Aventuras y desventuras de unos funcionarios muy serios llamados "letrados del Congreso"

Imagine usted que es diputado/a y que un jueves como el último, 23 de junio de 2022, tiene que votar dos proyectos de ley, dos tomas en consideración de otras dos propuestas, dos proposiciones no de ley y tres mociones. Si ya lleva tiempo en el Congreso, sabrá que eso es poco en comparación con otros jueves y dirá para sus adentros: "Hoy estaremos una hora votando; bien". ¿Una hora votando y está contento? Eso es raro. Pero tenga en cuenta que ha habido votaciones que han durado dos o más. Ah, ya no es tan raro.

La pregunta es lógica (siga imaginando que es diputado). ¿Cómo es posible que esté dando a uno de los tres botones de su escaño (verde: sí; rojo: no; amarillo: abstención) durante tanto tiempo? La respuesta no es complicada. Resulta que los grupos parlamentarios han dejado vivas la mayoría de sus enmiendas legislativas y han pedido voto separado de los puntos de sus mociones. Es posible que usted, señoría, tenga que pulsar 80 veces o más uno de los tres botones. 80 o más.

La votación se vuelve un tostón y es normal, pero no es un lío porque el orden de todas esas veces que debe pulsar al botón está negro sobre blanco en unos papelitos que confeccionan diligente y discretamente unos señores y señoras sin los cuales sería imposible el quehacer diario del Congreso: los letrados.

En el foco sin querer

En la rutina parlamentaria son habituales, quizá demasiado, expresiones como “eso lo tienen que ver los letrados” o “ a ver qué dicen los letrados”. 

Son tan numerosas estas muestras de confianza, o de recelo, que de todo hay, que no hacen falta largos viajes en el tiempo para encontrar un problema o asunto sobrevenido que exija la participación de estos funcionarios, digamos, de elite. Ser letrado no es sencillo. Basta con tener la licenciatura en Derecho, sí, pero preparar las oposiciones es duro y aprobarlas, aún más. 

Cuatro situaciones en las que la alusión “eso lo tienen que ver los letrados” cobra enorme protagonismo (una tiene que suceder; las otras tres han sucedido):

Jorge Fernández Díaz. El exministro de Interior es uno de esos nombres que entran y salen de la actualidad por culpa de una trama de espionaje financiada con fondos públicos llamada “Kitchen” y por culpa de la denominada “Operación Cataluña”. El diario El País publicó esta semana unos audios de una conversación con el excomisario José Manuel Villarejo en la que abordaban esta última. En 2017, el exdiputado del PP afirmó en la comisión de investigación sobre sus supuestas implicaciones en todas esas redes parapoliciales que no había despachado jamás con Villarejo.

Los grupos independentistas, por un lado, y Unidas Podemos, por otro, han pedido a la Mesa que estudie si hay que llevar el caso a la Fiscalía para que inicie el proceso establecido en el Código Penal, en donde se castiga haber dado falso testimonio en las comisiones parlamentarias. Puede ser pena de cárcel, no más de un año, o una sanción. 

La Mesa, que es el órgano de gobierno de la Cámara Baja, puede que analice los escritos y las peticiones el martes que viene, que es cuando vuelve a reunirse. Como es preceptivo, los asuntos del orden del día que requieran pronunciamiento de sus nueve miembros necesitan el criterio previo del cuerpo de letrados. Que nadie espere un veredicto político; eso no les compete. Determinarán si lo que plantea el escrito de los grupos demandantes encaja en el acervo jurídico, y por tanto, si la propia Mesa es competente para dirigirse a la Fiscalía. Hacerlo dependerá ya de los diputados/as que la forman (tres del PSOE, tres de Unidas Podemos, dos del PP y uno de Vox).

La inviolabilidad del rey emérito. Hace un par de semanas, el PNV registró una proposición de ley destinada a limitar la inviolabilidad del rey emérito mediante una modificación de la ley del poder judicial. Todas las propuestas de este cariz deben llevar el “ok” de los letrados, o en otras palabras: el visto bueno sobre su idoneidad y coherencia constitucional y jurídica. Mediante un escueto párrafo, como siempre ante asuntos así que tiene que abordar la Mesa, abogaron por rechazar cualquier trámite al respecto, ya que la solicitud del PNV implica una reforma constitucional y el instrumento que había escogido para acotar la inviolabilidad no.

El voto telemático de Alberto Casero. Los letrados nuevamente acapararon el foco sin querer tras pedir la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, un informe para acreditar, o desmentir, que el diputado del PP se equivocó al votar telemáticamente la convalidación del decreto de la reforma laboral. La presión política fuera resultó imparable y ruidosa. Ocho días después del hecho, pasaron a la Mesa un informe tajante: de error informático, nada. El texto fue amplio y farragoso, lleno de antecedentes de votos equivocados, pero la conclusión, escueta.

El escaño perdido de Alberto Rodríguez. Aquí la polémica se desató porque hubo dos informes contrarios. Uno primero, sin firma, hecho por los letrados, defendió que el exdiputado de Unidas Podemos siguiera en el escaño. Batet no lo tenía tan claro. Un segundo informe del secretario general del Congreso, el jefe de los letrados y de todos los funcionarios de la Cámara, avaló que se le apartara. La bronca política acompañó el proceso sin descanso.

