MUFACE: sus aseguradoras suman pérdidas de más de 200 millones y ven inviable el futuro

Continúa la preocupación entre las aseguradoras -Asisa, Adeslas y DKV- que forman parte del actual concierto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). Las compañías han comenzado a reunirse con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para elaborar el estudio que el Gobierno encargó en 2022 a esta entidad sobre la financiación del modelo. Encuentros que se producen en un escenario incierto: pese a que el Ejecutivo ha asegurado que el modelo no se toca, en las condiciones actuales, consideran que no podrán continuar por la falta de financiación. Las pérdidas que acumulan en este momento, ya superan los 200 millones de euros, según fuentes de las compañías consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

MUFACE es el organismo público encargado de cubrir la asistencia sanitaria y farmacéutica, así como otras contingencias sociales (incapacidad temporal, situaciones de riesgo durante el embarazo, incapacidad permanente parcial y gran invalidez, descendiente a cargo discapacitado, …) a los funcionarios adscritos. En total, si se tiene en cuenta al resto de mutualistas, ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y MUGEJU (Mutualidad General Judicial), el colectivo alcanza los dos millones de personas.

El 1 de enero de 2022 entraron en vigor los nuevos conciertos sanitarios que, en el trienio 2022-2024, garantizan la cobertura sanitaria a través de Asisa, Adeslas y DKV tanto a los funcionarios que prestan su servicio en España como a los destinados en ciento veintitrés países. En este 2024 comenzará la negociación del nuevo concierto para los próximos años. La renovación se tendría que firmar, como tarde, en septiembre de este año, para que el concierto arranque el 1 de enero del 2025.

Cambio de ministerio

Con el inicio de año, MUFACE dejó de estar bajo el paraguas del Ministerio de Hacienda y pasó a estar vinculado al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige José Luis Escrivá. El cambio "de dependencia orgánica no tiene ninguna consecuencia para los mutualistas, como ha ocurrido en anteriores ocasiones", indicaban desde este departamento a este diario. Los retos, los mismos: dotar a la entidad de mayor financiación para garantizar la asistencia sanitaria de los funcionarios, como piden sindicatos y aseguradoras.

Porque las aseguradoras remarcan: en las actuales condiciones, les resulta imposible seguir adelante. Llevan meses hablando de "primas desfasadas" que, a su vez, reducen los baremos que las compañías pagan a los médicos. Consideran que es preciso revisar el modelo, infradotado, insisten, tanto en términos absolutos, como si se compara con la financiación de la sanidad pública. Con datos facilitados a este diario, el futuro se presenta inviable: entre las tres compañías, desde que entró en vigor el concierto actual (2022), llevan unas pérdidas acumuladas de 200 millones de euros.

El estudio de la AIReF

Así se lo han trasladado a la AIReF a quien el Gobierno central encomendó en 2022 la elaboración de un estudio revisión de gasto (sprending review) de Muface, Mugeju e Isfas para el periodo 2022-2026. La primera fase del sprending review 2022/2026 abarca dos áreas de análisis, una de ellas el gasto derivado de la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo. El objetivo es evaluar "la eficiencia técnica y económica de la asistencia sanitaria del mutualismo" en España de dos fuentes de información: la relativa a los servicios sanitarios proporcionados a través de este régimen y la que afecta a su financiación.

En sus encuentros con el organismo, las aseguradoras que forman parte del concierto de MUFACE han insistido en el mensaje: el modelo está infradotado. "Hay que negociar muy rápido o se llegará a un punto límite. O se busca una fórmula, o las compañías acabarán saliendo del modelo", señalaba de forma contundente el pasado octubre el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu, en un congreso de sanidad privada celebrado en Madrid.

En la misma línea, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pide desde hace tiempo un incremento del presupuesto del concierto sanitario para evitar recortes en la asistencia, que ya se están dando, al igual que listas de espera en determinadas especialidades, aseguran. A finales de año, en la última reunión con MUFACE, la dirección general del organismo les indicaba que, de momento, habrá que esperar y que sigue buscando vías de financiación.

Desaparición de MUFACE

El estudio de la AIReF evaluando esa eficiencia económica del mutualismo, indican las fuentes de las compañías consultadas por este diario, se haría público de cara a septiembre, pero las aseguradoras consideran que si no está listo en junio -como se ha dicho, el nuevo concierto debería estar firmado como tarde en septiembre de 2024- no será de utilidad, porque a lo mejor, cuando se publique, ya no existe MUFACE.

La preocupación entre las aseguradoras por una posible quiebra del modelo se acentuó cuando, en los últimos meses, planeó su hipotética desaparición, ya que Sumar incluyó en su programa para las elecciones generales del 23 de julio sacar a los funcionarios del mutualismo administrativo de forma "paulatina" para incluirlos, junto al resto de la ciudadanía, en el sistema sanitario público.

Pese a los mensajes de calma lanzados desde el Gobierno sobre la permanencia del modelo, si MUFACE desaparece por su infradotación económica, el impacto será enorme, dicen sus aseguradoras

La ministra de Sanidad, Mónica García, despejó pronto la duda. MUFACE no se va a tocar, pero entre las compañías persiste ese desasosiego. Inciden en que, pese a los mensajes de calma lanzados desde el Gobierno sobre la permanencia del modelo, si MUFACE se ve abocada a desaparecer por su infradotación económica, el impacto será enorme.

Los costes

En noviembre, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por las principales empresas sanitarias y asociaciones privadas, advertía: el coste final de la atención a los mutualistas para el Estado ante esa futurible desaparición del modelo sería de entre 2.950 a 3.030 millones de euros.

El mutualismo administrativo, como mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado, "produce ahorros al sistema público" sostiene la entidad que representa al sector privado. A modo de ejemplo, cita, se estima que la prima media de MUFACE se sitúa en 2022 en 1.020 euros anuales por asegurado, mientras que el gasto sanitario público per cápita de ese mismo año es de 1.674 euros (no incluye gasto farmacéutico ni el gasto destinado a mutualidades, precisan), lo que "supone un ahorro de 654 euros por mutualista para la Administración".

PNL del PP

En esa línea, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados presentaba el pasado 25 de enero una Proposición no de Ley (PNL) para "garantizar, impulsar y modernizar" el actual mutualismo administrativo de MUFACE y del resto de mutualidades prestadoras de asistencia sanitaria (ISFAS y MUGEJU) para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

"Traspasar a los más de 2 millones de beneficiarios del mutualismo supondría un colapso de la sanidad pública y un aumento muy considerable de las listas de espera que actualmente alcanzan un récord histórico con 819.964 pacientes aguardando una intervención quirúrgica (77.446 más que hace un año). Por tanto, el sistema del mutualismo reduce en gran medida la presión asistencial en el sistema público y garantiza su viabilidad", fundamentan los populares en su PNL.