Cuando tu casa es "casi una cárcel": ni Pepi ni otros 1,35 millones de personas mayores pueden acceder de la calle a su hogar

Desde su calle en el madrileño barrio de Almendrales, en el distrito de Usera, hasta la puerta de su casa, Pepi debe subir 52 escalones. Dos más si quiere acceder a la zona en la que tiene la televisión y el sofá en su salón. El problema es que tiene osteoporosis, una enfermedad que se caracteriza por una disminución de la densidad de los huesos a causa de la pérdida del tejido óseo normal. Eso hace que, de un tiempo a esta parte, las piernas no siempre le respondan como ella quiere. Así que no le queda otra que pasar los días, las tardes y las noches encerrada en su hogar, acompañada por su gata Valentina. Hasta que algún día consiga su ansiado ascensor.

"Paso dos semanas enteras aquí en casa. A no ser que tenga que ir al médico o a ponerme una inyección... estoy en casa", asegura. "Para mí, tener un ascensor significaría todo. Podría bajar a darme un paseíto, aunque fuese con el bastón. Me encantaría. Pero es que ahora me da miedo bajar sola porque es que me voy para los lados", añade. Afirma que todos los vecinos de su edificio quieren mejorar la accesibilidad; que hace ya años que el administrador de su finca les dijo que había pedido la subvención que otorga la Comunidad de Madrid para ello. Pero, a día de hoy, no saben nada.

Ni aceite, ni calefacción: 2,5 millones de personas con empleo remunerado en España son pobres

Así que Pepi pertenece a ese 35% de los 4,73 millones de mayores de 75 años que tienen dificultades para acceder desde la calle a su vivienda, según un informe realizado por la Fundación Mutua de Propietarios y la Cátedra de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili. Bien porque no haya ascensor, bien porque tienen que hacer frente a algunos escalones, muchas de estas personas se encuentran atrapadas en sus hogares por sus problemas físicos o de salud. Para ellos, salir a comprar el pan, el periódico o ir a la actuación de su sobrino o un nieto resulta un reto que requiere ayuda.

La importancia de las visitas

A Pepi, esa ayuda se la ofrece Rebeca González, una voluntaria de la Fundación Grandes Amigos, de 28 años, o la pareja de esta, a la que llama -con su permiso- "mi chico". También su nieto y su hija, que cada tarde sube para llevarle la comida. Cuando habla con este periódico lleva el pelo impecable, un pañuelo a juego con la ropa y los labios pintados de rojo. "Eso es lo que me da alegría a la cara", apunta. "Soy miope, entonces nunca me he podido pintar los ojos. Tampoco me he depilado. Ahora, mis morretes siempre rojos", cuenta entre risas.

En un momento dado de la entrevista somos cinco personas más la gata. Pepi habla de su pasado y también de su presente. Explica cómo se las apaña para moverse por casa. O los sitios donde se ha caído o se ha dado un golpe que le ha de dejado algún hematoma por el cuerpo.

Cuando está sola, le toca entretenerse como puede. Muchos ratos lo hace viendo programas y sorteos en la televisión. "Yo que cosía... Y ahora esta mano se me queda fría y se me duerme. Ya me ha dicho el médico que me observe, a ver si se me ponen las uñas negras. Así que bueno, pues otra cosita más para apuntar". Todas sus esperanzas e ilusión estaban puestas en que le operasen una pierna, la que lleva fastidiada más tiempo. Pero otro doctor ya le ha anunciado que no se puede someter a una intervención quirúrgica así por las "dos cositas de pulmón y corazón" que tiene. "Y ahora me han dicho que tengo otra del esternón. Así que hala, a tomar por saco. Ya te puedes morir. ¿No me pueden hacer nada?", se pregunta.

Antes de eso, Pepi iba a un centro de su barrio a bailar bailes de salón. Alguna vez se juntaban en Lavapiés. Y previamente, estuvo años cuidando de su marido con párkinson. Y antes de ejercer a tiempo completo como cuidadora, trabajaba en una fábrica de tripas. Se sacó el carné de conducir en cuanto su esposo se puso peor, y en coche llevaba a sus hijos a una finca que tenían algo lejos y que cuidaba prácticamente sola. Era activa. Ahora, depende de que la vayan a buscar y le ayuden a bajar esos eternos 52 escalones para poder darse una vuelta o para ir al centro de día, donde irá, sobre todo, para que un psicólogo le ayude a manejar los duelos por las pérdidas de su vida, entre ellas su hijo.

La salud se ve mermada

"La falta de accesibilidad, por barreras arquitectónicas, es un factor de riesgo de múltiples problemas de salud, tanto físicos como mentales. Quizá lo más tangible sea la salud física, que se ve deteriorada por no poder salir de casa", explica José Ángel Palacios, de la Fundación Grandes Amigos, donde unen a personas mayores, con perfiles similares al de Pepi (mujeres octogenarias con problemas de movilidad, enfermedades crónicas y pensiones bajas) con otras más jóvenes, pero afines entre sí, para generar relaciones de igualdad.

Palacios nombra cómo la falta de ejercicio y movimiento llevan a un atrofiamiento muscular y al empeoramiento de esas enfermedades que ya tuviera la persona. Pero también afecta a nivel anímico y mental: hay más posibilidades de que la persona padezca ansiedad, depresión y problemas de autoestima, lo que, a su vez, asocian a la soledad no deseada. No poder salir de su casa, que "se convierte casi en una cárcel", hace que se encierre en sí misma, por muy sociable que haya podido ser en otros momentos de su vida.

