La eliminación del término 'disminuidos' de la Constitución se desencalla: ¿por qué no se ha hecho hasta ahora?

El lenguaje configura cómo procesamos y comunicamos la realidad. Es, como señala la ONU en su apartado sobre lenguaje inclusivo respecto al género, "uno de los factores clave que determinan las actitudes culturales y sociales". Por ende, cambiar la forma en la que nos referimos a determinadas realidades supone también modificar la manera en la que pensamos sobre ellas. Y viceversa. La Constitución Española se refiere a las personas con discapacidad como "disminuidos". Han pasado 44 años desde su redacción y alrededor de uno y medio desde que las iniciativas para renovar este término permanecen atascadas en el Congreso.

La sociedad y el lenguaje son dos 'organismos' vivos y simbióticos que deben evolucionar a la par para adaptarse al signo de los tiempos. Sin embargo, los ritmos no siempre coinciden. El artículo 49 de la Constitución Española de 1978 recoge que: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. 

Un término, 'disminuidos', considerado como peyorativo y discriminatorio en la actualidad (y desde hace bastante tiempo), pero que todavía permanece en la Carta Magna. "En su momento, la Constitución fue pionera [...]. Pero la terminología, el concepto, incluso el enfoque que proyecta sobre la discapacidad 40 años después, no es admisible y hay que actualizarlo", afirmó categóricamente Luis Cayo Pérez, presidente del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) en una entrevista concedida a RTVE en diciembre de 2021.

Reunión decisiva

Y puede que ese cambio esté más cerca de llegar. Este miércoles 25 de enero de 2023, el Gobierno y el PP se han reunido para impulsar por fin una reforma de la Constitución que elimine este término y lo sustituya por 'personas con discapacidad', tal y como demandan los agentes sociales. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz del PP, Cuca Gamarra, han coincidido  en avanzar en la reforma de la Constitución para eliminar solo el término "disminuidos" en relación con las personas con discapacidad.

Tras la reunión que han mantenido este miércoles en el Congreso de los Diputados, Bolaños ha explicado que ese acuerdo con el PP para "ceñir" la reforma del artículo 49 debe alcanzar el "máximo consenso" parlamentario y ha confiado en que su aprobación pueda llegar a ser unánime. "Vamos a hablar en los próximos días para lograr un texto pactado con el PP y con el resto de las fuerzas políticas", y compartido con el sector de la discapacidad, ha señalado el ministro, que ha recordado que se trata de una reclamación histórica de las entidades sociales, ha señalado.

De esta forma, se cumple la exigencia del PP, que ha insistido reiteradamente en la necesidad de que existan garantías de que sea una modificación "limitada" a dicho término, sin que --tal y como el CERMI ha solicitado también y el propio Sánchez asumió en la reunión de abril con Feijóo-- ninguna fuerza política "utilice la discapacidad para intentar una reforma de otros preceptos constitucionales que ni responda al interés general ni esté justificada en estos momentos", algo que, según fuentes del PP, es "un riesgo cierto a la vista de las enmiendas ya presentadas".

Tras esta primera aproximación, el Ejecutivo planea mantener contactos con el resto de grupos parlamentarios para pactar la reforma constitucional. Bolaños se reunirá también con CERMI, el principal demandante de esta modificación. De esta forma, todo a punta que se podrá desencallar finalmente una iniciativa que lleva estancada desde mayo de 2021, cuando el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley cuyas negociaciones con los grupos parlamentarios no fructificaron y que acumula hasta la fecha hasta 60 prórrogas semanales.

Una iniciativa estancada desde 2021

La tramitación del proyecto de ley lleva desde mayo de 2021 encallada en el limbo de las prórrogas de los plazos de enmiendas. Pero, si todos los grupos parlamentarios están de acuerdo en la necesidad de eliminar este término desfasado y ofensivo de la Constitución, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? Fundamentalmente, porque para poder llevar a cabo la reforma de la Constitución, el PSOE y el PP deben ponerse de acuerdo. Y, si bien los populares apoyan el cambio de término, han estado boicoteándolo, ya que, afirman, no tienen la seguridad de que la modificación constitucional se ciña al artículo 49. 

Para poder sacar adelante una reforma constitucional, se necesita la aprobación de tres quintas partes de las Cortes. En septiembre del pasado año, el proyecto de Ley para modificar dicho artículo fue admitido a trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo PP y Vox, que suman más de un tercio de los escaños. Desde entonces el proyecto de reforma se ha llegado a prorrogar hasta en 60 ocasiones. No es una cuestión de dificultades técnicas, sino política: el PP quiere evitar que con esta reforma se siente un precedente y que, así, otros grupos parlamentarios aprovechen para intentar que se toquen otros artículos.

Después de la reunión mantenida este miércoles entre Bolaños y Gamarra, todo apunta a que el acuerdo está mucho más cerca de poder producirse. "Queremos un texto pactado, consensuado y ajustado a las recomendaciones del Consejo del Estado", ha aseverado el ministro de Presidencia tras rechazar incluir otras reformas en la Carta Magna. De llevarse a cabo, será la tercera reforma de la Constitución de 1978, después de las dos registradas en 1992 y en 2011. EFE