El freno de Junts a la amnistía complica al Gobierno la tramitación de los Presupuestos

El Gobierno resta dramatismo al freno que Junts impuso este martes a la amnistía. La ley para dar carpetazo judicial al ‘procés’ sigue viva. Su aprobación solo se ha retrasado entre 15 días y un mes, insisten distintas fuentes del Ejecutivo, que aseguran que la norma saldrá adelante porque los posconvergentes cambiarán de actitud y no pondrán en riesgo su entrada en vigor. Pero los colaboradores de Pedro Sánchez sí admiten que el partido de Carles Puigdemont, con su voto en contra de la iniciativa porque consideraba que no blindaba lo suficiente a los dirigentes independentistas frente a la ofensiva de algunos jueces, complica la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, cuya negociación se verá retrasada, y también empaña el discurso del PSOE ante las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero.

A diferencia de lo que ocurrió con la reciente votación de los reales decretos, que se salvaron en el último minuto gracias a las contrapartidas que el Gobierno ofreció a Junts, los socialistas tuvieron claro durante toda la jornada que la ley de amnistía no iba a salir esta vez adelante. Hubo algún contacto con los posconvergentes por parte del ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pero fueron muy superficiales. El margen de negociación era escaso.

Junts tumba la ley de amnistía para forzar otro mes de negociación con el PSOE

Para salvar el carpetazo judicial al ‘procés’ frente a la amenaza de Junts, los socialistas habrían tenido que aceptar tal y como están redactadas algunas de las enmiendas de los posconvergentes, que reclamaban que el terrorismo entrase sin ambages dentro de la norma, algo que según el Gobierno abocaría a que esta fuese tumbada por el Tribunal Constitucional (TC). Cuando un texto legal aprobado en comisión llega al pleno del Congreso, como ocurrió este martes, los grupos solo pueden pactar modificaciones, llamadas transaccionales, si todo el hemiciclo da su visto bueno. Pero esta era una posibilidad sin ningún viso de salir adelante, ante el seguro rechazo del PP y Vox. Así que el PSOE votó en contra de las enmiendas de Junts y después los posconvergentes rechazaron el dictamen sobre la amnistía, pese a que lo habían negociado, forzando a la norma a volver a la comisión de Justicia, donde ahora tendrá que volver a negociarse.

O no. Fuentes de la Moncloa señalaron que no estaban dispuestos a tocar más la ley. Los socialistas, al fin y al cabo, ya aceptaron modificarla hace una semana para que el delito de terrorismo, por el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investiga a Puigdemont, pudiese ser amnistiado siempre que no hubiera "causado violaciones graves de derechos humanos" de "forma manifiesta y con intención directa”. La pelota, según el relato del Gobierno, está ahora en el tejado de Junts, que acabará aprobando la norma tal y como está redactada “porque no le queda otra”.

Aun así, otras fuentes rebajaron este escenario. “Sería raro que dentro de 15 días o un mes votasen a favor de algo que han rechazado hoy”, señalaron. Y por otra parte, no sería la primera vez que el PSOE habla de “líneas rojas” y después cambia de actitud ante las exigencias de los posconvergentes, que son indispensables en esta legislatura para aprobar cualquier iniciativa. Ya ocurrió con las enmiendas sobre el terrorismo a la ley de amnistía aprobadas la semana pasada.

El futuro de la legislatura

Minutos después de la votación, Bolaños salió al patio del Congreso para transmitir dos mensajes muy claros: ni la legislatura ni la apuesta del Ejecutivo por la amnistía corrían peligro. “Estamos haciendo lo correcto: garantizar la convivencia. Es una apuesta por la que vamos a seguir trabajando. Es absolutamente incomprensible que los diputados de Junts hayan votado de la mano del PP y Vox en contra de una ley que habían pactado. Les pido que reconsideren su posición y voten la amnistía tal y como está”, dijo, en la primera crítica al partido de Puigdemont por parte del Gobierno desde las elecciones generales del 23 de julio. Pero el mandato de Sánchez no flaquea, según el ministro. “Nos quedan tres años y medio de legislatura trabajando por la agenda social: derechos, empleo y convivencia”, concluyó.

El alcance de la legislatura depende en buena medida de la aprobación de los Presupuestos. El Gobierno ya había asumido el retraso en su presentación hasta cerrar antes un “preacuerdo” con Junts. El compromiso previo de que, al menos, los posconvergentes rechazarían las enmiendas a la totalidad para facilitar su tramitación. Evitar de este modo otra negociación al límite. Aunque la amnistía y los Presupuestos se negocian en dos mesas distintas, los cálculos del Ejecutivo pasaban por llevar el proyecto al Congreso dentro un mes y aprobarlos definitivamente en abril, después de que entrase en vigor de la medida de gracia. Un calendario que ahora se ve modificado. Los tiempos se dilatan y las posibilidades de llegar a un acuerdo de Presupuestos se alejan si antes no está aprobada la amnistía.

En Moncloa evitan hablar de un nuevo retraso en la presentación de las cuentas públicas, pero se asume que el desacuerdo en la ley de amnistía complica su tramitación. Se trata de un revés en las relaciones entre ambos partidos del que dan cuenta el tono utilizado por el titular de Presidencia y Justicia. Otras fuentes de la cúpula de Hacienda prefieren ser cautas hasta ver “cómo respiran” en Junts.

Este martes apenas hubo conversaciones entre el PSOE y Junts, tras haber constatado el día antes unas diferencias casi insalvables sobre unas enmiendas que según los socialistas pondrían en riesgo la amnistía ante el Tribunal Constitucional. A partir de hoy, los negociaciadores deberán hacer control de daños en unas relaciones que no acaban de engrasarse, pese a intensificarse los contactos después del aviso en la votación de los tres primeros decretos de la legislatura.

El tono empleado por el PSOE con los independentistas denotaba un malestar en el Gobierno no expresado hasta ahora, al ver sus planes cambiados, y un ánimo por intentar restar influencia a los posconvergentes en la gobernabilidad. Un ministro del núcleo más cercano a Pedro Sánchez negaba que la legislatura esté riesgo porque su duración depende del presidente del Gobierno “y el jefe tira”. Incluso aseguraba que los Presupuestos se pueden prorrogar para quitar importancia a lo que hagan los posconvergentes. Al mismo tiempo, avanzaba que “no vamos a cambiar de posición” respecto a la ley de amnistía.

El efecto en las gallegas

El argumento de que los Presupuestos se pueden prorrogar también lo utilizaban fuentes de Ferraz. Sin embargo, el Ejecutivo perdería este comodín nada más iniciar la legislatura, además de que la gobernabilidad depende del apoyo de todos los socios de investidura para sacar adelante las medidas del Gobierno.

El freno en la aprobación de la ley de amnistía le devolverá todo el foco en plena campaña de las elecciones gallegas. Precisamente, Alberto Núñez Feijóo pretende nacionalizar la campaña para mantener la tensión y capitalizar el malestar social por los pactos con los independentistas. A la espera de que los letrados del Congreso determinen si el margen para negociar un nuevo acuerdo en la comisión es de 15 días o un mes, la siguiente votación podría coincidir en la recta final de la campaña de los comicios gallegos del 18 de febrero.

Durante la última semana de campaña no hay convocados plenos, pero sí se pueden celebrar sesiones en las comisiones. En la dirección socialista aseguran que este debate no influirá en el resultado de las urnas porque “está muy descontado”, pero a buen seguro encajará en la estrategia de los populares para incluir en la agenda asuntos nacionales como la amnistía.