La pareja de Ayuso ratifica su querella contra la Fiscalía y ésta mantiene que no hay delito

La pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha ratificado este miércoles su querella contra dos fiscales de Madrid por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos, tras la publicación de una nota de prensa con datos del acuerdo por el que el empresario trataba de evitar llegar a juicio por fraude fiscal. Alberto González Amador adelantó a este miércoles la cita inicial que tenía el próximo viernes para efectuar este trámite, pero no pudo evitar a las decenas de periodistas que le aguardaban a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El empresario solicitó a la Sala de lo Civil y penal adelantar el acto de ratificación de querella, un rápido trámite que se realiza ante el letrado de la administración de justicia sin presencia del magistrado instructor, por lo que no ha habido problema en adelantarlo. La expectación mediática ha sido similar a la del pasado lunes, cuando acudió a declarar como acusado ante la jueza de instrucción que tramita la querella contra él por fraude fiscal y falsificación documental, que finalmente fue aplazada al próximo 24 de junio.

Coincidiendo con su comparecencia se ha conocido el recurso presentado por el fiscal Javier Montero, que representa al ministerio público en la causa contra sus compañeros --el fiscal de la causa por fraude fiscal contra González Amador, Julián Salto, y la fiscal Superior de Madrid, Pilar Rodríguez-- en el que insta al archivo de la causa.

Montero defiende que la nota de prensa no es delito y recuerda, ante alguna de las diligencias planteadas por el instructor Francisco José Goyena, que este órgano carece de competencias para investigar a Álvaro García Ortiz, aun admitiendo que "sin refrendo" del máximo responsable de la carrera la nota no se hubiera emitido. El propio fiscal general ha asumido en varias ocasiones la responsabilidad última de la emisión del comunicado.

Además de instar el archivo de las actuaciones --defiende que, en todo caso, no serían competencia del tribunal superior al no haber indicio de delito contra fiscal alguno-- Montero pide que se anulen algunas de las diligencias acordadas, entre ellas las relativas a la aportación a la causa de los mails intercambiados entre la defensa de Ayuso y la Fiscalía.

Tampoco ve procedente que se requiera copia de las Instrucciones dictadas en el seno de la Fiscalía "con el fin de impedir que queden a la vista, a disposición o sean entregados a personal no autorizados documentos y soportes qué contengan datos personales" y un informe propio elaborado por el delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal 

Sobre este punto, la Fiscalía señala que ni la querella explica el fundamento y finalidad de esas diligencias interesadas, ni el instructor hace ningún razonamiento sobre su pertinencia, necesariedad o relación inmediata con los hechos objeto de la querella. Es más, "lo que hace el instructor en su resolución es admitir todas y cada una de las diligencias solicitadas, sin alterar una sola coma o vocablo respecto a la propia exposición de la querella", lamenta.

Traslada la querella sin más

En esta línea, la Fiscalía incide en que el auto del instructor no pondera el contenido de la querella, ya se limita a trasladar su contenido de una manera "acrítica", hasta el punto de que no realiza ningún filtro ni de los hechos ni de las diligencias a practicar.

Así, insiste en que la denuncia de que la filtración proviniese de la Fiscalía "es una hipótesis remota respecto de la que no existen indicios suficientes". La posible “violación de seguridad” pudo producirse, insiste Montero, en el entorno del investigado por los hechos denunciados por el Ministerio Fiscal (es decir, González Amador), "puesto que es donde de forma objetivamente constatable se produjo la primera filtración de los correos electrónicos remitidos para alcanzar una conformidad".

Subraya también que no debe olvidarse que el Ministerio Fiscal investigó durante varios meses a la pareja de Díez Ayuso en el marco de unas diligencias de investigación preprocesal. "Esa investigación nunca fue revelada a los medios de comunicación, desarrollándose de forma reservada -agrega- Solo tras la interposición de la denuncia ante el Juzgado Decano de Madrid los medios de comunicación se hicieron eco de su existencia".

Además, el Ministerio Fiscal disponía del correo electrónico en que el letrado ofrecía la posibilidad de alcanzar una conformidad desde el 2 de febrero de 2024, insiste la Fiscalía. "A pesar de ello, los medios de comunicación no difundieron su contenido hasta la noche del 13 de marzo de 2024. Es decir, la Fiscalía estaba en posesión de ese correo 40 días antes de su divulgación", añade el escrito.