El fielato de la investidura

El candidato a la investidura que "va cambiando de opinión" para hallar "votos debajo de las piedras", trata de sortear el fielato de la investidura —peaje de la amnistía, como inmunidad retroactiva— para quedarse en la Moncloa.

En el ejercicio del calentamiento que conduce al "alivio penal", la ansiedad —derivada de una satisfacción urgente— lleva, a unos y a otros, a no pararse en barras ya que resulta complicado deshacerse de la maraña de mentiras generadas por la ingeniería social.

La deuda es infinita cuando la decide el prestamista, de modo que el "diálogo" con un perseguido de la justicia se engolfa al perdonarse los delitos, a cambio de prometer no cometer otro delito. La vía unilateral.

Hay situaciones desastrosas que son irreversibles. Y una de ellas es la desintegración territorial del Estado, ya que puede que no haya manera de recomponerlo. Pero no será la crisis institucional la que galvanizará la reacción, sino la dimensión de la crisis económica que se avecina.

En medio de la fastuosa confusión, se arremete sin consideración alguna contra los que renunciaron al marxismo y reconstruyeron el socialismo que tanto aportó a la libertad y la democracia, a los que avalan mayorías absolutas y 14 años de gobierno.

El candidato socialista a la investidura, con ese punto de distopía que sólo él es capaz de alcanzar, ha llegado a decir en Nueva York que "una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial".

En esa trayectoria circular, se quiere remedar al fallecido José Manuel Maza —Fiscal General del Estado— acusándole de “judicializar la crisis catalana", perífrasis recurrente del lenguaje independentista.

Firme defensor del Estado de Derecho, Maza, se limitó a promover la acción de la justicia en defensa de los derechos de todos, firmando la querella en la Audiencia Nacional y respaldando la decisión de pedir prisión incondicional para todo el equipo del ahora prófugo de la justicia "¿cómo van a volver a su casa tras declarar que van a seguir insistiendo en el delito?".

La travesía que conduce a las puertas de la incierta investidura ha logrado franquear hitos, al nuclear mayorías para alzarse con la presidencia de la Cámara Baja y aprobar el uso del catalán, euskera y gallego en el Congreso. En el casillero, dos goles por la escuadra.

Opinión NUESTRO MUNDO ES EL MUNDOJoan Tapia

Las lenguas cooficiales en el Congreso

La presidenta del Congreso de los Diputados, tercera autoridad del Estado —que cuenta con el agrado de las formaciones separatistas y ejerce como cómodo transbordador de las aspiraciones del poder Ejecutivo— cedió a la pretensión de independentistas catalanes y nacionalistas vascos, consistente en poder utilizar los idiomas cooficiales en sus comunidades autónomas, en detrimento del uso de la lengua común.

Sin disimular las prisas, con un escueto acuerdo de la Mesa del Congreso, sin debate ni votación, se aprobó el cambio del reglamento. Una política de hechos consumados, en que primero se ejecuta la sentencia y después se discute el caso.

Poco importa que no exista una demanda real de los ciudadanos ni una mayoría social que lo respalde. Basta con emplear el modus operandi de la pasada legislatura para la tramitación exprés de las proposiciones de ley.

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Y como fórmula inusitada se recurre al uso de auriculares inalámbricos para intentar que el árbitro de la investidura rebaje el precio y sea más razonable.

En la España del menudeo, el gratis total y la Deuda batiendo récords, el coste de los pinganillos no deja de ser algo episódico e irrelevante. Tampoco importa el finiquito del castellano, en la medida en que implica cancelar la comunidad política.

Para amueblar la independencia, los nacionalistas precisan construir una nación cultural. Una vez que se demuestra la identidad propia, queda justificada la soberanía. Para eso también sirve la lengua, para concebir la identidad.

Ya lo han dicho los independentistas beneficiarios: nunca antes habían conseguido tanto en tan poco tiempo. Todo vale y el fin justifica los medios, de modo que la urgencia lo subsana todo.

En la vertiente exterior de las exigencias para la investidura, casi en unidad de acto, los estados miembros de la Unión Europea (UE) han dado largas al intento rebajado de introducir el catalán en las instituciones, aparcando la urgencia del euskera y el gallego.

En los casi 40 años que lleva España en la UE, nunca se había preocupado de resolver esta pendencia nacionalista, pero alguien se ha dado cuenta de la importancia de dar a entender en Bruselas las prestezas del Gobierno para satisfacer las exigencias de quien acaban de retirar la inmunidad y ahora tiene la llave de la gobernabilidad.

Nunca ha ocurrido, que un país —bajo su propia presidencia— solicite de golpe la inclusión de tres idiomas adicionales, sin que haya un consenso claro, político y social.

La respuesta a lo que tendría un coste económico y podría generar un efecto dominó, ha sido rechazar la vía expeditiva —de quien da la impresión de actuar más cara a la galería y a sus aspirantes a socios de investidura— y pedir más tiempo, con un incómodo ‘ya se verá’ . Algo así como nuestro "vísteme despacio que tengo prisa".

Las 23 lenguas actuales suponen una maquinaria muy pesada para el costoso entramado de la Unión y la tendencia es a simplificar. Y eso que la munificencia del gobierno en funciones llegó a proponer correr con los gastos relacionados, que sólo benefician a un partido.

El sentido proverbial del ridículo ha llevado a los frugales a pedir números concretos ¿se ha enterado España de cuanto tendrían que apoquinar sus contribuyentes?

Feijóo: "No defenderé la amnistía. Ningún fin, ni la presidencia del Gobierno, justifica los medios"

Con la absolución ilegal de quien presidió el mayor ataque a las libertades y los derechos colectivos que ha sufrido España en décadas, se trata de desacreditar, una vez más, al Tribunal Supremo (TS), lo que implicaría que no hubo intento de secesión ni malversación de fondos públicos.

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos — aceptando a trámite los recursos de los sediciosos condenados por la intentona golpista, contra la ejemplar sentencia del TS— supone otro revés para la Justicia española.

Resulta insostenible que el mismo gobierno que hasta hace unos meses defendía la actuación diligente de los jueces y fiscales, ponga ahora en cuestión — por conveniencia ocasional— la supuesta judicialización de un "conflicto político".

Tras el referéndum del 1-O, el Estado desplegó todo su poder para neutralizar el intento independentista, encontrando el apoyo unánime de las Instituciones Europeas ¿cuál va a ser la respuesta de la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, al requerimiento de Estrasburgo?

Entonces el mensaje fue claro: España es una democracia consolidada donde prima el Estado de Derecho ¿cómo queda la cosa si se aprueba una ley de amnistía y los encausados son rehabilitados? ¿y el atinado discurso del rey, que tantos encomios y disgustos le causó?