¿Será posible renovar el CGPJ?

La reunión que mantuvieron Sánchez y Núñez el pasado día 22, después de muchos meses de incomunicación personal, obtuvo tímidos resultados que algunos han interpretado como un inicio de deshielo que le vendría bien a la política española. Uno de los aparentes logros conseguidos fue la decisión de renovar el Consejo General del Poder Judicial, con verificación de la Comisión Europea, y el cambio de la ley que regula el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. Pero poco después se han escuchado comentarios que podrían dar fácilmente al traste la medida teóricamente acordada.

En la actualidad, la Constitución dispone (art. 122.3) que el CGPJ estará integrado “por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años”. La elección de los “doce [de los veinte] entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales” se hará “en los términos que establezca la ley orgánica”. Y en virtud de la ley orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, después reformada varias veces en aspectos secundarios, los veinte miembros del Consejo serán elegidos parlamentariamente: diez por el Congreso y otros diez por el Senado, en ambos casos por mayoría de tres quintos de cada cámara, si bien los doce de procedencia judicial habrán de seleccionarse entre quienes hayan presentado su candidatura, cada uno con el respaldo de al menos veinticinco miembros de la carrera judicial en activo o el aval de una Asociación legalmente constituida.

El PP no está de acuerdo con esta fórmula y exige que los doce consejeros de procedencia judicial sean elegidos directamente por el estamento judicial, sin intervención parlamentaria alguna. Curiosamente, el PP nunca planteó objeciones a la fórmula vigente, ni en la etapa de la presidencia de José María Aznar ni en la de Mariano Rajoy. Es más, Rajoy desechó explícitamente una propuesta de reforma como la que hoy pretende Núñez que le había presentado Alberto Ruiz-Gallardón, su ministro de Justicia. De cualquier modo, la propuesta del PP es inaceptable para el PSOE… y para quienes nos sentimos identificados con el espíritu constitucional.

La propuesta del PP contiene una trampa fácil de ver. La corporación judicial, formada por unos 5.700 profesionales, es, por las razones que sea, conservadora, como lo prueba su reflejo asociacionista desde 1979, cuando, al amparo de la Constitución, comenzó este proceso. Según datos recientes, las afiliaciones actuales de las cuatro grandes asociaciones son: Asociación Profesional de la Magistratura (APM),1.355 afiliados; Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), 930; Foro Judicial Independiente, 335, y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), 436. La APM es conservadora; la Francisco de Vitoria, de centro-derecha; el Foro Independiente, transversal; y JJpD, progresista. El desequilibrio no requiere comentarios.

La trampa, en fin, es que si los jueces eligen a los jueces, la justicia será un poder del Estado radicalmente conservador, cualquiera que sea la mayoría parlamentaria en cada momento, un objetivo que agrada a este PP (el PP del pasado entendió que la formula era inaceptable). La postura del PSOE no ha variado, y Alfonso Gómez de Celis, diputado socialista vicepresidente del Congreso, la reiteraba de nuevo hace pocas horas: “Nos basamos en un principio fundamental que establece la propia Constitución, que dice que todos los poderes emanan del pueblo. No puede ser que unos miles de personas que han aprobado una oposición elijan a un poder del pueblo, como es en este caso el Poder Judicial, como tampoco entenderíamos que los funcionarios públicos eligieran al Gobierno de España”.

La negativa del PP a renovar el CGPJ mediante negociación con el PSOE al objeto de conseguir la mayoría cualificada necesaria dura ya más de cinco años, con lo que los vocales actuales han más que sobrepasado el doble del mandato para el que fueron elegidos. Si en esta oportunidad el PP vuelve a negarse a la negociación, la coalición de gobierno no tendrá más remedio que renovar la LOPJ para que la mayoría requerida para elegir a los doce vocales de procedencia judicial sea simple y no cualificada, una posibilidad que sería plenamente constitucional. Resultaría triste reconocer tal impotencia pero este sistema no puede vivir indefinidamente con uno de los tres poderes mutilados.