El Gobierno retrasa dos leyes que bajan la luz para no subir más carburantes y gas

Hace un año el Gobierno aprobó dos proyectos de ley que impulsan cambios de calado en los costes del sistema eléctrico con el objetivo de bajar el recibo de la luz de manera permanente. Uno contempla la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) para que el recibo de luz deje de cargar con todo el coste de la retribución a las renovables reguladas y trasladarlo en parte también a petroleras y gasistas. El otro implica un recorte a los ingresos de las grandes eléctricas por el CO2 no emitido por nucleares, hidroeléctrica, eólica y solar.

Tras meses guardados en un cajón, el Gobierno reactivó la tramitación parlamentaria de ambos proyectos y estaba previsto que la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso diera el visto bueno a las normas para remitirlas al Senado y conseguir una rápida aprobación con el objetivo de aplicar ambos planes cuanto antes. Pero la votación finalmente se retrasará al menos hasta septiembre para evitar que la aplicación de estas leyes diluya el impacto de las medidas del decreto anticrisis que el Gobierno aprobará este sábado.

Actualmente el coste de la retribución de las antiguas energías renovables reguladas, unos 7.000 millones anuales, se carga íntegramente en el recibo de la luz. El objetivo del Gobierno con la creación del Fondo Para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico es repartir ese coste también con petroleras y gasistas. Esto es, se rebajará la factura eléctrica sacando parte de esa carga millonaria, pero se acabará trasladando en parte también al precio de los combustibles y del recibo del gas.

El paquete de medidas anticrisis que se aprobará este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario incluirá la prolongación del descuento generalizado de 20 céntimos por litro de combustible para todos los conductores. El Gobierno ha decidido aplazar la puesta en marcha del nuevo fondo de renovables para no trasladar un recargo a los combustibles mientras que se sigue aplicando una rebaja a cargo del presupuesto público y para evitar una subida mayor de los carburantes a las puertas del verano y del aluvión de desplazamientos por las vacaciones.

Según las estimaciones del Gobierno, la puesta en marcha del FNSSE serviría para descargar este año al sistema eléctrico de unos costes de 663 millones de euros que se trasladarían a petroleras y gasistas, y éstas se lo repercutirían a sus clientes. Por su parte, el proyecto de ley para la minoración de los ingresos de las eléctricas por el CO2 no emitido por nucleares, hidroeléctricas y eólica iba supondrá un recorte de los ingresos de las compañías y una inyección para las cuentas del sistema eléctrico de 483 millones de euros. En total, unos 1.140 millones extra que dejarían de cargarse a la factura eléctrica, pero cuyo importe final se reducirá al aplazar la votación en el Congreso y reducirse el tiempo de vigencia de las medidas.

Rebelión de la gran industria

La decisión del Gobierno de impulsar hace unas semanas la tramitación parlamentaria del nuevo fondo de renovables había puesto en pie de guerra a la gran industria. Una decena de patronales de diferentes sectores industriales han alertado de que la puesta en marcha del FNSSE iba a suponer un golpe milmillonario para la industria y que la medida llega en “el peor momento”: en plena crisis energética y con los costes energéticos disparados.

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Las patronales Anfac y Sernauto (automoción), AOP (petroleras y refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales) y Unesid (siderurgia) se unieron para reclamar al Gobierno y a los partidos políticos de la oposición que paralizaran la tramitación de la norma, que había quedado hibernada por la crisis, para evitar que el reparto de los costes de las renovables en el gas y los combustibles acabara repercutiendo en las compañías industriales.

La gran industria aplaude que el coste de las renovables se saque parcialmente de la factura eléctrica, pero reclama que no se haga comprometiendo la competitividad industrial. Por eso, las asociaciones empresariales reclaman que las retribuciones de las renovables reguladas, con el que se asume el coste de la retribución garantizada por ley de estas instalaciones verdes, se traslade íntegramente a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de manera progresiva. Una medida que el Gobierno rechaza de plano, pero que ha sido respaldada con su propuesta de enmiendas a la ley por PP, JxCat y PdeCat.