El TAD inhabilita a Rubiales durante tres años por su beso a Jenni Hermoso

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha inhabilitado a Luis Rubiales durante tres años para ejercer cargos de responsabilidad en el ámbito deportivo. En concreto, la ha impuesto dos sanciones de un año y medio, atendiendo a la propuesta que formuló el instructor del caso hace tres semanas. Una de esas sanciones es por el beso no consentido a Jenni Hermoso y la otra por agarrarse los genitales en el palco de la final del Mundial femenino en Sídney.

Durante estos tres años, Rubiales no podrá ocupar ningún cargo de responsabilidad en el ámbito deportivo, como ha adelantado el portal Iusport. Es decir, no solo le impide ejercer en la RFEF, sino en cualquier cargo en un club, liga o federación de cualquier deporte. Esta sanción se solapa con la que le puso FIFA, también durante tres años, en este caso en el ámbito del fútbol.

La decisión del TAD puede ser recurrida ahora por Rubiales, quien ya anunció que daría la batalla para evitar su inhabilitación tanto por el TAD como por la FIFA. El tribunal le sanciona por un abuso de autoridad en el beso a la futbolista y por una falta de decoro por sus gestos en el palco del estadio australiano, junto a dirigentes de la FIFA y miembros de la Casa Real española.

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La denuncia ante el TAD

El TAD estudió este expediente después de que el Gobierno, a través del CSD, elevara dos denuncias por los hechos acaecidos en la final del Mundial femenino. El CSD solicitó que se considerara que Rubiales había cometido dos faltas muy graves, lo que le hubiera permitido suspenderle temporalmente, pero el TAD solo las tramitó como graves, lo que impidió esa medida temporal. Un duro golpe para el Ministerio de Cultura de Miquel Iceta, que había anunciado incluso los pasos que iba a dar para sacar a Rubiales de su cargo y cuya estrategia fue desbaratada por el TAD.

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La suspensión temporal de 90 días por parte de la FIFA impidió que Rubiales continuara siendo presidente de la RFEF hasta hoy mismo. No obstante, el dirigente andaluz dimitió de su cargo pasadas unas semanas, al constatar que le iba a ser imposible recuperar el poder al frente de la RFEF. Desde entonces, Pedro Rocha ejerce de presidente de la comisión gestora de la Federación, a la espera de la convocatoria de unas nuevas elecciones, en principio durante el primer trimestre de 2023.

Los dos procesos de inhabilitación administrativa se suman al juicio que está encarando en la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de agresión sexual y coacciones a Jenni Hermoso. Un proceso por el que ya declaró ante la Audiencia Nacional y en el que también están imputados por coacciones el exseleccionador Jorge Vilda, el director de la selección masculina Albert Luque y el director de marketing de la RFEF Rubén Rivera.

El juicio en la Audiencia Nacional

La Fiscalía, como informó este periódico, estima tras la ronda de declaraciones de investigados y testigos que existen indicios sólidos para que el juez envíe al banquillo a los cuatro acusados, si bien la defensa de Rubiales trata de evitar ese desenlace. No obstante, todavía resta la declaración de la víctima, Jenni Hermoso, que debería producirse en las próximas semanas, una vez la futbolista esté en España, dado que juega como profesional en México.

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La inhabilitación del TAD, salvo que esta sea anulada por la justicia ordinaria, le impedirá también ser candidato a la presidencia de la RFEF tanto ahora como en un futuro, evitando la tentación de que busque un regreso al cargo en algún momento.

La nueva Orden Ministerial

La Orden Ministerial que está ultimando el Gobierno de cara a los procesos electorales de las federaciones deportivas nacionales recoge específicamente que aquellos que hayan sido inhabilitados en algún momento para ejercer un cargo deportivo no podrán optar nunca más a una presidencia.

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La sanción de la FIFA, que ha sido recurrida por él, ya impedía a priori que Rubiales pudiera regresar al ámbito federativo, pero el hecho de que la sanción sea impuesta por un órgano que se encuadra dentro de la legislación española refuerza el cortafuegos contra un hipotético regreso del dirigente granadino.