Sánchez y Feijóo constatan su enfrentamiento total a la espera de una reunión este mes

La tensión sobrevoló el Día de la Constitución en el Congreso en el momento más delicado entre los dos grandes partidos. No hubo saludo. Ni siquiera un amago. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se reunirán antes de que acabe el año, pero aún no lo han hablado entre ellos. El líder del PP se enteró de que el presidente del Gobierno le llamará para verse a lo largo de diciembre en los tradicionales corrillos del 6 de diciembre, después del acto institucional, en una esquina del pasillo del hemiciclo. Sánchez conversaba con la prensa de forma simultánea en el Salón de pasos perdidos, a bastante distancia. El acercamiento no estaba en el guión y ninguna de las partes tuvo interés en cambiarlo.

En este momento la desconfianza entre los dos líderes ha llegado a cotas máximas. El enfrentamiento desgarrado del último ciclo electoral, la imposibilidad de Feijóo de llegar a la Moncloa tras ganar las elecciones y los pactos de Sánchez con los independentistas con la ley de amnistía como colofón han convertido la relación PP-PSOE en algo irreconciliable. 

La reunión, que tendría que celebrarse en las próximas tres semanas, tiene como plato fuerte la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El optimismo de Pedro Sánchez en llegar a un acuerdo se limita a las presiones de Bruselas, con el comisario de Justicia, Didier Reynders, urgiendo al desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces. “Un callejón sin salida”, resumen fuentes de Moncloa sobre la llamada de atención de la UE a los populares. 

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En el PP no son ajenos a esa realidad, precisamente en un momento en el que están pidiendo ayuda a Europa cada día para poner palos en las ruedas a la ley de amnistía. Algunos dirigentes populares reconocían que tienen muy difícil mantener ese nivel de exigencia a sus aliados comunitarios, entre ellos Reynders, si no avanzan en la renovación que el comisario sitúa como la verdadera prioridad. En todo caso, en el entorno de Feijóo sí muestran una mayor confianza: “El comisario sabe lo que hay y nosotros sabemos lo que él piensa”, resumen.

Sánchez no vaciló en el Congreso este 6 de diciembre y habló abiertamente de “obligarlos a negociar, sin condiciones”, en conversación informal con los periodistas. Otros miembros del Gobierno rebajan las expectativas al vaticinar que el dirigente conservador no accederá a un acuerdo. “Solo quieren cambiar la ley sin renovar”, desconfían fuentes socialistas para añadir que “no hay esperanza porque no se ven gestos”.

En el lado popular, donde han experimentado un giro claro en su postura tras las recientes presiones de Reynders, insisten: se abrirían a renovar el órgano de gobierno de los jueces con el actual sistema si de forma paralela se aprueba una ley para futuras ocasiones en la que los doce jueces (de 20) sean elegidos por los propios jueces.

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Financiación autonómica

Si para algo sirvió el Día de la Constitución fue para constatar que la tensión entre los dos principales partidos es máxima cuando la legislatura acaba de empezar. “Corren una maratón como si fuera una carrera de 100 metros”, resumía Sánchez en referencia a que tanto PP como Vox estarían tratando de crear un ambiente político y social “de un dramatismo que no existe en la calle”. 

Por contra, echaba mano de los datos de creación de empleo, inversión extranjera o crecimiento económico. “¿Van a estar cuatro años así?”, se preguntaba para insistir en que, al menos por su parte, se tenderá la mano para llegar a pactos de Estado. No solo en lo concerniente a la renovación del CGPJ, sino también para reformar el sistema de financiación autonómica, el otro melón que el presidente aspira abrir con el líder de la oposición.

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En el PP, en realidad, se mostraron muy escépticos al respecto. Entienden que lo que debería hacer el Gobierno y más concretamente, la ministra de Hacienda, es convocar a las CCAA “y dejar de enredar”. Las comunidades gobernadas por el PP (la mayoría) son conscientes de los enfrentamientos que desde el Ejecutivo se están pretendiendo provocar con asuntos muy sensibles como la condonación de la deuda. Y también saben que cada territorio tiene sus particularidades y que la dificultad estará en hacer una oposición cohesionada mientras cada presidente mira por sus ciudadanos. “Todos queremos hablar de financiación. Y podemos llegar a puntos comunes. Pero esto no va de Sánchez y Feijóo”, insistían distintos presidentes autonómicos en el Congreso.

Acusaciones mutuas

A la espera de que se produzca el encuentro, la escena que dejó el aniversario de la Constitución también fue la de la creciente polarización con los socialistas y los populares acusándose mutuamente de incumplirla. Antes del inicio del acto, Sánchez tendía la mano a Feijóo, pero al mismo tiempo lo acusaba de situarse fuera de la Carta Magna. 

“Es muy relevante decirle al principal partido de la oposición, que es quien incumple, el refrán de que antes de la devoción está la obligación. Su obligación es renovar el CGPJ, para que esté absolutamente legitimado. Conmino al PP a que cumpla con su mandato constitucional”, subrayó en declaraciones a los medios de comunicación. El jefe del Ejecutivo arremetió también contra la apropiación de la Constitución porque “no pertenece a ningún partido”. “Es de todos”, insistió, con independencia de las ideologías o creencias. Feijóo contraatacaba asegurando que España está “ante una peligrosísima pendiente”, afirmando que la amnistía pactada entre PSOE y los independentistas “es una derogación tácita” de la Carta Magna.

Precisamente, el tercer asunto que estará encima de la mesa en el encuentro de este mes pasa por una reforma quirúrgica de la Constitución: modificar el artículo 49 para que por fin desaparezca el término "disminuido" al referirse a las personas con discapacidad. PP y PSOE estuvieron muy cerca de pactar este asunto en la pasada legislatura pero, al final, fue imposible sacarlo adelante.

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Plan alternativo

De la falta de expectativas sobre el encuentro da cuenta el hecho de que Sánchez tiene un plan alternativo si persiste el bloqueo del CGPJ. Según reconoció en su conversación informal con la prensa, “está sobre la mesa” la propuesta planteada por el propio presidente del CGPJ, Vicente Guilarte. Esto es, quitar competencias al órgano constitucional. Principalmente, su potestad para realizar nombramientos en la cúpula judicial. Sin ella, Guilarte entiende que se forzaría la renovación.

Sánchez justificó en esta línea que el CGPJ “cuenta con unos poderes que no tienen otros órganos”. Pese a contemplar opciones para restar incentivos a que el PP “tenga secuestrado” el poder judicial, el jefe del Ejecutivo quiso insistir en que la prioridad pasa por acordar la renovación. “No digo que [la retirada de competencias] sea la solución”, aclaró, pero sí una vía a estudiar ante la nada desdeñable posibilidad de que no se produzcan avances en la cita que se celebrará en el Palacio de la Moncloa.