El Gobierno abre al PP el orden del día de la reunión entre Sánchez y Feijóo para celebrarla antes de Navidad

La prioridad de Moncloa es celebrar un encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo antes de que acabe el año. A poder ser la semana que viene, el próximo lunes o el viernes. Para ello, desde el Gobierno no ven ningún inconveniente en abrir el orden del día a los asuntos de interés para los populares. Después de que el Ejecutivo ofreciese tres fechas para celebrar dicho encuentro entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, en Génova priorizaron condicionar antes el orden del día que Sánchez había fijado en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la reforma del artículo 49 de la Constitución y abordar un nuevo sistema de financiación autonómica.

A la exigencia de pactar un “orden del día por escrito” antes de fijar una fecha, desde el Gobierno ha respondido con “mano tendida” para “añadir nuevos puntos a abordar”. “Faltaría más, lo importante es que el diálogo y el acuerdo”, ha explicado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes. “Solo esperamos esa respuesta, para que nos digan que fecha prefieren”, ha subrayado.

Pese a la mano tendida, en el Gobierno han censurado las reticencias de los populares recordando que cuando el actual presidente del Gobierno era líder de la oposición acudía con "normalidad y responsabilidad" a ser convocado para una reunión en Moncloa por Mariano Rajoy. Desde este martes y hasta el viernes, el presidente del Gobierno inicia su agenda en Estrasburgo y Bruselas, por lo que las citas sobre la mesa son el 18 o el 22, los únicos días sin otros compromisos, o ya la última semana del año.

Moncloa ofrece a Feijóo "tres fechas" para reunirse y tratar la renovación del CGPJ

A las desavenencias sobre los asuntos a abordar, antes incluso de fijarse la fecha para la reunión, se suman las diferencias metodológicas para empujar acuerdos. El PP quiere vincular la renovación de los vocales del CGPJ, que llevan cinco años con el mandato caducado, a una reforma de la ley para modificar el sistema de elección. En el Gobierno cierran la puerta a esta condición y se limitan a exigir a los populares que cumplan con la Constitución. Fuentes de Moncloa rechazan ligar a la renovación la reforma de la ley e, incluso, comprometerse a una reforma a futuro para que sean los jueces quienes elijan a la mayoría de los vocales. Pese a todo, se muestran optimistas y confían en que la presión de Bruselas para forzar una renovación acabe disipando la resistencia del PP.

El presidente del Gobierno ya ha designado para la "comisión de trabajo" con los populares a los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero, y al portavoz en el Congreso Patxi López. Fuentes populares, por su parte, interpretan este formato como una mesa similar a la acordada con Junts y ERC en los pactos de investidura: “El gabinete de Feijóo descarta cualquier posibilidad que pase por una mesa de negociación en los términos acordados con los partidos independentistas”, añaden fuentes populares.

Financiación autonómica

Si se salvan las diferencias sobre el orden del día, para lo que el Gobierno muestra “total disposición”, faltaría por acercar posiciones en la metodología de negociación. De ahí, abrir conversaciones y buscar puntos de encuentro en cuestiones que por el momento están alejadas. Tanto en lo referente a la renovación del CGPJ, como al sistema de financiación autonómica, que el PP no quiere abordar directamente con Sánchez para enmarcarlo dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades autónomas.

Fuentes socialistas entienden que no hay una posición unánime entre los barones del PP y que sería más sencillo pactar entre los dos grandes partidos las líneas generales de dicha reforma. En la única cuestión sobre la que se vislumbra cierto margen de entendimiento es en la reforma constitucional para eliminar el término “disminuido”. Pese a todo, y a que ya se llegó a un principio de acuerdo antes de decaer la legislatura anterior, las desconfianzas mutuas llegan al punto de que los populares exigen un compromiso de no incluir otras modificaciones en la Carta Magna.