ACUERDO DE PLENO

El CGPJ reacciona ante el colapso del Supremo y exige a las Cortes poder hacer nombramientos

El Pleno del órgano discute este jueves una propuesta que llama la atención a las Cortes por lo "ineficaz" de la reforma que limita sus funciones, cuando se cumplen casi dos años de su aprobación

Rafael Mozo, sustituto de Carlos Lesmes.

Rafael Mozo, sustituto de Carlos Lesmes.

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El PSOE y Unidas Podemos instaron a comienzos de 2021 una reforma legal que limitó la capacidad de realizar nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cumplirse dos años de la caducidad de los mandatos de los vocales, y que en realidad estaba dirigida a presionar al PP para pactar la renovación. Se entendió que si se imposibilitaba a éste órgano -- que mantenía una mayoría conservadora-- realizar designaciones en la cúpula judicial, quizá a los populares ya no les interesaría mantener el bloqueo.

Dos años después de esta reforma, el citado bloqueo persiste y parece más enconado que nunca, y por ello desde el órgano de gobierno de los jueces se considera que la reforma ha sido ineficaz y debe ser rectificada. La situación creada es insostenible, especialmente en el Tribunal Supremo, y amenaza con colapsar su labor al acumularse ya un total de 19 plazas sin cubrir en este órgano, lo que supone casi un cuarto de su plantilla.

Por ello, y tras recibir la semana pasada un informe de impacto elaborado por la Sala de Gobierno del alto tribunal, el Pleno del Consejo de este jueves lleva una propuesta redactada por los vocales Álvaro Cuesta y Juan Manuel Fernández -representantes de los sectores progresista y conservador del órgano, respectivamente- para pedir formalmente a las Cortes la modificación "urgente" del artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que fue reformado en marzo de 2021, de manera que puedan volver a realizar nombramientos tanto en el Supremo como en los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales, donde ya se superan las 70 vacantes.

El borrador del acuerdo, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, recibirá previsiblemente el aval de la mayoría de los vocales del Pleno que se celebra este jueves, al llegar a propuesta de dos miembros que representan las dos sensibilidades, aunque podría sufrir alguna modificación puntual sobre el borrador inicial, señalan las fuentes del Consejo consultadas.

Los vocales comparan la situación en el Tribunal Supremo con lo ocurrido recientemente en relación con el Constitucional (TC), que fue renovado gracias a una segunda reforma aprobada por el Congreso en julio del año pasado que exceptuó al Consejo de la prohibición de realizar nombramientos que había sido decretada inicialmente.

A este respecto, el borrador del acuerdo señala que el alto tribunal es el "órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales" lo que le hace acreedor de recibir el mismo trato que obtuvo el Constitucional de modo que sean removidos los obstáculos que impiden su normal funcionamiento, "desbloqueando la imposibilidad de cubrir las vacantes que en el mismo se vienen produciendo".

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA CONSTITUCIÓN

Por otro lado, el texto llama la atención sobre la persistencia del bloqueo para su renovación, que corresponde llevar a cabo precisamente tanto al Congreso como al Senado. "Ningún poder del Estado puede ignorar dichas disposiciones, ni seguir permitiendo la suspensión temporal de nuestra constitución en relación a la obligada renovación de los órganos constitucionales", afirma el escrito, que se someterá a discusión.

De este modo, el Consejo tomará conocimiento del informe elaborado por el Supremo, en el que se pide insistir ante la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; y el del Senado, Ander Gil, ante lo que el propio tribunal considera una "situación insostenible" que necesita de "imprescindible remedio de este estado de cosas" a fin de impedir que empeore.

También tendrá sobre la mesa un segundo documento, elaborado por los servicios técnicos del propio Consejo concerniente a las plazas vacantes y en situación de prórroga, que se hallan pendientes de provisión en los tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y Audiencia Nacional, que igualmente prevé remitir a las Cortes.

Por el momento, desde la política únicamente se proponen parches, como es el contenido de la Proposición de Ley presentada por la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, dirigida a que los magistrados del Tribunal Supremo puedan alargar cuatro años más su edad de jubilación, hasta los 74 años.

TRIBUNAL MILITAR

Las consecuencias de la reforma penal ya fueron calificadas "devastadoras" a principios del pasado septiembre, cuando el presidente dimitido del órgano Carlos Lesmes pronunció su último discurso con ocasión de apertura del año judicial. A la situación en la jurisdicción civil se une lo que pasa en el Tribunal Militar Central, que dejó de funcionar el pasado 21 de diciembre tras pasar a la reserva el auditor presidente interino, el general Francisco Luis Pascual Sarría.

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Se trataba del último miembro procedente del Cuerpo Jurídico Militar que quedaba en este órgano, y no han podido efectuarse nuevos nombramientos para suplirle ni a él ni a los cuatro vocales togados que integraban este órgano colegiado después de que se jubilaran. Hasta el momento, el presidente aguantaba siendo ponente de todas las sentencias, que deliberaba con otros mandos que suplían las funciones de los vocales de forma provisional, pero dicha situación dejó de estar vigente al pasar este mando a la reserva.

El bloqueo genera además una falta de consenso entre los propios miembros del CGPJ que tienen que poner los medios para solucionar la situación en el tribunal militar. Los vocales Clara Martínez de Careaga y José María Macías -pertenecientes la primera al sector progresista y la segunda al conservador del Consejo-, no han podido llegar a un acuerdo para elevar una propuesta conjunta de soluciones. La discrepancia ha llegado a tal punto que cada uno ha elevado su propio informe a la Comisión Permanente del Consejo, y la de Macías, que aún no se ha valorado por la Comisión Permanente, llega a proponer orillar en este caso la reforma que impide realizar nombramientos.