Junta y Gobierno se pasan la pelota de la compra de suelos a agricultores en Doñana

Junta y Gobierno se reunieron este lunes para tratar de cerrar un acuerdo para los agricultores de la corona norte del Parque Nacional de Doñana y este miércoles se sentarán por primera vez en Huelva con los afectados. Pese a que las dos administraciones hablan de “buen tono” y de “avances” en las negociaciones es pronto para aterrizar qué soluciones se pondrán sobre la mesa de los agricultores de los municipios del Condado de Huelva afectados por el plan de la fresa de 2014, que convirtió en suelo de secano o forestal un total de 1.600 hectáreas de los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.

La compra de suelos a estos agricultores, que durante mucho tiempo se ha perfilado como una posible salida, está en el aire. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dejado claro que no van por ahí los planes del Gobierno. Ribera evita hablar de líneas rojas pero ha definido ya con claridad que su Gobierno no aprobará ni una sola hectárea de regadío más en la zona y ha descartado la compra de suelos a estos agricultores. En una entrevista en Canal Sur, la ministra dio este martes un paso más y aseguró que el Gobierno no puede hacerlo pero “desconoce” si la Junta de Andalucía hará esa oferta a los agricultores. “Está completamente descartado que el Ministerio vaya a comprar suelo que no tenga algo vinculado a la recuperación de agua directa del Parque Nacional de Doñana”, señaló Ribera, “para eso deberíamos tener derecho de agua antes que no existen”, concluyó.

Precisamente eso es lo que pretendía la proposición de ley de PP y Vox que se paralizó en el último momento y que todavía podría aprobarse en el Parlamento andaluz si no se llega a un acuerdo. Esa iniciativa, que cuenta con advertencias de la Comisión Europea, la Unesco y la comunidad científica, pretende convertir en suelo de regadío los terrenos que hace diez años fueron excluidos de la producción de frutos rojos mediante explotaciones intensivas. Los agricultores exigen que sus terrenos vuelvan a ser de regadíos, lo que automáticamente dispararía su valor hasta llegar a multiplicarlo por diez. Según esta tabla oficial de precios de la Consejería de Agricultura, esos suelos pasarán de valer 13.539 euros por hectárea a revalorizarse hasta los 140.362 euros. Multiplicarán por más de diez su precio, si se compara la tasación para una hectárea de secano, por ejemplo vid, al precio de una hectárea de fresón de regadío.

Empresas beneficiadas por la ley de Doñana tienen multas por extracción ilegal de agua

Después de que la vicepresidenta Ribera dejara en el tejado de la Junta la compra de terrenos a los agricultores, el Gobierno andaluz eludió recoger el guante. El consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, aseguró que esa compra de suelos no se ha debatido ni ha estado sobre la mesa de negociación. “No hay ninguna decisión adoptada”, señaló el también portavoz del Gobierno. “Flaco favor haríamos al acuerdo si empezamos a radiar las conversaciones”, señaló. Otra de las posibilidades que se han perfilado durante los últimos meses ha sido la permuta de terrenos. Sin embargo, la Plataforma de Regantes del Condado, que da voz a los afectados, ha advertido en muchas ocasiones que esa fórmula no es viable. La mayoría de los agricultores afectados por la reordenación de 2014 vieron como sus fincas se partían en varios trozos, por lo que siguen teniendo parte de su suelo de regadío y algunas hectáreas declaradas de secano o para otros usos.

Primera cita en Huelva

Los agricultores asisten este miércoles a un primer encuentro que permitirá medir de verdad las posibilidades de que se cierre un acuerdo que haga definitivamente descarrilar la proposición de ley del PP, que amplía en unas 750 las hectáreas de regadío en el Condado de Huelva. A esa reunión acude la Plataforma de Regantes pero también la patronal Interfresa o Freshuelva, que representan a la mayoría del sector de los frutos rojos en Huelva. De momento, no se conoce en qué propone el Gobierno gastar esa partida extraordinaria de 350 millones de euros con las que ha ofrecido reforzar el plan de Doñana, que presentó hace un año con otros 356 millones de euros. De esos, 100 se destinaban para la compra de derechos de agua o fincas de regadío, para aliviar la presión sobre el Parque Natural.

Las propuestas que ha esbozado la ministra Ribera dejan claro que las soluciones pasan por diversificar la economía en la zona más allá de los frutos rojos. Las propuestas sobre la mesa no pasan ni por la fresa ni por más agua, que no hay en mitad de una pertinaz sequía, sino por recuperar actividades económicas tradicionales en la comarca como la vid o los pinos piñoneros, junto a actividades agroindustriales y de transformación de productos agrícolas.

Un mes de plazo

Gobierno y Junta se han dado un mes de plazo para cerrar un acuerdo y el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha asumido públicamente que no aceptará ninguna propuesta que no tenga el visto bueno de los agricultores afectados. Son unos 1.500 agricultores que tienen alrededor de 750 hectáreas y reclaman derechos históricos de regadío. La Junta propone ir analizando “caso a caso”.

Ni la Plataforma de Regantes ni la Junta han puesto como condición para beneficiarse de las medidas que se pongan sobre la mesa que los propietarios de esas hectáreas de terrenos, a unos 30 kilómetros del Parque Natural, no hayan estado cultivando de forma ilegal y pinchando agua subterránea del acuífero de Doñana en los últimos años. La información en manos de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA indica, atendiendo a los expedientes sancionadores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que muchas de las cooperativas y empresas que más empujan por regularizar sus suelos han tenido multas por captación ilegal de aguas subterráneas. De ahí que el Gobierno de la nación insista en que no beneficiará, en ningún caso, a esas explotaciones irregulares.

Moreno empeñó su palabra con los agricultores de Huelva y de hecho no comunicó que se sentaría con la ministra Ribera, hace justo una semana en una cita en San Telmo, sede del Gobierno andaluz, hasta que el Ministerio, en concreto el secretario de Estado, Hugo Morán, no se sentara con los agricultores. Lo hizo en Madrid ese mismo día para comunicarles que iban a buscar un ‘plan b’ a la proposición de ley. “Igual que no se me ocurriría hacer una reforma del mercado de electricidad como me piden las compañías eléctricas, no podemos hacer solo lo que piden agricultores, hay que dar respuesta a toda la gente que vive en el entorno de Doñana”, ha advertido la vicepresidenta Ribera.  Las negociaciones acaban de comenzar, avisan las partes.