Bruselas y 1.100 científicos, contra la legalización de regadíos en Doñana

Mientras Bruselas da un nuevo tirón de orejas a la Junta de Andalucía por su intención de legalizar los regadíos ilegales de Doñana, más de 1.100 científicos han firmado un escrito reclamando que se desista de este propósito. Estos expertos señalan que el parque nacional está en proceso de deterioro y gran parte de la responsabilidad de ello lo tienen precisamente dichos regadíos clandestinos.

La Comisión Europea continúa «muy preocupada» por el impacto que pueda tener en el humedal del Parque Natural de Doñana la determinación de la Junta de Andalucía de seguir adelante con la ampliación de regadíos en la zona a pesar de la sentencia en contra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que sigue esperando explicaciones de parte de las autoridades y se mantiene dispuesta a tomar medidas legales.

Así lo ha indicado el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, en una respuesta parlamentaria a varios eurodiputados del PSOE que pidieron a Bruselas su opinión sobre la iniciativa de PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía para regularizar 1.400 hectáreas de regadíos ilegales en Doñana.

Ya el pasado febrero, el Ejecutivo comunitario informó en una carta formal al Gobierno español de sus dudas respecto a que se estuvieran tomando las «medidas necesarias» para cumplir la sentencia europea, consideró «desconcertante» el nuevo proyecto andaluz para ampliar los regadíos y advirtió de que ello «agravarían la situación y pondrían en grave riesgo».

La UE aún espera explicaciones

Casi un mes y medio después de ese primer aviso, el comisario explica ahora a los eurodiputados que aún espera «aclaraciones de las autoridades españolas sobre esta propuesta» y que ha advertido al Estado miembro de que Bruselas está dispuesta «a utilizar todos los medios a su disposición como guardiana de los Tratados para garantizar la plena ejecución de la sentencia», en referencia a la posibilidad de devolver el caso a la Justicia europea para solicitar una multa por el incumplimiento.

En este sentido, Sinkevicius detalla que España «debe abordar las causas del deterioro de los hábitats naturales en el entorno de Doñana y asegurar el pleno cumplimiento» de las directivas sobre el agua y sobre hábitats.

Asimismo, el comisario aclara que independientemente de la elección de procedimiento por parte de las autoridades españolas, «éstas están obligadas a dar cumplimiento a la sentencia citada y la información disponible».

El tribunal de Luxemburgo dictaminó el pasado junio que España debería haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana, motivo por el cual declaró el incumplimiento de las directivas europeas del Agua y de Hábitats.

La sentencia de junio también señaló que no se han adoptado «medidas apropiadas para evitar las alteraciones apreciables de los tipos de hábitats protegidos» situados en las zonas ‘Doñana’, ‘Doñana Norte y Oeste’ y ‘Dehesa del Estero y Montes de Moguer’.

1.100 científicos piden protección

Mientras tanto, un total de 25 sociedades científicas estatales que forman parte del Grupo de Sociedades Científicas por la Conservación del Patrimonio Natural (SOCINAT), junto con 1.109 investigadores y científicos del ámbito de la biodiversidad y geodiversidad, han firmado un manifiesto a favor de la protección de Doñana y contrario a la legalización de cultivos en el entorno del parque nacional.

Este documento explica que la información sobre la evolución de los diferentes parámetros hidrogeológicos, hidrológicos y biológicos de Doñana, resultado de los múltiples estudios llevados a cabo en las últimas décadas, no deja margen de duda sobre el deterioro del parque nacional. Por lo tanto, insisten en el hecho de que se debe replantear el modelo de planificación y gestión territorial en la zona, remediarse las amenazas que se ciernen sobre este espacio natural y evitar cualquier incremento de la superficie de regadío en el entorno.

“Al crecimiento legal de miles de hectáreas de nuevos cultivos se une el crecimiento desordenado de la agricultura, con centenares de extracciones ilegales de agua e incluso ocupaciones de montes públicos que son roturados para poner invernaderos. Este intenso consumo de agua hace que el acuífero descienda, con lo que las lagunas del interior del área protegida dejan de llenarse y desaparecen.”, explicaba a SINC Eloy Revilla, investigador del CSIC y director de la Estación Biológica de Doñana, en un artículo de opinión publicado el pasado mes de junio.

Unos daños que se agravarán

Además, con un respaldo sin precedentes en el campo de la ciencia española, el manifiesto apunta que ya existen afecciones dañinas sobre el ecosistemas y enumera importantes cambios en la distribución de las comunidades vegetales. A esto hay que sumarle la desaparición de plantas, tendencias negativas relevantes en especies amenazadas de aves, y en organismos dependientes de hábitats acuáticos, como libélulas, peces, anfibios, reptiles y un largo etcétera, que están erosionando gravemente la biodiversidad del parque.

También señala que la resiliencia del ecosistema ya ha sido gravemente afectada y que la tendencia se agravará y tornará irreversible si no se limitan las causas del drástico cambio que está sufriendo Doñana y su entorno.

“Las especiales comunidades vegetales que cubrían las cubetas de las lagunas temporales están siendo sustituidas por matorral y pinar, mientras que las plantas y animales acuáticos de Doñana son cada vez más raros. El descenso del nivel freático está detrás de estos cambios”, indicaba Revilla.

Por ello, lamentan la decisión tomada por el Parlamento de Andalucía, pese a la oposición del Gobierno Estatal, el organismo de cuenca, las organizaciones ecologistas, sociales y políticas, buena parte de los agricultores afectados y las advertencias de organismos internacionales.

Ante esta situación, las sociedades científicas e investigadores firmantes desde diferentes ámbitos de la ciencia, manifiestan que las presiones globales a las que se enfrenta Doñana son alarmantes e insostenibles, que cualquier incremento de la superficie de regadío resulta una amenaza que desoye la evidencia científica, y que la legislación presenta herramientas suficientes, que deben aplicarse, para frenar el deterioro al que se encuentra sometido Doñana.