"Al tener que depender continuamente de otros para moverse por la vivienda o salir y entrar de esta, la persona con movilidad reducida se siente aislada y apartada de la sociedad. Tiene la sensación de estar atrapada en la casa", apunta Laura López Demarbre, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Mutua de Propietarios. Un problema que se relaciona con el deterioro cognitivo. "Todo esto ocurre cuando la soledad uno de los factores de riesgos de mortalidad temprana de la vejez", añade Palacios. Y cuando en el año 2050 habrá 15,5 millones de mayores en España según las proyecciones del INE. Casi una de cada tres personas.

Problemas para poner un ascensor

El Código Técnico de la Edificiación, así como la normativa vigente en cada comunidad autónoma, son bastante estrictos a la hora de exigir condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso a los edificios. El problema es que solo se aplica a las viviendas construídas a partir de 2015. En las anteriores, la posible obra tiene que llevarse a votación de los propietarios.

Aunque en el caso de Pepi parece que todos los vecinos están de acuerdo en que quieren colocar un ascensor, este es uno de los elementos que suelen provocar más controversias entre los vecinos de una comunidad, sobre todo cuando algunos consideran que no es necesario (normalmente los que viven en los pisos más bajos) y otros lo consideran prioritario. 

El artículo 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que "la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor" requiere el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación. Las obras las tiene que sufragar al comunidad así que, aunque algún vecino haya votado que no, le toca pagar. Y aquí vienen los líos.

No todos los vecinos pueden pagarlo

Para que los síes ganen a los noes, están las subvenciones para la accesibilidad que en estos momentos vienen de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "Lo que pasa es que la petición y gestión de estas ayudas va en función de la renta. Es súper compleja. En un edificio de varios propietarios, aunque den ayudas para pagar cierto porcentaje del ascensor, la gente no siempre tiene dinero para hacer frente al resto, aunque sea poco. Hay barrios enteros en los que es imposible que esos habitantes puedan acceder a hacer la accesibilidad de un bloque de viviendas plurifamiliar. Es muy complicado", asegura Filomena Pérez Gálvez, directora de la Cátedra Vivienda Emvisesa, nacida de la colaboración entre la Universidad de Sevilla y la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de la capital andaluza.

Tampoco es fácil poner un ascensor en viviendas sociales de los años 50 y 60, donde apenas hay hueco. El estudio de la Fundación Mutua de Propietarios y la Cátedra de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili puso de relieve que hasta un 87% de los edificios de viviendas necesitan realizar actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas para mejorar su accesibilidad. En concreto, un 17% requiere instalar un ascensor; el 56% tiene porteros automáticos no accesibles desde una silla de ruedas; dos de cada tres tienen sus buzones elevados; y el 48% de los portales necesita un abrepuertas motorizado porque pesa demasiado. Otro 22% necesita instalar una rampa para salvar el escalón de acceso al portal. Pérez Gálvez explica que, al menos en Sevilla, mucha gente opta por poner una ilegal ante la dificultad de que el ayuntamiento les dé permiso para ocupar la vía pública.

Las barreras relacionadas con el ascensor son las actuaciones con un mayor grado de prioridad, ya que el 49% de quienes no cuentan con él lo reclaman como una medida urgente, de la misma manera que más de la mitad de la población lo considera esencial mejorar la accesibilidad del portal hasta el ascensor con una plataforma elevadora eléctrica o una rampa. Además, el 63% de los españoles está de acuerdo con que un edificio accesible revaloriza sus inmuebles, pero seis de cada diez encuestados ve poco o nada probable realizar las mejoras de accesibilidad que se necesitan en su edificio. La falta de acuerdo entre vecinos (47%) y los motivos económicos (55%) son las principales razones expuestas.

Un 84% de las solicitudes son denegadas en Madrid

En la Comunidad de Madrid, donde reside Pepi, del total de 8.753 solicitudes en las convocatorias de 2019 a 2022, se ha beneficiado un total de 1.417 finchas. Es decir, el 16%. El 84% restante se ha quedado fuera por falta de presupuesto, según fuentes de la Consejeria de Transporte y Vivienda. "Recordemos que este plan estatal está infradotado (67, 9 millones de euros). Además, hay que tener en cuenta que el porcentaje que cubren las ayudas estatales oscila entre el 40 y el 60% de las actuaciones", afirman.

Explican que la Comunidad de Madrid convocó una línea de ayudas para la instalación de ascensores en edificios de viviendas, que cubren hasta el 80% de las actuaciones, siempre y cuando no supere los 90.000 euros por edificio. El coste de la actuación media (incluidos IVA, honorarios, gastos gestiós y otras actuaciones de accesibilidad, más allá del ascensor) es de aproximadamente 130.000 euros. Según los datos de la Asociación Empresarial de Ascensores de Madrid, eso supone entre 6.000 y 10.000 euros por vivienda, dependiendo del número de plantas y del número de vecinos por planta.

"Las importantes carencias en accesibilidad suponen una discriminación de los derechos fundamentales de las personas mayores como la libertad de residencia y circulación, el libre desarrollo de la personalidad o la igualdad", afirmó, con la publicación del informe, Laura López Demarbre. Por eso, expertas como Filomena Pérez piden a las administraciones que estén más sensiblizadas. Sobre todo cuando, a día de hoy, o pueden pagarse su parte de ascensor, o la alternativa es vivir encerrados y, por tanto, solos.