ESTE MES DE DICIEMBRE

Sánchez y Feijóo se reunirán para abordar la renovación del CGPJ y el sistema de financiación

Ante la disyuntiva de que los populares mantengan el bloqueo, el jefe del Ejecutivo se plantea quitar competencias al órgano para los nombramientos en la cúpula judicial

El Gobierno convocará el próximo lunes el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante el 45 aniversario de la Constitución.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante el 45 aniversario de la Constitución. / EFE

Pedro Sánchez quiere reunirse con Alberto Núñez Feijóo en Moncloa “antes de que termine el año” para explorar pactos de Estado entre los dos principales partidos. Así lo ha explicado el presidente del Gobierno en conversación informal con los periodistas durante los actos en el Congreso del 45 aniversario de la Constitución. El líder del PP, por su parte, confirmó a los periodistas en el tradicional corrillo que si recibe la llamada del presidente “acudirá” como ha hecho siempre, confirmando que habrá encuentro.

Sobre la mesa, el jefe del Ejecutivo planteará la búsqueda de acuerdos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reformar el artículo 49 de la Constitución y plantear las bases para pactar el nuevo sistema de financiación autonómica. “Podemos avanzar y llegar a acuerdos”, ha asegurado Sánchez pese al enfrentamiento por el bloqueo del CGPJ y las desconfianzas mutuas.

Sobre el órgano de gobierno de los jueces, que Bruselas también ha urgido a renovar cuando se cumplen cinco años con el mandato caducado, Sánchez se cierra a realizar una reforma paralela sobre el sistema de elección, como pide el PP. “Hay que dejarse excusas y pasar a los hechos”, ha reclamado tras recordar que los populares ya intentaron reformar la ley del poder judicial sin lograr las mayorías suficientes para ello. Para el jefe del Ejecutivo no hay alternativa a la no renovación, calificando el bloque de “irresponsable y absurdo”.

Feijóo, por su parte, se ha mostrado escéptico sobre la posibilidad de avances en la mencionada reunión de este mes, coincidiendo con el arranque de la legislatura. El líder popular insistió en que su postura sobre el CGPJ “es clarísima” y dejó entrever que, a pesar de la insistencia del comisario de Justicia Didier Reynders en que “lo urgente” es la renovación, él “conoce” la posición del comisario europeo, y el mandato comunitario es avanzar hacia un nuevo sistema de elección de los vocales. El PP se abre ahora a renovar con el modelo actual siempre y cuando se apruebe en paralelo la nueva ley.

Para Sánchez, su prioridad pasa por “obligar” al PP a negociar y hacerlo “sin condiciones”, en referencia a su exigencia de que se reforme de forma paralela la ley para que en el futuro sean los jueces quienes elijan directamente a los vocales. “No es aceptable que el PP trate de imponer su posición cuando no tienen mayoría”, ha afeado Sánchez.

Alternativas al bloqueo

Ante la disyuntiva de que los populares mantengan el bloqueo, el jefe del Ejecutivo reconoce que “habrá que ver opciones”. Una vez más, ha descartado rebajar las mayorías parlamentarias para sortear al PP en el Congreso, pero sí ha reconocido que “está sobre la mesa” la propuesta planteada por el propio presidente del CGPJ, Vicente Guilarte. Esto es, quitar competencias al órgano constitucional. Principalmente, su potestad para realizar nombramientos en la cúpula judicial. Sin ella, Guilarte entiende que se forzaría la renovación.

Sánchez ha justificado en esta línea que el CGPJ “cuenta con unos poderes que no tienen otros órganos”. Pese a tener este plan alternativo para restar incentivos a que el PP “tenga secuestrado” el poder judicial, Sánchez ha insistido en que la prioridad pasa por acordar la renovación. “No digo que sea la solución” la retirada de competencias, ha aclarado, pero sí una vía a estudiar si no se producen avances. Otros ministros socialistas se han mostrado pesimistas sobre la posibilidad de un acuerdo con los populares.

Para los socialistas sería “óptimo” retomar la negociación en el punto donde se quedó cuando, en octubre de 2022, el PP rompió el acuerdo que estaba prácticamente hecho por la intención del Gobierno de reformar los delitos de sedición y malversación. “Yo he llegado a tres acuerdos con el PP que fueron rotos unilateralmente por el PP”, ha relatado Sánchez para concluir que “no voy a aceptar que se pongan condiciones” y argumentar que “no hay razón política más allá del espurio argumento de controlar el poder judicial”.

La reforma pendiente del sistema de financiación autonómica es la otra cuestión prioritaria que se quiere abordar en el arranque de la legislatura. El Gobierno no la llevará a cabo si no es mediante un acuerdo con los barones populares, que por el momento tampoco comparten una visión unitaria. En este sentido, en el entorno de Feijóo creen que “lo que toca” es que la ministra de Hacienda llame a los representantes autonómicos para tratarlo. Fuentes del Ejecutivo han confirmado que se convocará el próximo lunes el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. 

Reforma de la Constitución

La reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar las referencias al término disminuido será otra de las cuestiones que se abordarán en la reunión entre Sánchez y Feijóo. “Hay un consenso amplio” para ello, ha argumentado el jefe del Ejecutivo. Sobre este asunto ya hubo conversaciones y los populares consideran que podría ser un acuerdo de Estado. Su desconfianza, inciden, pasa por los “flecos” que no pudieron resolverse la pasada legislatura.

En el último Consejo de Ministros se aprobó una declaración institucional, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para adecuar el artículo 49 de la Constitución “a la terminología y al marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. La propuesta de reforma busca también “reconocer que las personas con discapacidad son titulares de derechos y deberes en condiciones de libertad e igualdad, sin que pueda producirse discriminación”, recoger “la obligación de los poderes públicos de promover su libertad e igualdad real y efectivas, así como y de realizar las políticas necesarias para garantizar su plena autonomía personal e inclusión social” y, finalmente, incorporar una mención “a las mujeres y niñas con discapacidad, para acelerar su igualdad y combatir su discriminación interseccional”.