Sánchez buscará pactos de Estado con Feijóo más allá del CGPJ: discapacidad, salud mental y LGTBI

El Gobierno asume que esta no será una legislatura propicia para los pactos de Estado entre los dos grandes partidos, pero confía en poder acordar una agenda de mínimos. Pedro Sánchez tiene previsto llamar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para explorar si hay alguna rendija a través de la que buscar un acercamiento en materia de personas LGTBI, violencia machista, salud mental o discapacidad, con el objetivo de eliminar el término “disminuidos” de la Constitución. La gran prioridad, sin embargo, pasa por desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato cumple esta semana cinco años caducado. En Moncloa juzgan que este asunto será la prueba del algodón para determinar cómo será la relación entre socialistas y populares.

Existen sentimientos encontrados dentro del Gobierno. Por un lado, desde el ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños se ironiza sobre el “perfil muy dialogante” de los diputados elegidos por Feijóo para estar al frente de la dirección del grupo parlamentario y la portavocía. Fuentes de Moncloa aseguran en este sentido que “se ha optado por la línea dura” al situar a Miguel Tellado en la portavocía y rescatar como adjuntos a Cayetana Álvarez de Toledo y Rafael Hernando, lo que echaría por tierra cualquier posibilidad de entendimiento. Por otro lado, hay voces en el Gobierno que consideran inasumible para el PP extender el bloqueo del órgano constitucional otros cuatro años más. Se apoyan también en que Bruselas urge a la renovación.

Los responsables jurídicos del socio de coalición, Sumar, no lo ven así y dan por hecho que el PP no pactará la renovación. Es por ello que proponen fórmulas para sortearlo. A corto plazo, han puesto sobre la mesa que se limiten las competencias del CGPJ a las que estrictamente marca la Constitución. Sánchez ha levantado la amenaza de reducir el sistema de mayorías en la elección parlamentaria de los vocales para no tener que contar con los votos del PP. Una fórmula a la que ya se opuso Bruselas y que el presidente del Gobierno descartó esta semana en una entrevista en TVE. Un gesto de distensión para demostrar que su apuesta por reabrir la negociación es seria.

Sánchez llamará a Feijóo para negociar la renovación del CGPJ y rechaza “alterar las mayorías” en su elección

En Ferraz cunde un mayor pesimismo al entender que los populares “han roto el tablero” y abrazado una estrategia rupturista en mímesis con Vox. Incluso acusan al PP de caer en posiciones antisistémicas. Las mismas críticas que reciben por parte de la oposición. Asimismo, entienden que Génova está cómoda con las tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo. Este jueves sumaban un nuevo capítulo al emitir un informe que, por primera vez desde la democracia, tacha al fiscal general del Estado como no idóneo.

Acuerdos pendientes

Si el intento de acercamiento no fructifica, el Gobierno intentará situar a Feijóo fuera del cumplimiento de la Constitución y mostrar por su parte un perfil moderado e institucional. El jefe del Ejecutivo vaticinaba en su primera entrevista tras la investidura que "nosotros vamos a tender la mano" y que "voy a tratar de tener la mejor y mayor interlocución" con el principal partido de la oposición. Al mismo tiempo, calificaba el bloqueo en la renovación del CPGJ de "intolerable e inconstitucional" para concluir que este asunto será “nuclear y medular” para determinar "el futuro entendimiento entre PSOE y el PP".

En los últimos días, Génova ha insistido en que no accederán a pactar la renovación si no se reforma antes la ley del Poder Judicial para que sean los jueces quienes elijan a sus colegas. "Mientras no haya un cambio en la forma de elegir a los vocales", remarcaba esta semana la nueva vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, "no habrá renovación".

El Ejecutivo también quiere abordar una reforma quirúrgica de la Constitución para eliminar el término “disminuidos” del artículo 49. En la pasada legislatura ya se produjeron reuniones en esta línea y se llegó a un principio de acuerdo para una reforma exprés, aunque no se consumó por el adelanto electoral.

Renovar el pacto contra la violencia de género

En el último Consejo de Ministros se aprobó una declaración institucional, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para adecuar el artículo 49 de la Constitución “a la terminología y al marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. La propuesta de reforma busca también “reconocer que las personas con discapacidad son titulares de derechos y deberes en condiciones de libertad e igualdad, sin que pueda producirse discriminación”, recoger “la obligación de los poderes públicos de promover su libertad e igualdad real y efectivas, así como y de realizar las políticas necesarias para garantizar su plena autonomía personal e inclusión social” y, finalmente, incorporar una mención “a las mujeres y niñas con discapacidad, para acelerar su igualdad y combatir su discriminación interseccional”.

Los otros dos “grandes pactos de Estado” que busca promover el Gobierno son los referentes a las personas LGTBI y a la salud mental. Este último, con el objetivo aumentar el número de psicólogos y psiquiatras de los centros público y reducir los tiempos de espera. En materia de violencia machista, el Ejecutivo quiere renovar el pacto de Estado contra la violencia de género, consensuado en 2017, con el objetivo de aumentar los recursos económicos y materiales. Asuntos por los que se reclama una “oposición constructiva” al principal partido de la oposición y para los que Sánchez asegura que tenderá la mano.