El Gobierno se abre a retoques técnicos para salvar la amnistía sin las enmiendas de Junts

El PSOE quiere reconducir la negociación con Junts tras su rechazo a la ley de amnistía y está dispuesto a asumir cambios. Por el momento, desde el Gobierno se refieren a retoques “técnicos” sin aceptar las enmiendas propuestas por Junts, que los socialistas siguen considerando inconstitucionales. Un gesto de distensión y voluntad de “diálogo” para salvar la norma después de asegurar, al calor de la derrota parlamentaria de este martes, que no tenían margen para seguir moviéndose. El encargado de las negociaciones, Félix Bolaños, mantuvo este miércoles una posición más férrea, pero la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se encargó de tender la mano.  

“Margen para negociar tiene que haber siempre. Cuando transcurre un tiempo y hay voluntad clara de diálogo por ambas partes, siempre hay condiciones para seguir incorporando cuestiones con mejoras técnicas”, dijo Montero en TVE. Unos minutos después, en RAC1, insistió: “Siempre hemos dicho que el texto puede incorporar enmiendas que mejoren su calidad, pero no pueden poner en cuestión la seguridad jurídica de la norma”. Al tiempo que abría la mano, ya en frío y olvidando la negativa a realizar cambios que se trasladaba el día anterior, la número dos del Gobierno y el PSOE fijaba los límites: “Hay materias que se pueden incorporar, que son constitucionales, y otras que no porque no lo son”. Las propuestas por Junts, que pide eliminar cualquier mención al terrorismo de las exclusiones de la ley, las situó en este segundo paquete. 

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El futuro de la legislatura

En cualquier caso, el Gobierno se movilizó un día después de su primer gran fracaso parlamentario, y precisamente en una materia tan sensible como la amnistía, para asegurar que la legislatura no se encontraba en peligro. La optimista tesis que circula en la Moncloa es que Junts apretará todo lo posible para ampliar la medida de gracia (amenazada por jueces como Manuel García-Castellón, que investiga por terrorismo a al expresident Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira), pero que no impedirá su aprobación. Y una vez que la amnistía entre en vigor, continúan los colaboradores de Sánchez, la actitud de los posconvergentes cambiará y será más sencillo pactar con ellos. 

Mientras tanto, Junts también mantuvo este miércoles una actitud conciliadora, asegurando que había espacio para llegar a un acuerdo. Aun así, la cúpula del partido independentista insiste en advertir de que no puede apoyar el actual texto de la ley de amnistía porque, a su juicio, carece de garantías frente a las iniciativas judiciales que podrían dejar fuera de la misma a dirigentes como Puigdemont. De hecho Puigdemont, en las redes sociales, fue categórico: “No nos moveremos”. 

El sector más moderado de Junts asiste con estupor a este ejercicio de tensión (“han ganado los jueces y les hemos regalado la partida para frenar la amnistía”, se lamentaba un dirigente), en paralelo a la afirmación del secretario general, Jordi Turull, quien en Rac-1 trató de trasladar la presión al PSOE avisando de que sería Sánchez quienes daría al traste con el pacto de investidura porque se comprometió, dijo, a una medida de gracia que incluyese a todos los afectados y fuese de aplicación inmediata.

El Gobierno está dispuesto a moverse, pero también deberá hacerlo Junts para llegar a un punto de encuentro, insisten en la Moncloa. Los socios de coalición empujan en esta misma dirección. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, invitó a “todos los actores” a un acuerdo sobre la amnistía que implicará “cesiones por todas las partes”. Durante una entrevista con Servimedia, el dirigente de Sumar explicó: “Estamos obligados a entendernos, estamos obligados a acordar. Como siempre en política, los acuerdos nunca son del todo satisfactorios para ninguna de las partes”. 

De la aprobación de la ley amnistía depende que Junts mantenga su apoyo al Gobierno y, más allá de las presiones de ambas partes, nadie ha dado muestras de querer romper. De hecho, los posconvergentes no tumbaron el dictamen para mantener viva la tramitación, que ahora retrocederá un paso para volver a la comisión de Justicia del Congreso. Bolaños, en este sentido, tampoco cerró la puerta a las modificaciones, siempre con el límite de la Carta Magna. "El texto es absolutamente constitucional y sólido y así seguirá siendo”, dijo en la Ser. 

Sin prisas

El Gobierno combina la presión a Junts y las críticas por haber votado “de la mano del PP y Vox” con la disposición a seguir dialogando. En principio no de manera inmediata, pues no será hasta la celebración de la Mesa del Congreso, el próximo martes, cuando se marquen los tiempos para el debate en la comisión de Justicia. Fuentes de Ferraz rebajan las prisas para enfriar el choque antes de la negociación definitiva: “Tienen este tiempo para reconsiderar todos los beneficios que tiene esta ley”. 

La presión a Junts proviene también del resto de socios de investidura que votaron a favor de la norma. Principalmente de ERC, su rival electoral en Catalunya, pero también de otras formaciones como EH Bildu. “Nos hubiera gustado que la ley de amnistía hubiese sido aprobada, porque devuelve a la política lo que nunca debió salir de ella. No podemos dar ninguna oportunidad más a quienes, por tierra, mar y aire, están intentando sabotear y boicotear la ley de amnistía para que descarrile esta legislatura”, lamentaba la portavoz de los abertzales en el Congreso, Mertxe Aizpurua.