Un paraíso judicial

Con 1.600 antidisturbios a las puertas del Congreso, blindando la ceremonia de investidura, el líder de la oposición recordó al postulante que ha convertido a España en un «paraíso judicial», precisamente para quienes pretenden romper el Estado.

En una sesión bronca, con resultado descontado de antemano, el locuaz portavoz de los republicanos catalanes aludió a la práctica de lawfare por los tribunales españoles contra el independentismo. La etiquetada como «guerra judicial» apunta así a la utilización de procedimientos judiciales para la persecución política.

Con un añadido injurioso, abrigado por la libertad de expresión: «La derecha española utiliza a una parte del Poder Judicial para ganar con togas lo que pierden con votos. Para que todo el mundo lo entienda, la guerra judicial en este país es un montón de jueces de barra de bar al servicio de PP y de Vox».

De forma expresa, señaló al magistrado de la Audiencia Nacional que investiga a secesionistas por posibles delitos de terrorismo y ha descalzado a Tsunami Democràtic como «organización cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva».

Las declaraciones del secretario de Estado de Justicia, acusándole «de prevaricar y de guerra sucia», animaron al juez instructor a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial, solicitud que el CGPJ acordó tramitar, al considerar que «existe fundamento suficiente».

La puesta de largo del lawfare -nueva variedad americana en contexto latino- coincidió con las violentas protestas en Barcelona contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que impuso penas de entre nueve y 13 años de cárcel a nueve líderes independentistas catalanes, condenados por sedición y malversación.

En la «causa del procés» se atribuye al TS haber asumido irregularmente la competencia para juzgarla y de nutrirla con atestados de la Guardia Civil que consideran confeccionados con la intención de hacer encajar el 1-0 en los delitos de rebelión o de sedición. 

La estrategia -ensanchando el margen de lo posible- seguida por el candidato y sus adyacentes para dar armazón a la investidura no era precisamente fruto de la improvisación. El tiempo dará cuenta de las intrusiones.

El objetivo del desdoblamiento -dos acuerdos con un objetivo indiviso- era colmar una reiterada sutileza soberanista: la desjudicialización de la política. Para ello, en su acuerdo para la investidura, socialistas y separatistas pactaron investigar la guerra judicial. 

A ese propósito respondía la disociación del acuerdo político -en el que se daba cabida al lawfare y a las comisiones de investigación parlamentarias- de la proposición de ley de la amnistía, en la que no había referencia alguna a la letanía secesionista.

A partir de ahí comenzó el señalamiento de magistrados -con nombres y apellidos- acusados de haber perseguido a políticos por razones ideológicas. El salto cualitativo fue llevarlo al Congreso. Acusaciones impetuosas de esa gravedad, proferidas por el facundo diputado, no merecieron mención por parte del candidato que, inmutable, le invitó a «seguir trabajando juntos».

Con lo que no contaba nadie era con la respuesta, coral y unánime, de la biosfera jurídica -casi un centenar de organismos y colectivos- exigiendo respeto a la independencia judicial y a la separación de poderes y recalcando que jueces y fiscales han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley.

El Consejo General del Poder Judicial, todas las asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Asociación Jueces y Juezas para la Democracia, Foro Judicial Independiente) y de fiscales (Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales), Salas de Gobierno del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, Decanos de los Juzgados, cien Abogados del Estado, Colegios de Abogados y despachos profesionales… han mostrado su «rechazo» a las referencias al lawfare y a la contingencia de que comisiones de investigación -en sede parlamentaria- fiscalicen causas judiciales, tal y como recoge el pacto de investidura.

El debate de investidura, ayuno de programas, salpicado de tensiones, advertencias y risotadas, con pocos hechos y copiosas descalificaciones, tuvo dos protagonistas: el beneficiario de los siete votos que precisaba para volver a salirse con la suya y el agraciado prófugo de la justicia al que se le dio todo lo que había exigido, sin renunciar al referéndum, aceptar la Constitución, ni desistir de la unilateralidad. Ni una palabra del compromiso de ceder el 100% de los impuestos recaudados en Cataluña, la condonación de 15.000 millones de deuda, un referéndum de autodeterminación, el traspaso integral de Rodalies… sin hablar de lo hubiere por debajo de la mesa.

A falta de programa, el verdadero y único evangelio se reduce a evitar, por todos los medios, que gobierne la derecha retrógrada, mantra repetido ad infinitum por el ungido -32 menciones a la derecha, 22 a la ultraderecha, ni una sola mención a los partidos independentistas- como combustible tonificante.

Con presuntuoso lenguaje y gesto insípido, frente a la «derecha reaccionaria» se alza un «gobierno progresista» que ensancha los derechos sociales y lucha contra la desigualdad. Es la clásica técnica populista que consiste en inventar un enemigo y dibujarlo con perfiles ominosos, distópicos casi, para ofrecerse como remedio ante la amenaza.

Si esperar al final de la ceremonia, los avisos de quienes tienen la sartén por el mango eran un anticipo de que no le van a pasar una.

Mientras el vocero mambí advirtió al presidente «no se la juegue», la portavoz de los siete votos envió la primera admonición al dadivoso: «no ha abordado el tema de manera valiente, como estaba en el acuerdo, tiene que afrontar el conflicto y no considerar la amnistía como perdón o gracia, sino como una medida legislativa y cumplir a rajatabla las 1.486 palabras del acuerdo firmado».

Así que ni diálogo ni reencuentro, negociación para acordar cómo y cuándo se independiza Cataluña y conflicto, que no se resolverá hasta que Cataluña se emancipe. Ante las amenazas sin disfraz, la rectificación fue inmediata.

El líder de la oposición -contundente pero cortés- felicitó al ganador con una premonición: «Esto es una equivocación, tú eres el responsable de lo que acabas de hacer». Después del áspero duelo, salpicado de displicentes carcajadas, le faltó decir «con lo fácil que hubiera sido hacer las cosas de manera diferente».

¿Y Europa? Ya veremos…