25% EN CASTELLANO
Casado exige un 155 en Cataluña y estudia la vía penal contra Aragonès y Cambray
El líder del PP advierte a la Generalitat de que si no acata la sentencia del TSJC sobre el castellano en todas las aulas "puede incurrir en desobediencia y prevaricación"
Júlia Regué
Pablo Casado ha aterrizado en Barcelona dispuesto a marcar los próximos pasos en la batalla, ya 'per se' politizada, sobre la inmersión lingüística y el castellano en las aulas. El líder del PP ha lanzado dos mensajes: uno al Gobierno y otro a la Generalitat. Al presidente Pedro Sánchez le ha exigido que inicie los trámites para aplicar el artículo 155 en Cataluña y que suspenda la autonomía catalana, y al jefe del Govern, Pere Aragonès, le ha alertado de que emprenderá la vía penal contra él y contra el 'conseller' de Educación, Josep González-Cambray, si no acata la sentencia del TSJC que exige un 25% de castellano en las aulas.
"Que se atengan a las consecuencias. Cuando un represente público incumple la ley, se enfrenta a las penas que prevé el Código Penal. Si un responsable público incumple una resolución judicial, está incurriendo en un delito de desobediencia y, en el momento en el que fuera requerido para cumplirlo, puede cometer un delito prevaricación. En el Govern deberían saber que el Estado de Derecho en España funciona y que quien incumple la ley acaba, si un juez lo decide, en la cárcel”, ha defendido ante los periodistas tras reunirse con entidades en defensa del bilingüismo en las escuelas catalanas.
No se ha quedado ahí. Casado ha anunciado que acudirá al Consejo de Europa para que se pronuncie y ha insistido en que librarán también la batalla en los parlamentos con propuestas de resolución en favor del cumplimiento del fallo judicial. "Quien señala a un niño por sus dogmatismos ideológicos y políticos es un enfermo moral, no se puede ni apedrear ni aislar a niños", ha insistido sobre la situación que se vive en Canet de Mar (Barcelona) y después de que la familia del menor de P5 que denunció se desmarcara de la politización del debate.
Por su parte, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha pedido la ejecución de la sentencia y ha dicho que la inmersión pura es “ilegal” y no es un modelo de éxito”. “Si lo fuera, ¿cómo es posible que los mismos nacionalistas denuncien que el uso social del catalán está en niveles inferiores a los del franquismo? Es bastante incompatible”, ha apostillado. A su juicio, vulnera derechos lingüísticos y tampoco fomenta el uso del catalán, una lengua “antipática, identificada con un proyecto político”, que es el del independentismo, ha dicho. Con todo, ha alertado al soberanismo de que “cualquier causa que para su defensa exija el señalamiento de un niño, no merece la pena”.
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