Trabajar con presión

Hay 34 letrados en el Congreso. Los últimos entraron mediante oposiciones públicas este año, y sólo fueron dos porque dos fueron las plazas que se convocaron. En octubre de 2020, 18 superaron la prueba. Del total, unos 5 ó 6 secundan al secretario general en la revisión de los asuntos de la Mesa. Los demás supervisan el trabajo de las comisiones. Allí donde se esté cocinando una ley, allí habrá un letrado. 

De los casos enumerados antes cabe inferir que el binomio políticos-letrados genera tensiones, en ocasiones mayúsculas. Algún diputado y alguna diputada, en diferentes conversaciones con este periodista, han comentado con extrañeza que apenas haya cambios en este cuerpo de enorme importancia. Porque ya no es sólo resolver que una propuesta legislativa puede ser ley antes de que lo sea, sino además despejar dudas.

A comienzos de la breve legislatura anterior, la XIII, por ejemplo, tuvieron que ayudar a los miembros de la Mesa a precisar qué normativa laboral afecta a los asesores que contratan los grupos parlamentarios. También tuvieron que posicionarse (jurídicamente) sobre las consecuencias de que diputados electos llamados Oriol Junqueras o Jordi Sànchez, elegidos en las generales de abril de 2019, fueran expulsados por tener sentencia condenatoria.

El primero no resultó un tema demasiado espinoso, era técnico ante todo, y por ello esquivó la contienda política. Pero el segundo marcó aquella breve legislatura de apenas unos meses, el estreno de Meritxell Batet en el cargo y durante varios días, la política nacional y su frenética actualidad.

Las votaciones

Comisión de Justicia. Jueves, 23 de junio. Los diputados deben aprobar el informe de la ponencia sobre la nueva ley concursal y decidir si incorporan enmiendas vivas (la que los grupos no han podido acordar con otros), las transaccionales (las acordadas) y las “in voce” (presentadas ante la Mesa en el último momento con la firma de la mayoría). A la izquierda del presidente de la Comisión, el socialista Felipe Sicilia, un tipo muy serio, poco dado a las sonrisas. Es quien había ordenado las votaciones, incluidas las novedades recientes, y es quien contó las manos levantadas de los votos a favor, los votos en contra y las abstenciones. El letrado. La votación duró una hora. 

Ese mismo tipo es el que, antes de la sesión, había redactado el informe de la ponencia. El mismo que estos días se encargará de dar forma al dictamen con las modificaciones últimas aprobadas, paso previo a la remisión al pleno. El mismo que si encuentra alguna incongruencia jurídica o choque con otra ley (o la propia Constitución), deberá advertirlo para que sus señorías, luego, lo subsanen.

Por ejemplo, a finales del año pasado, un letrado objetó en un informe sobre la ley de consumidores que se hubiera añadido una disposición sobre la regulación del trabajo temporal en la estiba. Quedaba afectado el principio de coherencia consagrado por jurisprudencia constitucional, a su juicio. Hace unas semanas, en la ley de acceso a información financiera para combatir el crimen organizado, la letrada exigió que constara en la exposición de motivos que mediante sendas disposiciones adicionales se cambiaba la ley de financiación autonómica y hasta el Código Penal. El título de la norma, en consecuencia, tuvo que adaptarse.

La amistad

Pareciera que los letrados/as son pejigueros y que se entrometen en los asuntos de los diputados. No es el caso, o no es la mayoría de los casos. La relación entre el presidente de una comisión y el letrado/a se puede hacer tan estrecha que hasta deviene en amistad. Cuenta el presidente de una comisión a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, bajo condición de anonimato para no delatar la identidad de “su” letrado (la discreción es la regla de oro de estos funcionarios), que a pesar de la diferencia de edad y de la distancia en el bagaje político-ideológico han creado gran sintonía. “Fue alumno de un tío mío, por ahí entró; desde entonces tenemos una magnífica relación”, relata antes de apostillar: “Compartimos pasión por Italia; él fue a estudiar en los 70 y yo he vivido un tiempo allí”.

La complicidad, por suerte, no pierde terreno frente al encono y la crispación, aunque no acapare titulares ni tuits. Este periodista pudo comprobar cómo en 2019, antes del adelanto electoral, los ponentes de la Comisión de Cultura fueron a celebrar la aprobación de una nueva ley a un bar próximo al Congreso. Junto a ellos, tomando una caña como uno más, el letrado.

El diputado Juantxo López de Uralde, presidente de la Comisión para la Transición Ecológica, cuando este medio le pide un hecho que ilustre el trabajo de la letrada, recuerda en seguida la gestión que hizo para que el representante de ERC, con repentinos síntomas covid y aislado en su despacho, pudiera participar en la votación del dictamen de la ley de cambio climático. “Si no hubiera sido por ella, la ley no habría salido”, sentencia. Así que, oh sorpresa, los letrados del Congreso son humanos...

... Y se cansan. Una funcionaria reconoce a este medio que son tiempos complicados. Unas 40 comisiones, un torbellino de leyes, miles de enmiendas que ensamblar, debates larguísimos, votaciones exasperantes…

Por tanto, si usted, lector o lectora, se imagina que es diputado, piense que su trabajo sería sencillamente imposible si no fuera por personas como esos cinco hombres y mujeres que en el flanco derecho de la Mesa, en el hemiciclo, toman nota de los resultados de todas las votaciones con suma paciencia y seguramente, también, con ganas de irse de vacaciones.