuando paga otro”, afirmó la ministra, convencida de que “es como asar salchichas quemando los cuadros del Museo del Prado”, una “arrogancia del señorito que dispara con pólvora del rey”.

La diana de los grupos de la oposición fue el presidente andaluz, que decidió no acudir a la Cámara. “Moreno se convierte en el referente nacional del negacionismo medioambiental”, señaló el socialista Mario Jiménez. La diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora volcó un tarro de arena sobre su escaño vacío para avisar de que van a convertir Doñana en “un desierto”. El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, le llamó al orden: “Si usted quiere llamar la atención cómprese un mono”. Desde Por Andalucía, Inmaculada Nieto, acusó a Moreno de ser el muñidor “un engaño formidable” y acusó a PP y Vox de emprender “un viaje a ninguna parte porque no hay agua”. De fondo, la oposición cree que todo se mueve por las elecciones municipales y pensando en un puñado de votos, sin pensar en el “daño reputacional” a Andalucía y a Doñana y al propio presidente andaluz, que vendió ser artífice de la “revolución verde” en la comunidad y siempre ha defendido su perfil medioambientalista. “Lo acabaremos pagando con dinero de los contribuyentes”, avisó Nieto.

Reproches al PSOE

El diputado socialista Mario Jiménez, oriundo de Moguer y conocido de los agricultores, fue el que se llevó más reproches murmurados de los invitados al pleno. Fue el Gobierno socialista en 2014 quien canceló sus explotaciones, “Payaso”, le dijeron mientras el exdiputado de Cs, Julio Díaz, ahora portavoz de la Plataforma en defensa de los regadíos del Condado, pedía templar los nervios tras asegurar que con esta iniciativa se saldaba “una deuda histórica”. A él se refirió el socialista como “el nuevo San Isidro Labrador”, tras calificar al titular andaluz de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, como “el consejero capitidisminuido” por lo poco que manda, según explicó. El Gobierno sostiene que este consejero aseguró al secretario de Estado de Medio Ambiente que no habría nueva proposición de ley de Doñana y a la semana siguiente, empujado por el PP de Huelva y por la presión de Vox, que libra una batalla electoral a cara de perro con los populares en la provincia onubense, se registró. “Es una farsa y un engaño”, sostuvo Jiménez, que aseguró que todo se hace “con dolo y frivolidad” por los votos de las municipales porque al presidente Moreno “le importa un comino la realidad de estas familias”.

"Soluciones y no ofensas"

Desde el PP, Manuel Andrés González, presidente del partido en Huelva, lamentó que solo se dediquen a “ofender” y decir “mentiras” sin dar ninguna solución a los agricultores. El discurso del PP insiste en que la proposición de ley se limita a ordenar los suelos y no habla de agua. Esa competencia es del Gobierno de la Nación y tendrá que ser la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la que dé derechos de riego, algo que ya ha dejado claro que no va a ocurrir. “Los alcaldes socialistas están de acuerdo y hay concejales del PSOE en las puertas con los agricultores”, aseguró el diputado popular, que consideró que “no vale ponerse de perfil” y hay que “dar soluciones” a “gente honrada y trabajadora” con “las manos llenas de callos”. “Son pequeños agricultores no grandes terratenientes”, afirmó. Desde Vox, Rafael Segovia, declaró que él como onubense “ama Doñana” y sostuvo que en Huelva “no hay ningún problema con el agua”. Si se ejecutaran obras hidráulicas pendientes de interés general del Estado, señaló tras negar efectos del cambio climático en la provincia, “tendríamos agua para inundar 24.000 hectáreas”. La mayoría de las obras que enumeró, como la presa de Alcolea, han sido descartadas por el Estado por su alto coste medioambiental.