CRISIS INSTITUCIONAL

Las consecuencias del bloqueo: deja de funcionar el Tribunal Militar Central y el Supremo suma el próximo martes 18 vacantes

El máximo órgano de la jurisdicción militar pierde este miércoles a su último miembro y busca soluciones transitorias junto al CGPJ para evitar que la paralización afecte a la tutela judicial de miembros del Ejército

La jubilación el próximo día 27 del magistrado Octavio Herrero acrecienta la situación "insostenible" en el alto tribunal, que acumula 18 bajas en espera de soluciones por parte del Consejo

Soldados españoles participan este martes en un ejercicio militar junto a otros destacamentos de países de la OTAN en Lielvarde (Letonia).

Soldados españoles participan este martes en un ejercicio militar junto a otros destacamentos de países de la OTAN en Lielvarde (Letonia). / EFE/ Toms Kalnins

Cristina Gallardo

Mientras se suceden las declaraciones políticas tras la inédita decisión adoptada el lunes por el Tribunal Constitucional (TC), que paralizó la reforma para acelerar la renovación pendiente de cuatro de sus magistrados, continúa la situación de interinidad de otro órgano constitucional, el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sigue teniendo prohibido realizar nombramientos en la cúpula judicial a raíz de la reforma instada por el Gobierno en marzo de 2021. 

Las consecuencias, que ya fueron calificadas de "devastadoras" a principios del pasado septiembre, cuando el presidente dimitido del órgano Carlos Lesmes pronunció su último discurso con ocasión de apertura del año judicial, son inevitables. Este martes, y tal y como vaticinó en dicha intervención, el Tribunal Militar Central deja de funcionar, al pasar a la reserva el auditor presidente interino, el general Francisco Luis Pascual Sarría, han confirmado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en fuentes jurídicas.

Se trataba del último miembro procedente del Cuerpo Jurídico Militar que quedaba en este órgano, y no han podido efectuarse nuevos nombramientos para suplirle ni a él ni a los cuatro vocales togados que integraban este órgano colegiado después de que se jubilaran. Hasta el momento, el presidente aguantaba siendo ponente de todas las sentencias, que deliberaba con otros mandos que suplían las funciones de los vocales de forma provisional, pero dicha situación ya no podrá producirse más al pasar a la reserva este 21 de diciembre.

La falta de consenso entre el PSOE y el PP para renovar a quienes deben realizar estos nombramientos, que son los miembros de un Consejo cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, amenaza con perpetuar la situación en el tribunal militar hasta después de las próximas elecciones generales de 2023. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que dará nuevos pasos para acabar con el lo que califica de "indecente bloqueo del Poder Judicial". "La democracia exige respeto a la ley y a la voluntad popular", ha defendido en una declaración institucional leída este martes en la Moncloa, en lo que se interpretó como un anuncio de nuevas reformas legales dirigidas a acabar con la actual situación.

MILITARES PRESOS PENDIENTES

Mientras tanto, fuentes jurídico militares señalan a este diario que el Tribunal Militar Central deja de operar hoy mismo, lo que conlleva, en principio, la privación de la tutela judicial de militares que han sido sancionados y esperan la resolución de sus recursos, actualmente tres de ellos en prisión. Por el momento, el secretario relator (equivalente al letrado de la administración de justicia en un órgano civil) seguirá tramitando los asuntos hasta donde llegue, pero no puede resolver los asuntos pendientes.

Por esta razón, desde la jurisdicción militar se busca, junto con el Consejo del Poder Judicial y el Ministerio de Defensa, algún sistema de sustituciones que permita solventar la situación de forma provisional, aunque reconocen que no serán más que parches. Se trata de un órgano con jurisdicción en todo el territorio nacional que ve delitos cometidos por mandos medios -entre comandante o capitán de corberta y general de división-, así como determinados recursos en materia disciplinaria militar. 

El bloqueo genera además una falta de consenso entre los propios miembros del CGPJ que tienen que poner los medios para solucionar la situación en el tribunal militar. Según informó la Cadena Ser, los vocales Clara Martínez de Careaga y José María Macías -pertenecientes la primera al sector progresista y la segunda al conservador del Consejo-, no han podido llegar a un acuerdo para elevar una propuesta conjunta de soluciones. La discrepancia ha llegado a tal punto que cada uno ha elevado su propio informe a la Comisión Permanente del Consejo, y la de Macías llega a proponer orillar en este caso la reforma que impide realizar nombramientos. 

VACANTES EN EL SUPREMO Y LOS TRIBUNALES SUPERIORES

Además, sigue vigente la grave incidencia en el Tribunal Supremo -con vacantes que no se pueden sustituir- y los Tribunales Superiores de Justicia, donde los mandatos se están teniendo que prorrogar y se contabilizan 31 vacantes-. Las plazas desiertas suman un total de 70 desde que la reforma del Poder Judicial entró en vigor si sumamos las 20 que se contabilizan en audiencias provinciales y la que está pendiente de cubrir en la Audiencia Nacional.

En el Supremo alcanzará el próximo 27 de diciembre, con la jubilación del magistrado de lo Contencioso-Administrativo Octavio Juan Herrero un total de 18 vacantes, lo que supone un 14 por ciento de sus efectivos. La situación es especialmente preocupante en esta Sala Tercera, que debe tener 33 magistrados y ahora suma 9 vacantes. La situación empeorará su situación en los próximos meses, con la jubilación en marzo de 2023 de Inés Huerta.

Se trata de la Sala que tiene pendiente de resolver los recursos de PP, Cs y Vox contra los indultos concedidos por el Gobierno a los condenados por el 'procés'; y el recurso formulado por el secretario del CGPJ, José Luis de Benito, contra el nombramiento de Rafael Mozo como presidente interino del Consejo.

También es precaria la situación de la Sala de lo Social, que debería tener 13 magistrados y acumula cinco vacantes, entre ellas la de la que fuera su presidenta , María Luisa Segoviano, que se jubiló el pasado 20 de octubre. El 18 de julio, si la situación no se subsana, abandonará el órgano la presidenta suplente, Rosa María Virolés. 

En la Sala de lo Militar, los 8 magistrados que la integran habitualmente quedan 6, a los que el 7 de septiembre se sumará Fernando Pignatelli. En la Sala Civil solo hay una vacante y la única que a día de hoy está completa es la de lo Penal, aunque sufrirá su primera baja el próximo 13 de abril por la jubilación de Miguel Colmenero. A principios del pasado mes de noviembre el órgano de gobierno de los jueces encargó al Gabinete Técnico del Supremo un informe sobre el "impacto" que las vacantes causan en"cada una de las salas" del Alto Tribunal" que aún se está esperando.