CRISIS INSTITUCIONAL

La voladura del pacto acrecienta la descomposición del Poder Judicial y el colapso en el Supremo

  • El alto tribunal tiene ya vacantes un cuarta parte de las plazas de magistrado y las designaciones pendientes llegan a 53 en los TSJ y Audiencias Provinciales

  • Mozo, nombrado presidente suplente del CGPJ con una polémica decisión recurrida ante el Supremo, estudia un plan alternativo para contrarrestar las bajas si el desacuerdo se prolonga

Rafael Mozo, sustituto de Carlos Lesmes.

Rafael Mozo, sustituto de Carlos Lesmes.

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La suspensión de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuando el pacto político estaba a punto de firmarse, ha supuesto un jarro de agua fría para los vocales que están cerca de cumplir cuatro años en funciones y que deben seguir cumpliendo con la prohibición impuesta para realizar nombramientos en puestos de vital importancia. En el Consejo se acrecienta la sensación de "descomposición" de la institución, presidida de forma interina por el vocal de mayor edad, Rafael Mozo - una polémica designación que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo- tras la dimisión del presidente Carlos Lesmes.

La situación es especialmente preocupante en el alto tribunal, que tiene ya vacantes un total de 17 plazas de magistrado (serán 18 en diciembre), lo que supone casi una cuarta parte del total de 79 que deben conformar este órgano. El Supremo doctrina y dirime en última instancia asuntos de vital interés para los ciudadanos como los relativos a despidos, divorcios, litigios con las administraciones, aplicación de impuestos etc.

En la Sala de lo Civil, que debe contar con diez puestos de magistrados, tan solo está libre la plaza de Antonio Salas, que se jubiló hace ya dos años, y en la de Penal estarán cubiertos hasta el próximo mes de abril los 15 puestos que la conforman, pero la situación es crítica en la de lo Contencioso-Administrativo. Debería contar con 33 magistrados en sus diferentes secciones y suma ya diez vacantes -ocho por jubilación, dos por fallecimiento y una por designación de uno de sus magistrados a otro puesto-, a las que se sumará en diciembre la jubilación de Octavio Herrero. Se trata de la Sala que tiene pendiente resolver sobre los recursos presentados contra los indultos a los líderes del 'procés'.

En la Sala de lo Social, que debe dirimir asuntos complejos y novedosos, como los derivados de la incidencia del covid en el mercado laboral, la situación es aún peor. De los trece magistrados que debían integrarla ya hay cinco vacantes, entre ellas, desde hace solo unos días, la de la Presidencia ejercida por María Luisa Segoviano, que fue la primera mujer en alcanzar este puesto y se acaba de jubilar. Se suman otras dos jubilaciones, un fallecimiento y una baja más tras la designación de Lourdes Arastey al Tribunal de Justicia de la UE. En la Sala de lo Militar, integrada por ocho magistrados, hay dos vacantes.

TRIBUNAL MILITAR INACTIVO EN DICIEMBRE

Según los datos recabados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la reforma propiciada por el Gobierno que impide al CGPJ realizar nombramientos implica a un total de 70 plazas, puesto que además de en el Supremo no se pueden designar determinados magistrados en tribunales superiores de justicia ni audiencias Provinciales. En su último discurso a frente del Poder Judicial, Lesmes ya avisó de que se están dictando anualmente 1.000 sentencias menos y de que el próximo 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar por falta de todos sus miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar, ya que las vacantes no han podido ser repuestas.

Frente a esta situación, y según informa Europa Press, el propio Consejo estudia rescatar un plan ideado en tiempos del expresidente para aliviar una situación que la propia Sala de Gobierno del Supremo ha calificado de "insostenible. Se trataría, en todo caso, de "parches", como el envío de efectivos al mediante planes de refuerzo, comisiones de servicios temporales o sustitución externa por catedráticos y altos funcionarios.

Estas soluciones plantean dudas y aún no se han aplicado, pues algunos miembros del Consejo consideran que no hay base legal que permita utilizarlas para cubrir vacantes de magistrados. Deberían contar además con el visto bueno del Ministerio de Justicia, por ser quien debe autorizar la dotación económica para ello.

SITUACIÓN INÉDITA EN EL CGPJ

Si esto ocurre en los tribunales, en el órgano de gobierno de los jueces, la sensación es de desánimo, hastío y "descomposición". De hecho, desde asociaciones como la Unión Progresista de Fiscales se llama a los vocales a dimitir en bloque "en un ejercicio de coherencia, dignidad y responsabilidad". Por el momento, es una vía que los aún miembros del CGPJ descartan.

Los vocales son ahora 18 (incluido su presidente) tras la jubilación el pasado marzo de Rafael Fernández Valverde y el fallecimiento en junio de Victoria Cinto. Ninguno ha sido remplazado porque el Congreso de los Diputados concluyó, basándose en un informe de los letrados de la cámara, que no se trataba de casos de cese anticipado, por lo que no cabían las sustituciones previstas en la ley.

Además, la presidencia de Mozo ha sido recurrida ante el Supremo por uno de los vocales , Wenceslao Olea, y por el secretario general del órgano José Luis de Benito, que consideran que se incumplió la legalidad cuando se optó por el vocal de más edad, evitando la sustitución automática de Lesmes por el vicepresidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, que era lo que señalaba un informe técnico encargado a tal efecto por el propio expresidente dimitido.

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Por el momento, el alto tribunal ha emplazado a los 16 vocales que votaron a Rafael Mozo como presidente interino a comparecer como codemandados en estos recursos. Se trata de un trámite legal, pero algunos se temen que este llamamiento pueda esconder una maniobra procesal para anclar la cuestión de la legitimación, ya que no está claro que Olea y De Benito puedan impugnar el acuerdo adoptado el pasado 13 de octubre por el Pleno del CGPJ para encumbrar a Mozo.

Uno de esos 16 vocales, José María Macías, ha contestado ya para aclarar que no comparecerá como parte codemandada, y lo más probable es que el resto de vocales respondan del mismo modo o ni contesten al requerimiento. Todo ello, en todo caso, redunda en el mal ambiente que se respira en el órgano de gobierno de los jueces más longevo de la democracia.