El Gobierno negocia con Junts un "preacuerdo" para no llevar al límite los Presupuestos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abierto ya negociaciones con Junts para sacar adelante los Presupuestos. Según fuentes de su entorno más cercano, el objetivo del Gobierno pasa por alcanzar un “preacuerdo” con los socios de investidura antes de la aprobación del proyecto por parte del Consejo de Ministros. Esto es, revertir el orden de las negociaciones para asegurarse de antemano que no saldrán adelante las enmiendas a la totalidad que, casi con total probabilidad, presentarán PP y Vox. De ahí que se estén debatiendo aportaciones y “mejoras”.

El Gobierno quiere evitar las negociaciones al límite, como ocurrió con los tres primeros decretos de la legislatura, y reducir riesgos con el proyecto que marcará la viabilidad de la legislatura. Desde Hacienda reconocen que la pieza más compleja de encajar es la de los posconvergentes y cualquier precaución es poca. Por este motivo, no se presentarán los Presupuestos hasta cerrarse un compromiso previo para su tramitación. En Moncloa calculan que esto último no ocurriría antes de finales del mes de febrero.

La espiral competitiva entre Junts y ERC dificulta la negociación de los Presupuestos

Su calendario ideal pasa por llevar el proyecto al Congreso dentro de cuatro o cinco semanas y conseguir su aprobación definitiva durante el mes de abril. El “preacuerdo” que se pueda alcanzar es solo un compromiso para seguir negociando. Una muestra de voluntad de explorar un acuerdo, permitiendo salvar la primera bola de partido sin costosos sustos de última hora, y ya durante tramitación parlamentaria discutir la inclusión de enmiendas parciales.

Las conversaciones son por el momento “preliminares” y, según fuentes directas, se centran únicamente en el proyecto de Presupuestos. Por el momento no se han puesto sobre la mesa contrapartidas ajenas, como ocurrió en la negociación de los tres primeros decretos de la legislatura. Entonces, Junts levantó su veto a última hora a cambio de medidas que nada tenían que ver con estos textos, como la delegación de competencias en materia de inmigración a la Generalitat o la reforma de la ley de Sociedad de Capital para facilitar el retorno a Cataluña de las empresas que salieron por el ‘procés’.

Los negociadores socialistas no descartan que se acaben abordando otras carpetas y tampoco se cierran a ello. De hecho, socios del bloque de investidura tienen previsto reclamar en estas negociaciones diferentes reformas. El PNV exige, tras tumbarse el decreto de subsidios del paro, que el apartado sobre la prelación de convenios se incluya en la próxima norma que impulse el ministerio de Trabajo.

Podemos, por su parte, demandará cambios para revertir lo que consideran “recortes” en la propuesta del decreto que tumbaron al votar sus cinco diputados en contra. La intención del Gobierno es tramitar esta iniciativa, incluida dentro de los hitos exigidos por Bruselas en el plan de recuperación para recibir los fondos europeos, a través de una proposición ley para negociar cambios con el resto de grupos.

Ley de amnistía

La negociación de los Presupuestos va por un carril distinto, aunque paralelo, a la negociación de la ley de amnistía. Los acuerdos con Junts y ERC para incluir enmiendas a la medida de gracia no están vinculados a los Presupuestos, según coinciden en señalar tanto desde el Ejecutivo como desde los grupos independentistas. Sin embargo, el último pacto para modificar la ley de amnistía en lo relativo al terrorismo sí ayuda a engrasar la relación y, por tanto, apuntala la mesa de negociación sobre los Presupuestos. Fuentes de las negociaciones trasladan así su impresión de que por parte de Junts observan una “actitud de colaboración”.

Los independentistas apuestan por seguir negociando más cambios para ofrecer un mayor blindaje en las causas de CDR y Tsunami Democrátic (por la que se investiga por un delito de terrorismo al expresident Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira). Principalmente, después del último auto del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que podría dejar fuera del perímetro de la amnistía al expresident de la Generalitat. El encargado de estas negociaciones, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se manifestaba de forma ambigua este viernes desde Bruselas. Por un lado, explicaba que el próximo martes se votan las enmiendas que todavía están vivas "y ahí se comprueba si alguna de esas enmiendas vivas se vota por mayoría y, por tanto, se incorpora". Por otro, aseguraba que su partido "está votando las enmiendas que aprueba y que pacta el PSOE". Las únicas enmiendas vivas que irán al Pleno son las presentadas en solitario por los independentistas, sin acuerdo con los socialistas.

Condonación de deuda

Durante la comparecencia de la ministra de Hacienda este jueves en el Congreso para trasladar las líneas maestras de su departamento durante la legislatura, ERC y Junts coincidieron en reclamar una financiación “singular” para Cataluña. Según recoge el acuerdo de investidura, el debate de la financiación deberá abordarse para llegar a un punto de encuentro. Los posconvergentes apuestan por la modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA) para la cesión “del 100% de todos los tributos”, mientras que los socialistas se centran en medidas en línea con la condonación parcial de deuda, pactada con ERC.

Montero anunció en esta línea que el próximo mes iniciará las reuniones con cada una de las comunidades autónomas de régimen común para negociar la aplicación en cada territorio de la condonación de 15.000 millones de deuda ya acordada para Cataluña. "Plantearemos parámetros objetivos, comunes, para todas las comunidades de régimen común", dijo además de conceder que Cataluña es una comunidad “infrafinanciada”.