Bolaños contacta con el Govern de Aragonès para aplacar el malestar de ERC tras las cesiones a Junts

Necesitado de contar con la colaboración tanto de ERC como de Junts para sacar adelante cada una de sus iniciativas en el Congreso, el Gobierno admite que su doble dependencia de los partidos independentistas catalanes complica los acuerdos. Las cesiones a los posconvergentes suelen molestar a los republicanos y a la inversa. Este miércoles las contrapartidas cayeron del lado del partido de Carles Puigdemont. A cambio de la abstención de sus siete diputados en los tres primeros reales decretos de la legislatura, que contenían importantes medidas sociales, Junts obtuvo el compromiso de que una futura ley orgánica delegará a la Generalitat las competencias en migración, la asunción por parte del Estado de las bonificaciones al transporte público en Catalunya, una reforma de la ley de sociedades para propiciar el retorno a la comunidad autónoma de las empresas que se marcharon durante el ‘procés’ de 2017, la publicación “inmediata” de las balanzas fiscales y la rebaja hasta el 0% del IVA al aceite, que hasta ahora se situaba en el 5%. 

La sorpresa y malestar de los diputados de ERC era evidente cuando se conoció este acuerdo. Para cambiar este clima con un partido que ya fue crucial en la pasada legislatura, a diferencia de Junts, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha hablado a primera de la mañana de este jueves con el Govern de Pere Aragonès. Las relaciones de Bolaños con los republicanos son muy fluidas y están asentadas.

Fuentes del Govern consultadas por EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, explican que este jueves por la mañana la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, le ha enviado un mensaje al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pidiéndole explicaciones por el acuerdo. Según las mismas fuentes, Vilagrà ha obtenido el compromiso de Bolaños de que la Generalitat será informada, pero a media mañana aún no habían hablado. En consecuencia, en la plaza Sant Jaume siguen esperando a que la Moncloa dé el paso. Desde el equipo del ministro se ratifican por su parte en que “ha mantenido contactos con el Govern”, pero evitando concretar cómo y con quién.

El Gobierno sale tocado y asume que deberá cambiar las “formas” de negociación tras el susto con Junts

El Ejecutivo catalán, además, será quien tenga que hacer el cálculo de las balanzas, así como gestionar las futuras competencias de inmigración. El acuerdo, según los posconvergentes, incluye "la publicación inmediata de los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales" con lo que prendente poner cifras al déficit fiscal de Catalunya. Es por ello que se matiza desde el Ejecutivo que por su parte se dará acceso a los datos para que la Generalitat haga su balanza. Esta cuestión fue uno de los precedentes del choque entre el Gobierno central y la Generalitat antes del 'procés'.

En una entrevista en La 1, el ministro ha confirmado todas estas contrapartidas a Junts a cambio de unos decretos que incluyen la gratuidad del transporte público para los usuarios frecuentes, la subida de las pensiones, la suspensión de los desahucios hipotecarios para familias vulnerables y reformas que son condición previa para la recepción de una parte importante de los 10.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos.

Pero al acuerdo con los posconvergentes aún le queda mucho por concretar. Por ejemplo, en materia migratoria. La delegación de las competencias a Catalunya tendrá que llevarse a cabo a través de una ley orgánica (lo cual implica 176 votos a favor en el Congreso: es decir, el apoyo del bloque de investidura), pero sigue sin estar claro en qué consistirá. Los ministerios de Interior e Inclusión, sobre los que ahora recaen estas atribuciones, desconocen por el momento cuál será su contenido. 

La amnistía

Hay otros aspectos del pacto con el partido de Puigdemont que no cambian absolutamente nada respecto a la situación anterior, según el Gobierno. Bolaños ha restado importancia al acuerdo para derogar el artículo 43bis de la ley de Enjuiciamiento Civil que, según Junts, “ponía en peligro” la aplicación de la futura ley de amnistía. “No cambia nada”, ha señalado el ministro. Los tribunales, ha continuado, podrán seguir elevando cuestiones prejudiciales al Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), con la posibilidad de dejar en suspenso una norma hasta que haya una resolución. “Así lo dice el Tribunal Supremo y el TJUE”, ha dicho.  

Aun así, ha justificado la retirada de este precepto porque “lo prioritario” era convalidar el resto del paquete con la reforma de la Justicia. El titular de Presidencia y Justicia ha defendido también que con la aprobación de toda la reforma contenida en el decreto, aunque con la exclusión de este punto, será suficiente para cumplir lo pactado con Bruselas y acceder al siguiente desembolso de los fondos europeos. En un principio, la incorporación de este artículo, sin embargo, sí se justificó porque era necesario para recibir el siguiente tramo de 10.000 millones de euros. “Es un compromiso con la Comisión Europea. Solicita que incorporemos esta jurisprudencia a la legislación española”, dijo Bolaños el pasado 28 de diciembre.