ANTES DE NAVIDAD

La reunión entre Sánchez y Feijóo queda condenada a una foto por el choque sobre contenidos y metodología

El PP rechaza la “comisión de trabajo” que propone el presidente del Gobierno y difiere de los asuntos a tratar

El Gobierno asume la “negativa del PP a dialogar” antes incluso de que se fije la fecha y contacten formalmente los equipos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante los actos del 45 aniversario de la Constitución.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante los actos del 45 aniversario de la Constitución. / EP

Con una reunión pendiente entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez antes de Navidad y sin haberse producido todavía la llamada para fijar fecha, el pesimismo sobre los resultados del encuentro comienza a invadir al Ejecutivo. El objetivo de buscar acuerdos para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder (CGPJ) o reformar el sistema de financiación autonómica se visualizó lejos en los actos del Día de la Constitución y este viernes se disipó todavía más. El presidente del Gobierno se refirió a la creación de una “comisión de trabajo” con el PP para abordar estos pactos de Estado y los populares se apresuraron a repudiarla. La interpretaron como una mesa de negociación similar a la del PSOE con Junts y ERC. “No requerimos ninguna mesa de diálogo como la de los independentistas”, contestó burlona la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

La dirigente popular rebajó las expectativas de acuerdo en lo referente a la renovación del órgano de poder y desechó un pacto sobre la financiación entre Sánchez y Feijóo para enmarcar este debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En la línea de lo deslizado un día antes por Feijóo y subiendo el tono para asegurar que su partido no se prestará a que Sánchez "siga manteniéndose en el poder y facilitando prebendas y privilegios a los independentistas". Fuentes socialistas constataban tras ello “la negativa del PP a dialogar”, aunque seguirán insistiendo en desbloquear, al menos, la renovación del CGPJ. Su esperanza para ello sigue centrándose en las presiones de Bruselas cuando se cumplen cinco años con el mandato caducado.

El hecho de que socialistas y populares difieran sobre los asuntos a tratar en la reunión da cuenta de las escasas posibilidades de que sirva para acercar posiciones. Además de rechazarse el debate sobre la financiación autonómica porque el “órgano oportuno” es el CPFF, Gamarra avanzó este viernes que la intención de Feijóo será abordar la ley de amnistía y los acuerdos de investidura con los soberanistas. Esto es, lo que planteó como “la defensa de la igualdad de los españoles ante la ley" y "el resto de cesiones conocidas a los independentistas".

Antes de que finalice el año habrá foto entre Sánchez y Feijóo en Moncloa, pero si no se produce antes un giro de 180 grados el encuentro se limitará a una imagen sin avanzar en posibles acuerdos. Para el PSOE la renovación del CGPJ debe abordarse “sin condiciones”. Esto es, sin que vaya ligada de forma paralela a un compromiso de reforma de la ley del poder judicial para que sean los jueces quienes elijan directamente a la mayoría de los vocales (12 de los 20 que conforman el órgano constitucional), como exige el PP.

Los populares ya han avanzado que no cambiarán de opinión y mantendrán sus condiciones. "Aprobar una nueva ley que articule un sistema de elección por el que los jueces elijan a los jueces", insistía Gamarra ayer. Desde el PSOE no se fían tras varios intentos fallidos de negociación rotos en el último momento, cuando todo estaba todo prácticamente pactado. “Solo quieren cambiar la ley sin renovar”, aseguran fuentes del Gobierno para justificar que solo dialogarán sobre este aspecto si antes se produce un pacto para la elección de los vocales.

Desconfianzas mutuas

El PSOE llevará la próxima semana al pleno del Senado una moción para que se declare “la perentoria necesidad de proceder a renovar los órganos cuyos mandatos están prorrogados y cuya elección le compete y exige a aquellas fuerzas políticas que están obstruyendo estas renovaciones”. Según ha denunciado el portavoz socialista, Juan Espadas, el bloqueo supone una “anomalía constitucional” y “la gran asignatura pendiente de este país”. Sánchez cargaba también las tintas en una entrevista en Antena 3 para acusar al PP de “lawfare”, entendido como “politización de la justicia”. Un “caso de libro”, subrayaba para explicar que “estos últimos 27 años el PP ha gobernado 15 y el PSOE 12 y son 22 años con mayoría conservadora” en el CGPJ.

Las desconfianzas mutuas llegan al punto de que el PP solo se avendrá a reformar el artículo 49 de la Constitución, el tercer asunto que Sánchez pondrá sobre la mesa para eliminar el término disminuido, si hay un compromiso de no modificar otros aspectos de la Carta Magna. Los populares temen que se aproveche para introducir la posibilidad de realizar un referéndum de autodeterminación.

El choque de trenes sumaba este viernes un nuevo capítulo entre los dos principales partidos a cuenta de la propuesta del Gobierno para nombrar como nuevo presidente de la agencia EFE al ex secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Tras confirmarse las intenciones del Gobierno, en Génova exigieron revertir la propuesta y que el Ejecutivo “cese en su estrategia de supeditar el interés de los medios públicos a las necesidades orgánicas del PSOE”.

Sin contacto entre los equipos

Los populares han criticado también que toda la información sobre la reunión entre Sánchez y Feijóo la tienen a través de la prensa. Hasta el momento, dicen, “el PP no dispone ninguna información al respecto de esta reunión ni oficial ni extraoficialmente sobre una hipotética reunión”. Los equipos de Moncloa y Génova no se habrían puesto en contacto ni para preparar el encuentro ni siquiera Sánchez ha trasladado formalmente sus intenciones de reunirse con el líder de la oposición.

La convocatoria de una Conferencia de Presidentes, como reclaman los barones del PP, está igualmente en el aire. Aunque los trece presidentes del PP de las comunidades y ciudades autónomas formalizaron conforme a reglamento su petición para que se reúna de forma inmediata, en el Gobierno enfrían las prisas. Tanto la mayoría de las comunidades autónomas como el Senado, bajo el control del PP, tiene potestad para condicionar el orden del día. Su objetivo es que se debata sobre los acuerdos de investidura con los soberanistas y sus efectos "sobre principios básicos como la equidad de trato entre los españoles o la independencia judicial, entre otros". Un debate que intentan rehuir desde el Gobierno o, al menos, que no sea el protagonista.