El Supremo condena a la Comunidad de Madrid por un despido en el Hospital de Fuenlabrada y abre la puerta a un pago millonario

Por primera vez, el Tribunal Supremo ha reconocido que el despido de una de las trabajadoras, a las que echaron para que sus puestos fueran ocupados por personas que habían conseguido plaza en la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2019, fue improcedente. Lo ha hecho en una sentencia que marca un precedente para, al menos, otros 70 trabajadores, incluidas enfermeras, celadores o mozos de almacén, que pasaron por lo mismo.

Los hechos se remontan a 2022. Ese año, el Hospital de Fuenlabrada, despidió a 71 trabajadoras y trabajadores interinos de mayor antigüedad para cubrir los puestos de los opositores que habían conseguido las plazas fijas que se convocaron en la Oferta de Empleo Público (OPE), aprobada con motivo de la ley estatal de estabilización de los empleados públicos. Pero el criterio legal, como explica Comisiones Obreras (CCOO) establece que debe abandonar su puesto el personal no fijo de menor a mayor antigüedad.

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De esos 71 profesionales cesados en el Hospital de Fuenlabrada, al menos 40 demandaron a la Consejería de Sanidad, responsable final y subsidiaria de esta decisión que para CCOO era ilegal. Todos los casos juzgados por esas demandas presentadas por cese improcedente -en casos de interinos con antigüedad de entre 12 o 16 años- obtuvieron el respaldo de los tribunales en primera instancia, pero fueron recurridas por la Administración ante el Tribunal Superior de Justicia.

Hasta llegar al Supremo, que finalmente ha dado la razón a CCOO y ha reconocido que ha habido irregularidades en esta sentencia firme. Ahora, el sindicato estima que las compensaciones económicas que tendrá que desembolsar la Comunidad de Madrid por la irregularidad en estos ceses estará en torno a 1.120.000 euros.

Doble perjuicio

El sindicato considera que esta medida ha generado un doble perjuicio a los afectados. "Hay profesionales interinos con más de 12 años de antigüedad en el centro que fueron cesados, mientras que otros de menor antigüedad siguen trabajando", indica el sindicato en un comunicado. En él, añaden que si se hubiese seguido el criterio que marca el Tribunal de Justicia Europeo, y al que apela CCOO, tendrían que cesar a los interinos con antigüedad de menos de tres años de contrato, cuyo coste de indemnización sería cero, y a interinos con cuatro o cinco años de antigüedad máxima, cuya indemnización no sobrepasaría los 100 días.

Más de un millón

Quince de las demandas presentadas fueron de enfermeras y trabajadores sociales, y las indemnizaciones por cada uno de estos ceses se cifran entre 30.000 y 40.000 euros (600.000€). Las 26 demandas del resto de las categorías (520.000€), están entre 15.000 y 20.000 euros de indemnización por profesional.

Un portavoz de CCOO explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que entre los trabajadores perjudicados no hay ninguna médica ni médico, ya que "el 99,9% de ellos ocuparon la plaza fija a la que optaban". Lo que sí podría haber son más demandas de las otras 31 personas que no han recurrido por medio de este sindicato, pero podrían haberlo hecho con otros o de forma individual, ya que estos procesos no pueden hacerse de forma conjunta.

CCOO considera que, además de una ilegalidad, la "actuación del Gobierno regional constituye un nuevo episodio de mala gestión y derroche de dinero público".