Los agricultores de Doñana reciben "entre 10 y 15 multas" al día por cultivos ilegales

La Plataforma en defensa de los regadíos del Condado de Huelva, que aglutina a unos 1.500 agricultores que aspiran a ser beneficiados por la proposición de ley de Doñana que tramita el Parlamento andaluz, admite que sus agricultores reciben una media de entre “10 y 15 multas diarias”. Las sanciones provienen de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por la captación ilegal de aguas subterráneas que secan el acuífero de Doñana, y de la Junta de Andalucía, por los inspectores de ordenación del territorio y suelo, explicaron los afectados.

La Plataforma rechazó que la comisión técnica, que tendrá que decidir caso a caso cuántas de estas fincas vuelven a obtener su título de suelo de regadío, discrimine de forma negativa a los agricultores que hayan seguido cultivando y regando de forma ilegal en la última década. Consideran que no es competencia de esa norma, que se limita al suelo, y añaden que sería “inconstitucional”. Tampoco supieron decir cuántos de los agricultores de esta plataforma explotan sus fincas de forma irregular, negándose a establecer una división entre "regulares e irregulares".

Suelo y agua

Las multas, explicaron, sancionan un uso irregular del suelo. Por ejemplo que sea secano y esté plantado de regadío o que sea forestal y esté cultivado. O bien que se esté regando de forma irregular, con pozos ilegales. Pese a admitir una realidad “heterogénea” entre quienes forman parte de esta plataforma, su portavoz, Julio Díaz, aseguró que “no piden papeles” para saber cuántos de sus agricultores siguen cultivando frutos rojos pese a que su suelo fue excluido y vetado para regadío en el plan de reordenación de la fresa que aprobó la Junta en 2014. Ese plan es el origen del conflicto que ahora, de nuevo, ocupa la actualidad política. “Es un mapa hecho a jirones”, alegó el portavoz.

Los regantes afectados por la proposición de ley que, de la mano de PP y Vox, tramita la Cámara andaluza, bajo la amenaza de sanciones desde Bruselas, ofrecieron un encuentro informativo donde explicaron la situación que atraviesan cientos de agricultores en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Son propietarios de las fincas que quedaron excluidas de suelo de regadío hace ya diez años. Denuncian que se cometieron "graves injusticias" y que se decidió la clasificación del suelo con ortofotografías que, en ocasiones, cometieron importantes errores.

Entre los comparecientes estaba un agricultor, Javier Gutiérrez, a quien esa regularización le dejó fuera de un trozo de su finca, ocho hectáreas. Explicó que en el momento de la fotografía aérea su cosecha ya se había recogido y los plásticos se habían recogido. Sigue explotando el resto de su finca y se ha “hipotecado” para comprar más terrenos en Lepe, donde ha extendido su producción de berries. En esas ocho hectáreas siembra cereales, porque son de secano. “No a todo el que se compre un coche de alta gama que corra a 200 kilómetros se le presupone que va a incumplir la velocidad. No todos los agricultores somos iguales”, defendió.

Conflicto social

El encuentro también dejó constancia de la tensión que se vive en la zona entre los agricultores que apoyan el plan y los que lo rechazan. El portavoz de la Plataforma acusó al Ministerio de haber buscado “la división” concediendo derechos sobre aguas subterráneas, “directamente de la marisma madre”, a algunos agricultores de Almonte, que se salieron de esta asociación y ahora se oponen al plan de regularización de regadíos.

El plan andaluz en marcha, que el Gobierno ya ha avisado de que recurrirá al Tribunal Constitucional, no dará derechos a las 1.600 hectáreas. Lo hará aproximadamente a la mitad, unas 750. Muchas familias se seguirán quedando fuera de la nueva regularización. Los representantes de la Plataforma en defensa de los regadíos del Condado de Huelva lamentaron que se diga de forma “despectiva” que pinchan el subsuelo de Doñana, que son “ladrones”, “piratas” de agua o “terroristas medioambientales”. “Allí hay mucho sufrimiento”, sostuvo su portavoz, advirtiendo de que esos términos “hacen daño a las familias”. Lo que se negaron es a aclarar cuántos de los miembros de esta plataforma, que nació en 2012, la Junta trabajaba desde 2003 en la ordenación de la zona, siguen cultivando de forma irregular. “No voy pidiendo los papeles para ver dónde son sus tierras y de dónde no. Son las administraciones las que tienen los datos”, afirmó Julio Díaz.

Una regularización general

“Queremos que se nos trate igual que antes de 2014”, reclamaron, no que se hable de “regulares e irregulares”. Piden que se emprenda un “proceso de regularización de captaciones” de agua. “Lo que debería hacer el plan es regularizar todas las captaciones, pero de forma injusta se discriminó a una serie de captaciones respecto a otras, injusta o errónea. Esa es la situación. No son unos señores que han decidido ir y pinchar un pozo pirata, eso no se ajusta a la realidad. Es lo que llevaban haciendo toda la vida”, alegaron.

El asesor legal de la Plataforma, Javier Domínguez, consideró que distinguir, a la hora de la nueva regularización de hectáreas de regadío, a aquellos que han tenido prácticas irregulares y han seguido cultivando frutos rojos sería “inconstitucional y una invasión de otras competencias”, ya que la norma legisla sobre el suelo, no sobre el agua, competencia del Gobierno de la nación. “Vincular esto con el agua es una gran falacia”, sostuvo, recordando que nunca ha existido paz social en la comarca y que el plan de 2014 recibió más de 3.600 alegaciones y cientos de contenciosos, perdidos en los tribunales, dijo, por decisiones “discrecional” de los jueces.

“No sabéis hasta que punto esta ley supone un bálsamo para muchas familias. Se imponen entre 10 y 15 multas diarias a los agricultores de la zona. ¿Saben cuánto es eso en un trimestre? Están temblando. Solo quitarle esa presión es un bálsamo importantísimo”, señaló Julio Díaz. Después matizaron y recogieron cable. Las multas si se hace un mal uso del agua van a seguir llegando. “No es un bálsamo legal o tangible sino por el reconocimiento de una injusticia. Es duro entender que venga una norma deprisa y corriendo y te deje media finca fuera, y a partir de ahí te señalen y te califiquen como pirata por realizar algo que venías haciendo toda tu vida”, corrigió.

"Hay agua"

“Sabemos que vamos a tener un papelito que diga que nuestra tierra es de regadío y vamos a tener que esperar que llegue el agua superficial para regar esas tierra, pero se reconocerá un error histórico”, señaló el agricultor afectado. El asesor técnico de la Plataforma Juan Manuel Ponce insistió en que, más allá del destino de los 19,99 hectómetros cúbicos que vendrán del trasvase del Tinto-Odiel-Piedras, que la Confederación del Guadalquivir ya ha asegurado que está empeñada en reparar el acuífero de Doñana, hay más agua. “Hay casi 40 hectómetros cúbicos de agua regeneradas, muchas de la depuradora de Huelva, que no se están utilizando en la actualidad, que están ociosas. Además de muchas infraestructuras sin hacer como la presa de Alcolea”, ejecutada al 30% y que se paró porque los técnicos aseguraron que el agua contenía minerales y no servía para el riego. “Hay muchos más recursos que pueden abastecer a nuevas superficies”, concluyó este asesor.