Estas son las novedades del Pacto contra la Violencia de Género: legislar la violencia digital y económica y blindaje financiero

Legislar para combatir las violencias machistas digital, vicaria y económica, hacer campañas de sensibilización contra el maltrato destinadas a los hombres y blindar una financiación "estable, suficiente y adecuada" son algunas de las novedades del dictamen de renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género rubricado este jueves en el Parlamento.

Todos los partidos del Congreso y el Senado -a excepción de Vox- han acordado reeditar el consenso político para luchar contra las violencias machistas que se alcanzó en 2017 a través del Pacto de Estado. Con este nuevo acuerdo se actualiza la iniciativa con nuevos compromisos destinados a "reforzar la respuesta institucional integral" frente a estas violencias.

"Cobra sentido que se plasme en un nuevo dictamen la voluntad renovada de todos los actores institucionales de seguir trabajando por el cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el establecimiento de un marco ampliado y permanente para el desarrollo de políticas públicas que lo fortalezcan", se lee en el documento respaldado este jueves, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Una financiación permanente

El principal objetivo de esta actualización es ampliar la vigencia del Pacto, que caducaba en septiembre de 2022, y hacerlo permanente asegurando una "financiación pública estable, suficiente, adecuada, con independencia del ciclo económico" para sostener las actuaciones de prevención de estas violencias, de mejora de su detección y de garantía de respuesta integral y especializada a las víctimas. Sin embargo, el documento incluye un total de 13 ejes de actuación que amplían el alcance del Pacto firmado en 2017.

Destaca entre ellos el compromiso de adecuar la normativa estatal al Convenio de Estambul para garantizar una respuesta integral a todos los tipos de violencias contra la mujer, con una "previsión expresa de la violencia económica, la violencia vicaria y la violencia en el ámbito digital".

Llegar a todas las víctimas

Se prevé hacer permanente el plan estatal de sensibilización y prevención para el impulso de programas educativos y campañas institucionales de concienciación social especialmente dirigidas a hombres y niños, al sector de las tecnologías de la información y los medios de comunicación, a la prevención de la violencia en el ámbito de la violencia digital y a campañas de toma de conciencia y autopercepción del maltrato dirigidas a mujeres.

En cuanto a la atención de mujeres víctimas, el dictamen establece que se refuerce la protección de aquellas mujeres que afrontan discriminaciones mayores por el hecho de ser migrantes, mayores, vivir en el mundo rural, pertenecer a minorías étnicas, tener alguna discapacidad o encontrarse en situación administrativa irregular.

También exige extender la asistencia especializada a todas las formas de violencia machista, ampliar la red de recursos en zonas rurales gracias a la digitalización de los servicios de atención y la garantía de la movilidad interterritorial y reforzar medidas que faciliten la autonomía económica de las víctimas.

Una de las novedades que más ha celebrado el Ministerio de Igualdad ha sido la inclusión de la financiación de las entidades feministas y la posibilidad de que la financiación pública de la lucha contra la violencia machista sea flexible y pueda ser ejecutada de forma plurianual, lo que permitirá la continuidad de los diferentes proyectos.

Auditar las acciones de comunidades autónomas y ayuntamientos

La cogobernanza y la cooperación institucional guiarán todas las actuaciones del Pacto, que también incide en la necesidad de ahondar en la especialización de los profesionales que están implicados en la lucha contra las violencias machistas, especialmente el ámbito judicial y aquellos que trabajan con menores.

Por primera vez, se creará un sistema de recogida de información homogéneo para poder auditar las actuaciones del Gobierno, las comunidades autónomas, las diputaciones y las entidades locales, su grado de cumplimiento de las medidas recogidas en el Pacto. Así, se rendirá cuentas ante el Parlamento, que hará seguimiento y evaluará estas acciones.

Posicionamiento expreso contra el negacionismo

El documento consensuado por la amplísima mayoría del arco parlamentario hace una mención expresa al rechazo del negacionismo de la violencia de género, también presente en el Parlamento a través del discurso de la extrema derecha. El dictamen para renovar el Pacto compromete a los grupos a combatir de forma expresa los discursos negacionistas, pues considera que la protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de las violencias machistas se debe explicitar rechazando este negacionismo.