TRIBUNALES

García Ortiz se ampara en la Comisión de Venecia para blindar la amnistía

El fiscal general niega que afecte a intereses de la UE y por ello la Fiscalía Europea no ha reclamado nunca investigar la malversación

Álvaro García Ortiz

Álvaro García Ortiz / David Castro

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se apoya en el informe que la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa, realizó sobre la Ley de Amnistía para blindar el perdón a los protagonistas del 'procés' independentista en Cataluña, entre los que se encuentran Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Marta Rovira. Se trata de un texto resultado de una visita a nuestro país de miembros de esta Comisión en plena elaboración de la ley que fue interpretado de forma muy diferente por el Gobierno y por el PP, que centró su análisis en unas expectativas de censura a los planes del Ejecutivo de Sánchez que finalmente no se vieron cumplidas.

En el decreto firmado este viernes, en el que ordena a los fiscales del juicio del 'procés' Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno que los delitos de los independentistas deben ser amnistiados, el fiscal general alude hasta en 23 ocasiones a la Comisión de Venecia, pues recalca que este organismo concluyó en un informe de marzo de 2024 que "la normalización, institucional, social y política constituyen objetivos legítimos" para aprobar la Ley Orgánica de la Amnistía.

"Separación de poderes"

En el mismo sentido, el decreto sostiene que el ordenamiento jurídico de la Unión Europea admite la amnistía como forma de extinción de la responsabilidad criminal. Y para subrayar esta conclusión, García Ortiz recurre de nuevo al informe de la Comisión de Venecia, que sostenía: "Un procedimiento por el que se confía al Poder Judicial, por el Parlamento, la decisión sobre si personas concretas cumplen los criterios generales determinados para la aplicación de la amnistía es conforme con el principio de separación de poderes".

Sobre la posibilidad de amnistiar la malversación, el decreto se vale de nuevo de la Comisión de Venecia, cuyo nombre oficial es Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, y que se encarga de brindar asesoría legal a los estados miembros del Consejo de Europa. Y lo hace para defender que este organismo ha admitido la posibilidad de perdonar estos delitos.

Puigdemont y Comín, con sus acreditaciones en el Parlamento Europeo

Puigdemont y Comín, con sus acreditaciones en el Parlamento Europeo / SÍLVIA MARTÍNEZ

En relación a la posible vulneración del Estado de derecho con la amnistía, García Ortiz destaca que el informe del organismo consultivo del Consejo de Europa sostiene que la posibilidad de que los Estados miembros aprueben leyes de amnistía se encuentra contemplada en el ordenamiento jurídico de la Unión y ha sido admitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Fiscalía Europea

En otro sentido, el decreto también se ampara en una institución comunitaria, en este caso la Fiscalía Europea, -con sede en Luxemburgo-, para rechazar la hipótesis de los fiscales del 'procés' de que la secesión de Cataluña hubiera producido una "efectiva afectación a los intereses de la Unión Europea".

"De asumir el criterio plasmado en los borradores analizados, las causas por delitos de malversación cometidos [...] deberían ser competencia de la Fiscalía Europea", completa García Ortiz, que recuerda que este criterio no se ha seguido en la causa contra "el responsable de la oficina de Carles Puigdemont en el año 2018 (Josep Lluís Alay Rodríguez). Ni el Ministerio Fiscal ha considerado que la competencia para conocer de la causa fuera de la Fiscalía Europea ni esta última, a pesar de tratarse de hechos de público conocimiento, ha reclamado o avocado para sí esa competencia". 

"Difícilmente demostrable"

Además, para García Ortiz la opinión de los fiscales del 'procés' de que la independencia hubiera perjudicado a la UE "resulta difícilmente demostrable, pues se ignoran los concretos términos en los que habría podido tener lugar ese imaginario suceso y, en particular, si Cataluña habría alcanzado, una vez constituida en república independiente, algún concreto acuerdo económico con la Unión Europea".

Y finalmente, el decreto pone de manifiesto que la Ley Orgánica de la Amnistía (LOA) incluyó una modificación que reclamaba la Comisión de Venecia. En concreto, explica que la versión original de la proposición de ley "no condicionaba la amnistía de los delitos de malversación al hecho de que la conducta delictiva no se hallara orientada a la consecución de un enriquecimiento o a cualesquiera otros tipos de condiciones o requisitos". Y por ello, "su introducción obedeció a la voluntad de atender las recomendaciones efectuadas".